Plataforma Nacional de Transparencia

Comunicados de Prensa

No. 171/2024

Ciudad de México, a 23 de mayo de 2024

LA PENA DE CINCUENTA A SETENTA AOS DE PRISIN ESTABLECIDA EN EL CDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA CASTIGAR EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO Y AGRAVADO POR EXISTENCIA DE RETRIBUCIN, ES INCONSTITUCIONAL: PRIMERA SALA

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin revis una sentencia de amparo directo que fue negado a una persona condenada por el delito de homicidio calificado y agravado por existencia de retribucin dada o prometida, previsto en el artculo 136, fraccin V del Cdigo Penal del Estado de Chihuahua, y sancionado en trminos del segundo prrafo del artculo 127 del mismo ordenamiento con una pena de entre 50 y 70 aos de prisin. En desacuerdo, el inculpado interpuso un recurso de revisin en el que aleg la inconstitucionalidad de la penalidad referida por ser desproporcional con la conducta ilcita.

En su fallo, la Primera Sala deliber que la penalidad prevista para sancionar el delito de homicidio en la agravante que implique la existencia de retribucin dada o prometida no es proporcional con respecto a las penas previstas para sancionar otras agravantes del delito citado, las cuales persiguen la proteccin del mismo bien jurdico: la vida, cuya penalidad en el rango de calificativas ms graves como el homicidio calificado que se actualiza cuando existe premeditacin, ventaja, traicin, alevosa, por el medio empleado y saa, el feminicidio y el homicidio de un menor de edad, vara entre los 25 y 60 aos. Lo anterior, ya que, sin una razn justificada, se previ una pena mayor para la agravante en estudio.

Al respecto, la Sala estim que si bien podra entenderse que el legislador del Estado de Chihuahua, mediante una reforma al segundo prrafo del artculo 127 del Cdigo Penal de esa entidad, estableci la pena de 50 a 70 aos de prisin para sancionar la agravante analizada, con la intencin de disuadir conductas destacadamente graves para la sociedad, por ejemplo, cuando los sujetos activos se dedican de manera sistemtica, reiterada o cuasi-profesionalizada a integrar y/o fomentar un sistema de generacin de lucro econmico, a cambio de la privacin de la vida de las personas, lo cierto es que esto no fue establecido de tal forma por el legislador.

De esta manera, no se aprecia en la ley una distincin entre las conductas cometidas por sujetos sistemticamente involucrados en el negocio de lucrar con la vida de las personas, de aquellos casos en que la promesa de retribucin se da de forma aislada, sin formar parte de un patrn, por sujetos inexpertos; o bien, cuando la retribucin prometida equivale a cuantas inexactas, vagas o poco significativas. Casos, stos ltimos, en los que el dao objetivamente infringido se acerca ms al que se provoca por un delito de homicidio cometido con premeditacin o alevosa, slo con la adicin de que se incorpora alguna forma de provecho o retribucin.

Por lo tanto, el hecho de que el legislador no haya definido el supuesto previsto en la fraccin V del artculo 136 de un modo ms completo y detallado, pone en evidencia que su intencin fue tratar en trminos exactamente iguales a cualquier caso en el que hubiera de por medio una retribucin dada o prometida, lo que hace que la pena analizada sea sobreincluyente pues aplica ante un supuesto tan amplio y que admite muchas variantes que ese rango de punibilidad cubre ms supuestos de lo que sera proporcionado o justo cubrir.

As, el Alto Tribunal concluy que el legislador incumpli con el deber que le est exigido por el artculo 22 constitucional; a saber, la obligacin de confeccionar las penas en su justa medida con las conductas descritas por la norma penal.

A partir de estas razones, la Primera Sala declar la inconstitucionalidad del segundo prrafo del artculo 127 del Cdigo Penal del Estado de Chihuahua exclusivamente para la hiptesis de la fraccin V del artculo 136 del mismo ordenamiento, revoc la sentencia impugnada y concedi el amparo solicitado para que la autoridad responsable dicte una nueva en la que tome en cuenta lo expuesto.

Ello, en el entendido de que la inconstitucionalidad de la pena impugnada no implica que se deje de sancionar el delito de extorsin agravada, pues se tendr que atender a la punibilidad de entre 25 y 50 aos prevista en el primer prrafo del artculo 127 del Cdigo Penal analizado, para el delito de homicidio calificado genrico.

Amparo directo en revisin 5839/2019. Ponente: Ministra Loretta Ortiz Ahlf. Resuelto en sesin de 22 de mayo de 2024, por mayora de tres votos. Ausente: Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Documento con fines de divulgacin. La sentencia es la nica versin oficial.


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