Plataforma Nacional de Transparencia

Comunicados de Prensa

No. 194/2024

Ciudad de México, a 06 de junio de 2024

EL MINISTERIO PBLICO PUEDE DECRETAR EL NO EJERCICIO DE LA ACCIN PENAL SI CARECE DE ELEMENTOS PARA ELLO: PRIMERA SALA

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin resolvi que, en el sistema penal acusatorio, la facultad del ministerio pblico para decretar el no ejercicio de la accin penal, antes de la audiencia inicial ante el juez de control, no transgrede el artculo 21 de la Constitucin Poltica del pas, ya que no es una facultad unilateral de esa autoridad, sino que es parte de un sistema normativo que filtra la decisin por medio de una autoridad superior y, en su caso, puede ser sometida a los rganos jurisdiccionales para evitar un uso arbitrario del poder del Estado.

En el caso, una persona fue internada en dos ocasiones en un Centro de Reinsercin Social. La persona promovi un juicio de amparo indirecto en el que reclam los actos de tortura que sufri en ese lugar, y solicit que le fuera concedida la suspensin para que esos actos cesaran. Sin embargo, el Juez de Distrito neg dicha medida cautelar.

Inconforme, la persona interpuso un recurso de queja. El Tribunal Colegiado la declar parcialmente fundada y orden dar vista al ministerio pblico para que investigara la tortura alegada. Por ello, el ministerio pblico abri una carpeta de investigacin en contra de distintas personas, entre ellas, el entonces director del Centro de Reinsercin Social.

Posteriormente, a solicitud del ministerio pblico y con fundamento en el artculo 255 del Cdigo Nacional de Procedimientos Penales, se autoriz el no ejercicio de la accin penal por no encontrar datos sobre la probable participacin del servidor pblico aludido en el delito denunciado.

En desacuerdo, la persona present una demanda de amparo indirecto en la que reclam la inconstitucionalidad del artculo 255 citado, tras considerarlo contrario al numeral 21 constitucional, pues autoriza al ministerio pblico determinar el no ejercicio de la accin penal, cuando su obligacin es la de concluir la investigacin del delito. El Juez de Distrito neg la proteccin constitucional, decisin en contra de la que la persona solicitante de amparo interpuso un recurso de revisin.

Al resolver el asunto, la Sala reflexion que, de acuerdo con el artculo 21 de la Constitucin Poltica del pas, el ministerio pblico tiene la obligacin, por un lado, de investigar sobre la posible comisin de un delito y ejercer la accin penal ante la autoridad judicial y, por otro, la de determinar el no ejercicio de la accin penal cuando no cuenta con elementos para ello.

Al respecto, el alto tribunal deliber que la determinacin de no ejercicio de la accin penal no es una facultad arbitraria, sino que debe sustentarse en las circunstancias del caso y la evidencia disponible para fundar y motivar esa determinacin, la cual, debido a su relevancia y para evitar impunidad, debe contar con la autorizacin de la persona titular de la Fiscala, en su carcter de superior jerrquico del ministerio pblico.

Adems, esa determinacin no deja en estado de indefensin a la parte ofendida del delito, toda vez que cuenta con recursos judiciales (recurso innominado, apelacin y juicio de amparo) para controvertir y en su caso, lograr la revocacin del no ejercicio de la accin penal. Asimismo, evita que se transgredan o limiten sus derechos, con lo que sus prerrogativas estn suficientemente garantizadas en el proceso penal.

A partir de estas razones, la Primera Sala confirm la sentencia impugnada, neg el amparo solicitado y reserv jurisdiccin al Tribunal Colegiado para la resolucin de los aspectos de legalidad.

Amparo en revisin 802/2023. Ponente: Ministra Ana Margarita Ros Farjat. Resuelto en sesin de 5 de junio de 2024, por unanimidad de votos.

Documento con fines de divulgacin. La sentencia es la nica versin oficial.


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