Plataforma Nacional de Transparencia

Comunicados de Prensa

No. 424/2022

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2022

EN LA CIUDAD DE MXICO, ES INCONSTITUCIONAL LA DISPOSICIN QUE PREV LA INSTRUCCIN PARA QUE EL REPRESENTANTE DE UNA PERSONA FALLECIDA GESTIONE LA ELIMINACIN DE SU INFORMACIN PERSONAL ALMACENADA EN REGISTROS ELECTRNICOS PBLICOS Y PRIVADOS LUEGO DE SU MUERTE: PRIMERA SALA

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin determin la inconstitucionalidad del ltimo prrafo del artculo 1392 Bis del Cdigo Civil para el Distrito Federal (hoy Ciudad de Mxico), que prev la instruccin para el albacea o ejecutor especial de solicitar la eliminacin de la informacin personal de la persona fallecida que se encuentre almacenada en registros electrnicos pblicos y privados incluyendo imgenes, audio, video, redes sociales y cualquier mtodo de bsqueda de internet, cuando dicha persona no haya dispuesto sobre ello en su testamento, o bien haya expresado su voluntad en tal sentido.

Esta decisin emana de un juicio de amparo indirecto promovido por una asociacin en contra de la porcin normativa antes referida. Lo anterior, al considerar que la regulacin que deriva de dicha porcin normativa respecto de la cancelacin de datos personales de personas fallecidas era contraria a la libertad de expresin y al derecho al libre acceso a la informacin.

En su fallo, por lo que hace al derecho fundamental a la proteccin de datos personales y su aplicabilidad a personas fallecidas, la Primera Sala destac que la Constitucin Federal y tratados internacionales consagran la proteccin de datos para garantizar el control sobre su informacin personal, siendo su fundamento: (i) el desarrollo de su autonoma personal; (ii) prevenir daos patrimoniales y morales; y, (iii) el justo y equitativo desarrollo de las relaciones de consumo.

En este sentido, la Sala estim que el derecho a la proteccin de datos personales debe ser comprendido a la luz del desarrollo tecnolgico actual con el fin de garantizar su goce real y efectivo. As, en vista de estos desarrollos que permiten la generacin, almacenamiento y comunicacin de informacin personal con pocas limitaciones de espacio y tiempo, es posible reconocer la aplicabilidad del derecho a la proteccin de datos personales para personas fallecidas, toda vez que esta informacin puede conservarse por tiempos mayores a aquellos de la vida natural de una persona y justifican la persistencia de este derecho aun en caso de su muerte, otorgando una proteccin contextual a los titulares, ya sea a travs de reglas preventivas establecidas en el testamento o para prevenir daos emocionales o patrimoniales a familiares y herederos.

Por su parte, la Sala resalt que, debido a la amplitud del concepto constitucional de datos personales, el cual no est limitado a informacin de alguna naturaleza (informacin u opiniones), ni al formato o medio en el que se contenga, ni a su carcter privado o ntimo, tampoco si es generada por el titular o tercero, pueden llegar suscitarse conflictos entre la libertad de expresin y este derecho.

Las relaciones entre este derecho y libertad fundamentales deben partir de que la Constitucin prohbe cualquier acto de censura previa respecto de dicha libertad, nicamente es posible la asignacin de responsabilidades posteriores a partir de la valoracin de varios factores como el inters pblico, la notoriedad o proyeccin pblica de la persona y conducta previa, contenido y forma de la publicacin y la intencin de la publicacin y diseminacin. Cuestiones que se deben valorar cuando se analizan las interacciones entre esta libertad y la posibilidad de eliminar informacin.

Con base en lo anterior, la Primera Sala resolvi que la porcin normativa reclamada que pretende regular la eliminacin o cancelacin de los datos personales de personas fallecidas resulta contraria a la libertad de expresin y al derecho a la informacin. Esto, tras advertir que su redaccin es ambigua y general pues no se distingue entre informacin que no ha sido objeto de una publicacin respecto de aquella que s lo ha sido. Adems, no se prev condicin alguna para determinar la procedencia de la cancelacin de los datos cuando se encuentren involucrados derechos de terceros.

Aunado a ello, el texto normativo parece sostener la existencia de una obligacin a cargo de instituciones pblicas y privadas para la cancelacin de esta, lo cual tambin implicara que se podran llegar a determinar responsabilidades en caso de que una de estas instituciones no proceda con la cancelacin de la informacin.

Finalmente, en relacin con el supuesto derecho al olvido, que pretende tutelar la porcin normativa reclamada, la Sala destac que dicha expresin ha sido utilizada en el marco regulatorio de la Unin Europea sobre proteccin de datos personales para referirse al derecho de cancelacin que tiene un individuo respecto de su informacin personal incluyendo aquella contenida en motores de bsqueda o buscadores de Internet. Sin embargo, no existe definicin legal en nuestro pas sobre lo que implica esta expresin, aunado a que no es posible deducir un contenido especfico de la interpretacin literal de sus trminos, lmites y alcances.

Asimismo, ese derecho al olvido no puede ser aplicado sin calificaciones en Mxico debido a que la Constitucin Federal establece la presuncin de que toda informacin pblica debe permanecer con dicho carcter, sin que el mero paso del tiempo pueda ser determinante en la prdida del inters pblico de la informacin, tal y como lo ha sostenido la Suprema Corte. Adems, la Constitucin Federal no permite asignar a instituciones privadas la vigilancia y determinacin del inters pblico, en tanto que asignar dicha funcin a entidades privadas, sera contrario a lo establecido en los artculos 7 y 14 constitucionales.

A partir de estas razones, la Primera Sala determin la inconstitucionalidad de la porcin normativa analizada, al establecer una barrera para el debate pblico, aunado a que acarrea consecuencias que podran inhibir el correcto desarrollo de la deliberacin pblica por medios digitales lo que es contrario a la dimensin social de la libertad de expresin y el derecho al libre acceso a la informacin.

Amparo en revisin 341/2022. Ponente: Ministro Juan Luis Gonzlez Alcntara Carranc. Resuelto en sesin de 23 de noviembre de 2022, por mayora de votos.

Documento con fines de divulgacin. La sentencia es la nica versin oficial.


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