Plataforma Nacional de Transparencia

Comunicados de Prensa

No. 021/2023

Ciudad de México, a 25 de enero de 2023

LA FACULTAD DE LA FISCALA GENERAL DE LA REPBLICA PARA REQUERIR INFORMACIN RELACIONADA CON EL SECRETO BANCARIO CON FINES PENALES SIN AUTORIZACIN JUDICIAL, VULNERA EL DERECHO A LA PRIVACIDAD DE LAS PERSONAS: PRIMERA SALA

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin determin que el artculo 142, fraccin I, de la Ley de Instituciones de Crdito vulnera el derecho a la vida privada, al permitir que la Fiscala General de la Repblica solicite a las instituciones crediticias informacin bancaria y financiera de las personas para el desarrollo de una investigacin penal, sin mediar autorizacin judicial.

Esta decisin emana de un juicio de amparo en el que una persona reclam la inconstitucionalidad del artculo mencionado con fundamento en el cual, durante la etapa de investigacin, el ministerio pblico solicit a la Comisin Nacional Bancaria y de Valores informacin sobre sus cuentas bancarias por la posible comisin del delito equiparable al de defraudacin fiscal, sin autorizacin judicial previa. Lo anterior, tras afirmar que dicho precepto transgrede los derechos a la privacidad y a la intimidad.

Al conocer del asunto, en concordancia con la doctrina desarrollada en precedentes, la Primera Sala consider que si bien el derecho a la privacidad, en la vertiente de proteccin del secreto bancario, no es irrestricto y admite excepciones, para los fines de una investigacin penal es necesaria la intervencin judicial, previo a que la persona titular de la Fiscala General o el servidor pblico en quien delegue facultades, pueda requerir informacin bancaria a las instituciones financieras para la comprobacin de un hecho que la ley seale como delito y de la probable responsabilidad de la persona imputada.

En este sentido, la Sala destac que el control judicial en materia penal se ide como un mecanismo de proteccin de derechos fundamentales, por lo que la autorizacin judicial es obligatoria cuando la tcnica o acto de investigacin que pretenda practicar la autoridad ministerial signifique una afectacin a los derechos humanos reconocidos en la Constitucin y en los tratados internacionales. Por lo tanto, la intervencin de los jueces de control en la autorizacin de las medidas y tcnicas de investigacin es la regla y, slo por excepcin, no se requiere de la intervencin judicial.

Al respecto, el alto tribunal precis que, de permitirse al ministerio pblico solicitar informacin bancaria de una persona sujeta a una investigacin penal sin que tenga intervencin una autoridad judicial, ello se traducira en una vulneracin al derecho a la privacidad. Por lo tanto, para que una intromisin a la vida privada de las personas sea acorde con los parmetros constitucionales y convencionales, es necesaria la intervencin y supervisin judicial.

A partir de estas razones, la Primera Sala concluy que el precepto normativo es inconstitucional por lo que concedi la proteccin federal en contra de su aplicacin en perjuicio del quejoso y orden devolver el asunto al Tribunal Colegiado del conocimiento para que resuelva los aspectos de legalidad.

Amparo en revisin 58/2021. Ponente: Ministra Ana Margarita Ros Farjat. Resuelto en sesin de 25 de enero de 2023, por mayora de votos.

Documento con fines de divulgacin. La sentencia es la nica versin oficial.


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