Plataforma Nacional de Transparencia

Comunicados de Prensa

No. 038/2024

Ciudad de México, a 07 de febrero de 2024

PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA REPARACIN INTEGRAL DEL DAO PRODUCIDO POR EL DELITO, LAS PERSONAS JUZGADORAS PUEDEN APLICAR SUPLETORIAMENTE LA LEY GENERAL DE VCTIMAS: PRIMERA SALA

Esto, en complemento de la legislacin penal, con el fin de cuantificar el monto econmico que corresponda a las vctimas directas e indirectas de un delito por concepto de dao moral y material

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin analiz un asunto relacionado con un juicio penal, seguido en contra de dos profesionales de la salud, a quienes se les conden en primera y segunda instancias por el delito de homicidio doloso por responsabilidad mdica y tcnica, en perjuicio de un menor de edad, con motivo de la intervencin quirrgica a la que este ltimo fue sometido. Inconforme con la ltima resolucin, el padre del menor vctima indirecta promovi juicio de amparo directo, en el que aleg la transgresin de diversos derechos, entre ellos, su derecho a la justicia y a la reparacin integral del dao.

El Tribunal Colegiado concedi la proteccin constitucional al quejoso para que, entre otras cuestiones, la autoridad responsable determinara la procedencia de la condena de reparacin del dao moral de manera genrica y no tasada en contra de los sentenciados, con objeto de que la parte ofendida pudiera solicitar al juez su cuantificacin de forma justa, completa, proporcional y actual; aunque de forma posterior, durante la etapa de ejecucin de sentencia. Al respecto, el Colegiado deliber que, para cuantificar el dao moral y material, derivado de la comisin de un delito, eran inaplicables las reglas dispuestas en la Ley General de Vctimas, ya que dicha reparacin emana de una causa penal (es decir, se decreta por la comisin de un delito) y no por violaciones graves a derechos humanos. Inconforme, el solicitante de amparo interpuso un recurso de revisin.

En su fallo, la Sala consider que el Tribunal Colegiado no atendi a la doctrina de este Alto Tribunal desarrollada en el amparo directo en revisin 4069/2018, en torno a precisar judicialmente el momento procesal oportuno en que debe cuantificarse el monto econmico que corresponda a las vctimas directas e indirectas de un delito por concepto de reparacin del dao, particularmente, tratndose de hechos ilcitos cometidos en perjuicio de personas menores de edad, especficamente, por concepto de dao moral y material.

Lo anterior, con miras a evitar la posible revictimizacin de las vctimas que podra implicar su comparecencia a un nuevo proceso, para lo cual las personas juzgadoras debern: (i) descartar la expectativa de una cifra exacta y procurar definir la cifra adecuada; (ii) precisar los alcances de las pruebas presentadas y, en su caso, justificar por qu no son suficientes; (iii) explorar si en autos existen elementos probatorios adicionales; (iv) evaluar si en el caso es posible recurrir los criterios de equidad y razonabilidad para subsanar la falta de informacin probatoria; (v) considerar si existen medidas que no ameritan una cuantificacin econmica, y (vi) garantizar que se respete el derecho de audiencia del imputado a lo largo del proceso penal.

Asimismo, a la luz de la doctrina y precedentes judiciales en materia de reparacin del dao derivada de un delito, la Primera Sala determin que, tanto la legislacin penal en este caso, el Cdigo Penal del Estado de Sonora como la Ley General de Vctimas, son consistentes en reconocer una serie de garantas que aseguran la efectividad del derecho humano a una reparacin integral del dao como consecuencia de la comisin de un delito. Por tanto, se trata de legislaciones que, ms all de ser excluyentes, deben complementarse y ser interpretadas sistemticamente para su aplicacin jurdica apropiada.

Mxime que la garanta de la reparacin integral del dao de las vctimas directas e indirectas de un delito constituye la finalidad de las normas penales desde la perspectiva del bloque de los derechos humanos que se les reconocen en el sistema penal vigente.

A partir de estas razones, la Primera Sala concluy que la decisin del Tribunal Colegiado fue incorrecta por lo que revoc la resolucin impugnada y le devolvi el asunto para que dicte una nueva en la que, conforme a la doctrina jurisprudencial, establezca si es procedente o no postergar la cuantificacin del monto econmico correspondiente a la vctima indirecta del delito, por concepto de dao material para la etapa de ejecucin de sentencia.

De no ser procedente postergar la individualizacin de la indemnizacin, conceda el amparo solicitado para que desde la sentencia condenatoria se fije el monto econmico correspondiente por concepto de dao material, para lo cual sern aplicables las reglas establecidas en la Ley General de Vctimas, as como la jurisprudencia que se encuentre vigente, en tanto no se contravengan los principios y reglas aplicables en materia penal.

Finalmente, la Sala orden al Colegiado que evale si fue correcta o no la cuantificacin realizada por la autoridad responsable por concepto de dao moral, considerando las reglas antes precisadas.

Amparo directo en revisin 2709/2023. Ponente: Ministro Juan Luis Gonzlez Alcntara Carranc. Resuelto en sesin de 7 de febrero de 2024, por unanimidad de cinco votos.

Documento con fines de divulgacin. La sentencia es la nica versin oficial.


Formulario de consulta Imprimir