Plataforma Nacional de Transparencia

Comunicados de Prensa

No. 400/2023

Ciudad de México, a 08 de noviembre de 2023

LA FACULTAD DE LAS FISCALAS GENERALES PARA ESTABLECER LOS MRGENES DE REDUCCIN DE LA PENA APLICABLE A LAS PERSONAS QUE HAN ACEPTADO SOMETERSE A UN PROCEDIMIENTO PENAL ABREVIADO, ES CONSTITUCIONAL: PRIMERA SALA

Esta atribucin responde a la competencia exclusiva de las fiscalas en materia de poltica criminal o de persecucin penal

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin revis una sentencia de amparo promovido por una persona que fue procesada en la Ciudad de Mxico por el delito de robo agravado en pandilla, bajo las reglas del sistema acusatorio oral.

Posteriormente y previo a la celebracin de la audiencia intermedia, el imputado acept someterse a un procedimiento abreviado como forma de terminacin anticipada del proceso en el que el Ministerio Pblico, con base en el Acuerdo dictado por el titular de la Fiscala, propuso el margen de reduccin de un cuarto de la pena mnima de diez aos de prisin, a partir de lo cual el Juez de origen conden al responsable a siete aos con seis meses de prisin y multa, resolucin que fue confirmada en apelacin.

Inconforme, el sentenciado promovi un juicio de amparo directo en el que reclam la inconstitucionalidad del artculo 202, ltimo prrafo, del Cdigo Nacional de Procedimientos Penales, conforme al cual, el Ministerio Pblico, al solicitar la pena aplicable en un procedimiento penal abreviado, deber observar el Acuerdo que al efecto emita el Procurador en este caso el Fiscal titular.

En su demanda, el quejoso reclam que la reduccin de la pena que se le impuso se hubiera hecho con base en un Acuerdo y no conforme a lo dispuesto por el propio Cdigo Nacional de Procedimientos Penales, en trminos del cual le correspondera una reduccin de un tercio de la pena. El Tribunal Colegiado del conocimiento neg el amparo solicitado, decisin contra la que el inculpado interpuso un recurso de revisin.

En su fallo, la Primera Sala consider que, aunque el artculo 202 citado, en su cuarto prrafo, dispone que, en cualquier caso, el Ministerio Pblico podr solicitar la reduccin de hasta un tercio de la pena mnima, si se trata de un delito doloso, la locucin hasta, debe entenderse como el tope o lmite mximo de la reduccin de la pena que puede proponer la Fiscala a cambio de la aceptacin de responsabilidad por parte del imputado, ya que con ello el legislador no busc establecer una disminucin inamovible de la pena.

Por tanto, el legislador le confiri al Ministerio Pblico (es decir, a las Fiscalas del Estado mexicano) un margen de discrecionalidad significativo en aras de fijar el rango de la pena mnima que corresponder a una persona que ha consentido someterse al procedimiento abreviado.

Asimismo, la Sala determin que si bien conforme al principio de reserva de ley en materia penal, nicamente las autoridades legislativas estn facultadas para disponer las penas que correspondan a cada uno de los hechos que sean calificados como delito, es legtimo que la persona titular de la Fiscala del Estado mexicano, federal o local segn corresponda, sea quien defina los mrgenes de la punibilidad mnima aplicable a las personas que han aceptado someterse a un procedimiento penal abreviado.

Ello es as, puesto que, de acuerdo con el rgimen constitucional vigente, corresponde exclusivamente a la Fiscala federal o estatal la implementacin de los planes, mtodos y estrategias tendentes a combatir la incidencia criminal en el pas, tanto a nivel federal como en las entidades federativas, con el objetivo principal de abatir la delincuencia en el Estado mexicano.

Por ende, es lgico que sea esa autoridad ministerial quien fije el rango mnimo de aplicacin de las penas necesario o indispensable para combatir eficazmente los ndices de la violencia delictiva en el pas, o en cierta regin de este, segn sea el caso.

De esta manera, la Primera Sala concluy que el precepto impugnado es constitucional, a la luz de los artculos 14, 16 y 20, apartado A, fraccin VII, de la Constitucin Federal, por lo que confirm la sentencia impugnada y neg el amparo solicitado.

Amparo directo en revisin 2266/2023. Ponente: Ministro Juan Luis Gonzlez Alcntara Carranc. Resuelto en sesin de 8 de noviembre de 2023, por unanimidad de cuatro votos. Ausente: Ministro Arturo Zaldvar Lelo de Larrea.


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