Plataforma Nacional de Transparencia

Comunicados de Prensa

No. 123/2020

Ciudad de México, a 08 de julio de 2020

LA SEGUNDA SALA DECIDIÓ DOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA EXPULSIÓN DE PERSONAS INDÍGENAS DE SUS COMUNIDADES EN LOS ESTADOS DE JALISCO Y OAXACA

En sesión celebrada el día de hoy, ocho de julio de dos mil veinte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió dos asuntos relacionados con la expulsión de miembros de comunidades indígenas, uno del Estado de Jalisco y el otro del Estado de Oaxaca.

En el primer asunto, Amparo en Revisión 1041/2019, unas personas indígenas pertenecientes a una comunidad wixárika de Jalisco, fueron expulsadas de la misma por negarse a llevar a cabo sus prácticas y costumbres, argumentando que era así porque ello iba en contra de su religión, la cual es Testigos de Jehová. La Segunda Sala decidió que si bien las comunidades tenían derecho a expulsarlos para proteger su cultura, religión y subsistencia como comunidad diferenciada, ello no puede llegar al extremo de sacarlos del territorio de la comunidad, pues eso vulneraría su derecho al mínimo vital, dejándolos sin una vivienda digna, pertenencias, y medios de subsistencia.

Por el otro lado, en el Amparo en Revisión 777/2019, una familia fue expulsada de una comunidad indígena en Oaxaca por denunciar ante la autoridad estatal el cobro por parte de personas de dicha comunidad de aportaciones monetarias para el programa Solidaridad. En ese caso, la Segunda Sala decidió que la expulsión se llevó a cabo de manera arbitraría y que esa falta de legalidad no encuentra justificación frente al derecho a la libre determinación de las comunidades indígenas.

En ambos casos, se decidió que las personas tienen que ser reintegradas al territorio de su comunidad, aunque en el primer caso únicamente a efectos de que se les reubique en otro predio de la misma, pues es legítimo que se les quiten sus derechos y obligaciones como miembros de ésta, al no compartir ya un elemento esencial: su religión. Asimismo, se ordena a las autoridades estatales correspondientes para que en el ámbito de sus competencias garanticen la seguridad e integridad de las personas en su reintegración al territorio de las comunidades.



Documento con fines de divulgación. La sentencia es la única versión oficial


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