Plataforma Nacional de Transparencia

Comunicados de Prensa

No. 329/2023

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2023

ANTE EL GRUPO DE TRABAJO DE LA ONU SOBRE LA DETENCIN ARBITRARIA, EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIN REFRENDA SU OBLIGACIN Y COMPROMISO PARA COMBATIR ESTA PRCTICA

La ministra Norma Luca Pia Hernndez, presidenta del Poder Judicial de la Federacin (PJF), refrend las obligaciones y el compromiso, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin (La Corte), como del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), con el combate a las detenciones arbitrarias.

Estamos comprometidos no solo por obligacin constitucional y convencional, sino por genuina e inquebrantable conviccin con la proteccin fundamental de la dignidad de las personas, el debido proceso y el acceso a la tutela efectiva que encuentra en el combate a las detenciones arbitrarias una de sus ms altas expresiones y razn de ser, afirm ante los integrantes del Grupo de Trabajo de la Organizacin de las Naciones Unidas sobre la Detencin Arbitraria (GTDA).

Acompaada de la ministra Ana Margarita Ros Farjat y del ministro Juan Luis Gonzlez Alcntara Carranc, as como de los consejeros de la Judicatura Federal Sergio Javier Molina Martnez y Bernardo Btiz Vzquez, junto con la Magistrada Taissia Cruz Parcero, titular del Instituto Federal de la Defensora Pblica, Alejandra Rabasa Salinas, titular de la Unidad de Conocimiento Cientfico y Derechos Humanos de La Corte y el Juez Antonio Gonzlez Garca, titular de la Unidad para la Consolidacin del Nuevo Sistema de Justicia Penal del CJF; la ministra presidenta recibi ayer a la delegacin del GTDA, a ms de 20 aos de su ltima visita a Mxico.

Asimismo, asegur que el PJF ha tomado atenta nota de las casi 50 opiniones que desde el 2002, este Grupo de Trabajo ha emitido al Estado mexicano, en casos puntuales sobre detenciones arbitrarias. Anunci que entregar un informe detallado sobre los principales temas de inters para el GTDA, entre otros: el estado de la consolidacin del sistema de justicia penal acusatorio, as como las resoluciones judiciales relativas a la ampliacin de la intervencin de las fuerzas armadas en labores de seguridad pblica y el abuso de la prisin preventiva oficiosa.

La ministra presidenta comunic que, a finales de este ao, desde La Corte se publicar un protocolo de actuacin para personas juzgadoras y defensoras pblicas, precisamente sobre la legalidad de las detenciones en el sistema penal acusatorio con el objetivo de brindar herramientas prcticas y tiles para que los operadores de justicia, al resolver los casos que se someten a su consideracin, tengan una actualizacin de los precedentes jurisprudenciales y estndares internacionales aplicables a la materia.

Ante las preocupaciones especficas del GTDA relativas a la persistente impunidad frente a los agentes que llevan a cabo detenciones arbitrarias, la ministra Norma Pia explic cmo se ha reforzado -desde las sentencias de La Corte- la proteccin de las personas a travs del registro de cada detencin, obligacin a la que estn sujetas todas las autoridades que realizan labores de apoyo a la seguridad pblica, incluyendo a las que pertenecen a las fuerzas armadas.

La ministra Norma Pia resalt el valor indispensable de la independencia judicial, que debe reflejarse en condiciones polticas, jurdicas y materiales que garanticen la actuacin imparcial y efectiva de la judicatura, sin riesgos a la seguridad personal, a la estabilidad laboral y financiera, ni a la continua profesionalizacin de los integrantes de la judicatura.

Al respecto, Matthew Gillett, integrante del GTDA, en su intervencin confirm que el tema de la independencia de los jueces es una caracterstica importante en un pas que enfrenta una criminalidad compleja y, adems, resulta esencial para la presuncin de inocencia.

La ministra presidenta agreg que, en Mxico, la justicia enfrenta retos adicionales relacionados con la efectiva garanta de la independencia judicial, particularmente, en lo relativo a la adecuada y suficiente asignacin presupuestaria indispensable para atender el incremento continuo en la demanda de justicia federal que se ha registrado en los ltimos cinco aos.

Una disminucin presupuestal al Poder Judicial Federal, entre otras cuestiones, detendra la consolidacin efectiva del sistema penal acusatorio e impedira al Instituto Federal de la Defensora Pblica seguir representando de manera gratuita a las personas ms vulnerables, en un escenario en el cual la demanda ciudadana de defensores y asesores registra un crecimiento de 20 por ciento anual, reiter.

La Corte mantiene el firme propsito de participar siempre en la construccin de una sociedad ms justa y ms armnica

Por su parte, la ministra Ana Margarita Ros Farjat destac que la funcin de imparticin de justicia constitucional, a cargo de La Corte, ha contribuido a que la poltica de seguridad en Mxico responda a las obligaciones de respeto y garanta de derechos humanos e incorpore los estndares e interpretaciones que distintos organismos internacionales especializados en derechos humanos han emitido al respecto.

Argument que, en los ltimos aos, La Corte ha facilitado el dilogo articulado entre las disposiciones de derecho interno y la normativa internacional en materia de violaciones graves a los derechos humanos, entre las que se encuentra la detencin arbitraria y la desaparicin forzada de personas.

La ministra Ros Farjat expuso que, pese al avance que representan diversas sentencias de 2021 a 2023 en materia de proteccin de derechos humanos, an falta mucho por hacer. La naturaleza humana es compleja y no siempre es luminosa; sin embargo, esta Suprema Corte se mantiene con el firme propsito de participar siempre en la construccin de una sociedad ms justa y armnica.

Prisin preventiva: una medida profundamente restrictiva del derecho a la libertad personal, por lo que debe ser una excepcin

En su intervencin, el ministro Juan Luis Gonzlez Alcntara Carranc indic que La Corte considera a la prisin preventiva como una medida cautelar, profundamente restrictiva del derecho a la libertad personal, por lo cual su estudio en cada caso del Sistema Penal Acusatorio debe de darse bajo los ms estrictos estndares de derechos humanos y con base en los principios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad.

Seal que en la jurisprudencia constitucional queda claro que la libertad del acusado es la regla y la prisin preventiva debe ser la excepcin.

El ministro Gonzlez Alcntara Carranc indic que cuando los jueces de control reciben una solicitud para determinar si cesa o se prolonga la prisin preventiva oficiosa, una vez que ha llegado a un lmite de dos aos de duracin, deben valorar los precedentes que La Corte ha emitido y los estndares internacionales, que son: la complejidad del asunto, la fragilidad procesal del imputado y la conducta de las autoridades.

La Corte ha entendido que corresponde al fiscal la carga de probar ante la autoridad judicial que es necesario continuar con la medida cautelar porque en el caso concreto se actualizan los tres elementos, en caso de no demostrarlos debidamente ser la causa para el cese de la prisin preventiva oficiosa, aadi.

Necesario un cambio cultural en las instituciones que participan en la imparticin de justicia

El consejero de la Judicatura Federal Sergio Javier Molina Martnez mencion que un reto del rgano que verifica la actividad de los jueces, consiste en consolidar el sistema y generar un cambio cultural en todas las instituciones involucradas en la imparticin de justicia.

No podemos seguir teniendo jueces con altos estndares de proteccin a los derechos fundamentales cuando existen otras instituciones que no piensan igual, que no actan igual. Para lograr este cambio cultural, se han dispuesto mecanismos de capacitacin tanto a jueces federales como jueces de los estados, como fiscales, programas de en materia de garanta de audiencia.

Problemas de ejecucin penal en Mxico

Durante la reunin, el Juez Antonio Gonzlez Garca, Titular de la Unidad para la Consolidacin del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Consejo de la Judicatura Federal, seal que uno de los principales retos que enfrentar el sistema de justicia penal en Mxico en los prximos aos es el de la ejecucin de las penas.

Al 28 de febrero de 2023, mencion, 18,013 personas estaban sujetas a alguna medida de internamiento, 43% de ellas procesadas y 56% sentenciadas. Segn el INEGI el 45.9% de las penas privativas de la libertad impuestas son menores a 10 aos y el 54% excede esa temporalidad.

Aproximadamente en un ao ingresan al sistema penal federal 25,000 personas, y a una de cada 3 se le impone una pena privativa de la libertad que podra durar hasta 2 aos, y ms de 5,000 personas son sentenciadas con pena privativa de la libertad, datos que se acumulan a los de aos anteriores.

Ello implica una gran carga de trabajo. En 2018, en los juzgados de ejecucin -ejemplific- se recibieron 29,400 asuntos considerados de competencia, un promedio mensual de 2,456 asuntos, y se estima que para 2025 se incremente en 300% la carga de trabajo de los juzgados de ejecucin con respecto a 2018.

Este incremento se debe al nmero de personas que ingresa a prisin anualmente, la acumulacin de personas que ingresan con las que estn en prisin desde aos anteriores y a que el nmero de personas que recobran su libertad es muy inferior a los que ingresan en el mismo ao. Ante ello el CJF, afirm Gonzlez Garca, est proyectando diversas soluciones.

Por su parte, la magistrada Taissia Cruz Parcero, directora del Instituto Federal de Defensora Pblica, asegur que el abuso en la prisin preventiva en Mxico contina siendo uno de los principales problemas que enfrentan.

Inform que, con corte al 31 de agosto de este ao, la Defensora Pblica representa a un total de 8,000 personas que se encuentran sujetas a prisin preventiva oficiosa, de las cuales 748 son mujeres. Del total de personas 2,049 han estado en prisin preventiva por ms de nueve aos.

Derivado de los recientes criterios de La Corte y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, explic que, en abril de este ao se orden al personal de defensa de todas las delegaciones del Instituto a solicitar la modificacin de la medida cautelar en cada uno de los casos en los que las y los usuarios se encontraran en prisin preventiva oficiosa, y de manera prioritaria pertenecieran a la poblacin indgena, mujeres, integrantes de la comunidad LGTB y ms, y adultas mayores.

Por lo que ya se han presentado ante los rganos jurisdiccionales 878 solicitudes de modificacin de prisin preventiva oficiosa, de las cuales 106 han resultado favorables.

Adems de Matthew Gillett, por parte del Grupo de Trabajo de la Organizacin de las Naciones Unidas sobre la Detencin Arbitraria, tambin acudi Ganna Yudkivska.


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