Plataforma Nacional de Transparencia

Comunicados de Prensa

No. 301/2023

Ciudad de México, a 30 de agosto de 2023

LAS ASOCIACIONES CIVILES QUE TIENEN COMO OBJETO SOCIAL LA PROTECCIN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y PERSONAS GESTANTES CUENTAN CON INTERS LEGTIMO PARA IMPUGNAR LAS NORMAS QUE PENALIZAN EL ABORTO, LAS CUALES SON INCONSTITUCIONALES: PRIMERA SALA

Las disposiciones que criminalizan de manera absoluta el derecho a decidir sobre la interrupcin del embarazo son contrarias a los derechos a la dignidad humana, a la autonoma reproductiva y libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud y el derecho de igualdad y no discriminacin

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin (SCJN) revis una sentencia de amparo indirecto promovido por cuatro asociaciones civiles en contra de diversas porciones normativas de los artculos 101, 102 y 103 del Cdigo Penal para el Estado de Aguascalientes, los cuales regulan los tipos penales de aborto doloso, suspensin en caso de aborto, as como la exclusin de aborto doloso. En su demanda, las quejosas argumentaron que tales preceptos son contrarios a los derechos humanos de igualdad y no discriminacin, a la salud, libre desarrollo de la personalidad y autonoma reproductiva, previstos en los artculos 1 y 4 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.

La Jueza de Distrito sobresey en el juicio de amparo tras considerar que las asociaciones quejosas no contaban con inters legtimo para impugnar los preceptos legales referidos y que una eventual concesin de la proteccin constitucional vulnerara el principio de relatividad de las sentencias de amparo conforme al cual sta slo puede beneficiar a las partes involucradas en el juicio. Inconformes, tales peticionarias de amparo interpusieron recurso de revisin, el cual atrajo esta Suprema Corte de Justicia de la Nacin para su resolucin.

En su fallo, la Primera Sala resolvi que dos de las cuatro asociaciones quejosas s contaban con inters legtimo para reclamar la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados. Para arribar a esta conclusin, la Sala apunt que los derechos humanos a la igualdad y no discriminacin y a la salud, gozan de una dimensin colectiva o social y, por ende, buscan la proteccin de un inters difuso en beneficio de una colectividad determinada: las mujeres y personas gestantes.

En este sentido, el Alto Tribunal sostuvo que, tratndose de personas morales, basta con que acrediten que dentro de su objeto social se encuentra la promocin, proteccin y/o defensa de un derecho humano de naturaleza colectiva. Sobre esa lnea argumentativa, la Primera Sala consider que dos de las cuatro personas morales quejosas s contaban con inters para reclamar la inconstitucionalidad de los preceptos controvertidos, ya que demostraron que su objeto social es la promocin, proteccin y defensa de los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes, como lo son su derecho a la igualdad y no discriminacin, y a la salud, en su vertiente colectiva, a fin de fomentar la igualdad de gnero en Mxico, incluyendo los derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Mxime que para reclamar este tipo de normas que penalizan el aborto no es necesario acreditar un acto de aplicacin, aunado a que las dos asociaciones civiles solicitantes de amparo desarrollan su objeto social en Aguascalientes, por lo que podran obtener un beneficio prctico concreto con una eventual concesin de amparo, al alcanzar su objeto social y la finalidad que pretenden con ste, as como continuar desarrollndolo en un ambiente jurdico ms favorable para las mujeres y personas con capacidad para gestar, garantista de sus derechos humanos, especialmente del derecho a la igualdad y no discriminacin, libre desarrollo de la personalidad y a la salud en su faceta colectiva.

Asimismo, en relacin con el principio de relatividad de las sentencias de amparo, a partir de una interpretacin pro persona del mismo conforme al derecho humano de acceso a la justicia, la Primera Sala determin que deben hacerse modulaciones, matices y excepciones para los casos en los que el juicio de amparo se promueva con base en un inters legtimo a fin de tutelar un derecho colectivo de un grupo que es identificable como lo son el derecho de las mujeres y las personas gestantes, a la salud e igualdad y no discriminacin. Ms an, tratndose de normas generales, cuyos efectos y consecuencias permean y se dirigen directamente a todo un grupo, categora o clase en su conjunto, quienes resienten de forma colectiva su aplicacin. Por lo que consider la Sala- esa reinterpretacin del principio de relatividad de las sentencias de amparo debe tomarse en cuenta al momento de establecer los efectos de una eventual concesin de amparo, a fin de dar la mayor proteccin a los derechos humanos que tienen una dimensin colectiva.

De este modo, en asuntos como el analizado, en los que se busca proteger de manera idnea los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar a la salud reproductiva e igualdad y no discriminacin vulnerados de manera colectiva, las consecuencias materiales de una sentencia no deben ser condicionante para promover un amparo o recibir la proteccin constitucional.

As, al estudiar el fondo del asunto a la luz de los derechos a la dignidad humana, a la autonoma reproductiva y libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud y el derecho de igualdad y no discriminacin, la Sala concluy que el artculo 101 del Cdigo Penal del Estado de Aguascalientes, en cuyos prrafos primero, segundo y cuarto, se prev como delito de aborto doloso la interrupcin del embarazo con el consentimiento y en cualquier momento de la preez, ya sea que lo realice la propia persona embarazada u otra persona con dicho consentimiento, supone la total supresin del derecho constitucional a elegir de las mujeres y personas con capacidad de gestar y con ello su derecho a la salud y a la igualdad y no discriminacin, por lo que es inconstitucional.

Lo anterior, ya que parte de la idea de que la interrupcin del embarazo, sin importar si se realiza en la primera etapa del embarazo y con el consentimiento de la mujer o persona gestante, constituye un delito.

Por otra parte, el Alto Tribunal decidi que el artculo 102 del ordenamiento en estudio, el cual guarda relacin directa con el supuesto de aborto doloso y versa sobre la asistencia mdica que se brinda para llevar a cabo la interrupcin del embarazo, penalizando tal accin con una suspensin en el ejercicio de su profesin u oficio de 2 a 5 aos, resulta inconstitucional en su totalidad, pues aunado a que parte de la misma idea de que el aborto es un delito, con la penalizacin del trabajo de los mdicos que lo realizan no slo se ve afectada la prestacin del mencionado servicio y la forma en cmo los profesionales de la salud ejercen su profesin, sino los servicios mismos, es decir, el propio sistema de salud, as como el derecho a decidir y a la salud de las mujeres y personas gestantes.

Por lo que hace al artculo 103 del Cdigo Penal de Aguascalientes en el que se enlistan los supuestos que constituyen una exclusin al aborto doloso y, por consiguiente, en los que no se aplicar pena o medida de seguridad alguna. Siendo tales casos los siguientes: Aborto por grave peligro de muerte de la mujer embarazada (primer prrafo) y Aborto por violacin (segundo prrafo), la Primera Sala defini que resulta inconstitucional la porcin normativa que establece Exclusin de aborto doloso. No se considerar Aborto Doloso, y por ende.

Esto, pues tal redaccin coadyuva perjudicialmente a que subsista una nocin de criminalidad en relacin con la accin de abortar, aun tratndose de supuestos en los cuales la concepcin se dio en un marco de ausencia de consentimiento de la mujer o persona gestante.

De igual manera, la Sala estim que la porcin normativa y de otro a quien ste consulte, si ello fuere posible y la demora en consultar no implique peligro es inconstitucional, pues dicha medida representa un obstculo para el acceso efectivo y pronto que, en materia de derecho a la salud, debe brindarse a las mujeres y personas gestantes para la interrupcin del embarazo por motivos de salud.

Adems, el Mximo Tribunal deliber que la porcin normativa en cualquier etapa del procedimiento penal iniciado al efecto, a peticin de la vctima, la autoridad judicial podr autorizar la realizacin del aborto, para que sea practicado por personal mdico especializado, sin que ello conlleve las consecuencias jurdicas descritas en el presente captulo tambin es inconstitucional, en virtud de que, por un lado, vulnera el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes, permitiendo el aborto nicamente si la autoridad judicial lo autoriza dentro de un procedimiento jurisdiccional y, por el otro, vulnera el derecho a la salud de las vctimas de violacin sexual, al imponer requisitos que obstaculizan y dilatan el acceso a los servicios de salud que, en tales casos, debe garantizarse de manera pronta y urgente, adems de que ignora las circunstancias especficas de las vctimas de violacin sexual.

A partir de estas razones, y tomando en cuenta que los derechos humanos a la salud e igualdad y no discriminacin tambin tienen una naturaleza colectiva, la Primera Sala revoc la sentencia impugnada y concedi el amparo a dos de las asociaciones quejosas para el efecto de que el Congreso Local derogue el artculo 102 y porciones normativas analizadas de los preceptos de los 101 y 103 del Cdigo Penal para el Estado de Aguascalientes, antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones en que se le notifique la sentencia de este asunto.

Amparo en revisin 79/2023. Ponente: Ministro Juan Luis Gonzlez Alcntara Carranc. Resuelto en sesin de 30 de agosto de 2023, por mayora de votos.

Documento con fines de divulgacin. La sentencia es la nica versin oficial.


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