Plataforma Nacional de Transparencia

Comunicados de Prensa

No. 087/2024

Ciudad de México, a 13 de marzo de 2024

LA MODIFICACIN A LA LEY GENERAL DE VCTIMAS QUE POSIBILIT LA REDUCCIN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA ATENCIN DE LAS VCTIMAS ES INCONSTITUCIONAL: PRIMERA SALA

La reforma al artculo 132, fraccin I, de la Ley General de Vctimas, es violatoria del principio de progresividad de los derechos humanos, en relacin con el derecho humano a una reparacin integral del dao

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin (SCJN) resolvi un juicio de amparo promovido por una asociacin civil, que tiene por objeto social la proteccin y defensa de derechos humanos, en contra de la modificacin del artculo 132, fraccin I, de la Ley General de Vctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federacin el da 6 de noviembre de 2020, por el cual se elimin el candado legislativo que impeda que, en aos subsecuentes, se disminuyera el presupuesto asignado para la atencin a vctimas, respecto del ejercicio inmediato anterior.

En su fallo, la Sala advirti que, hasta antes de la reforma impugnada, la disposicin reclamada prevea la garanta de un presupuesto para la satisfaccin de los derechos inherentes a la reparacin integral del dao de las vctimas de hechos ilcitos; garanta presupuestaria que ascenda a la cantidad econmica correspondiente al 0.014% del gasto programable en el Presupuesto de Egresos del ao inmediato anterior.

Por ende, an en las circunstancias ms excepcionales, la legislacin estableca una obligacin para la Cmara de Diputados del Congreso de la Unin, consistente en mantener un presupuesto especfico en el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparacin Integral, con el objetivo de satisfacer el derecho humano de las vctimas de hechos ilcitos a una reparacin integral del dao, en trminos de la Ley General de Vctimas.

En este sentido, la Sala consider que, aunque el presupuesto que se encontraba establecido en la disposicin hoy modificada constitua una garanta presupuestaria que, con fundamento en el principio de progresividad de los derechos humanos no poda de inicio ser objeto de restricciones legislativas en perjuicio de los derechos de las vctimas, existen restricciones al principio de progresividad aludido que pueden ser justificables o razonables, especficamente, en aquellos casos en los que una autoridad decide disminuir las garantas presupuestarias para hacer efectivo su ejercicio.

Al respecto, la Sala estim que para que la supresin legislativa de la garanta presupuestaria referida se encontrara justificada razonablemente, corresponda a las autoridades sealadas como responsables demostrar: (i) que la modificacin legislativa (eliminatoria de la garanta presupuestaria) se debi a la falta de recursos econmicos para garantizar el derecho humano a una reparacin integral del dao, a la luz de la Ley General de Vctimas; (ii) que se realizaron sin xito todos los esfuerzos necesarios para obtener los recursos faltantes en aras de hacerlo efectivo; y, (iii) que se aplic el mximo de los recursos disponibles para su garanta; o que, en su caso, los recursos de los que se dispona tuvieron que ser aplicados para la tutela de otro derecho humano de importancia mayor o prioritaria.

Sin embargo, al analizar las finalidades planteadas por el legislador, consistentes en: (i) proveer al Estado de recursos econmicos inmediatos en aras de enfrentar la crisis sobre la salud pblica y la economa nacional provocada por la pandemia derivada del SARS-CoV-2 (COVID-19), y (ii) coadyuvar a la transparencia en el ejercicio de la administracin pblica federal, as como a erradicar la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos del Estado; la Primera Sala concluy que las mismas resultan insuficientes para justificar debidamente la regresin legislativa planteada.

Esto, ya que por un lado la emergencia sanitaria ha concluido, por lo que no es dable sostener esa justificacin en la actualidad. Adems, an si no hubiera sido formalmente terminada dicha medida extraordinaria, las autoridades sealadas como responsables fueron omisas en justificar razonablemente la decisin de suprimir la garanta presupuestaria en estudio, frente a la falta de recursos econmicos para hacer posible la efectividad del derecho humano a una reparacin integral del dao a la luz de la Ley General de Vctimas.

Tampoco demostraron, ni justificaron haber realizado todos los esfuerzos necesarios para la obtencin de los recursos faltantes, ni haber aplicado el mximo de sus recursos disponibles para lograr esa efectividad; ni mucho menos se demostr que, en efecto, los recursos sacrificados en perjuicio de la garanta presupuestaria para la proteccin de las vctimas fueron efectivamente destinados a combatir la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2 (COVID 19), ni para garantizar el principio constitucional de transparencia en el servicio pblico, y/o evitar la discrecionalidad en su ejercicio.

As, la Sala concluy que tales cuestiones hacen imposible identificar si la medida regresiva se tom valorando, con seriedad suficiente, el sacrificio que podran resentir las vctimas sobre el ejercicio de su derecho humano a una reparacin integral del dao; ni advertir si las medidas se adoptaron tomando en cuenta su situacin de vulnerabilidad.

De esta manera, la Sala concluy que la supresin legislativa de la garanta presupuestaria (dispuesta en el contenido normativo anterior del artculo 132, fraccin I, de la Ley General de Vctimas), para cubrir el gasto por concepto de medidas de ayuda y de reparacin integral del dao en favor de las vctimas, constituye una medida regresiva injustificada.

A partir de estas razones, la Primera Sala declar la inconstitucionalidad de la modificacin reclamada y concedi la proteccin constitucional solicitada.

Amparo en revisin 675/2022. Ponente: Ministro Juan Luis Gonzlez Alcntara Carranc. Resuelto en sesin de 13 de marzo de 2024, por unanimidad de cinco votos.

Documento con fines de divulgacin. La sentencia es la nica versin oficial.


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