Plataforma Nacional de Transparencia

Comunicados de Prensa

No. 195/2017

Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2017

PRIMERA SALA GARANTE DEL IMPERIO DE LA CONSTITUCIN SOBRE TODOS LOS PODERES DEL ESTADO: MINISTRA NORMA PIA HERNNDEZ

La Primera Sala, durante el ao, ha dictado sentencias de gran relevancia que han hecho realidad la supremaca de la Constitucin frente a los poderes constituidos, incluido el Legislativo, con lo cual da cumplimiento a una de sus responsabilidades fundamentales, como lo es, la de hacer efectivo el imperio de la Constitucin sobre todos los poderes del Estado, es decir, el sometimiento del poder al Derecho, seal la Ministra Norma Pia Hernndez, Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin (SCJN)

Al rendir el informe de labores de la Primera Sala durante el periodo del 1 de diciembre de 2016 al 30 de noviembre de 2017, la Ministra Pia Hernndez afirm que los integrantes de la Primera Sala han sumado esfuerzos para garantizar los derechos humanos, proteger la supremaca de la Constitucin y establecer las condiciones necesarias para mantener el dilogo democrtico en el marco de la divisin de Poderes.

Ante los Plenos de la SCJN, del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacin (TEPJF), la Ministra Presidenta de la Primera Sala seal que la Sala ha venido desarrollando una doctrina constitucional que exhibe, inequvocamente, una concepcin de los derechos humanos como normas que expresan las exigencias ms fundamentales de la justicia, porque se trata de derechos que tutelan bienes bsicos derivados de los principios de libertad, igualdad y dignidad.

Estos derechos, dada su primaca constitucional y axiolgica, gravitan sobre la totalidad de la actividad estatal, ya sea cuando estn directamente involucrados, ya sea como lmites que dibujan el permetro de libertad en el que las autoridades pueden desplegar discrecionalmente sus facultades.

En el Saln de Plenos de la SCJN, la Ministra sostuvo adems que la Primera Sala es consciente, y as lo ha reflejado en sus sentencias, de la importancia del imperio de la ley, del Estado de Derecho para su eficaz proteccin, por lo que ha entendido a la seguridad jurdica como un valor necesario, aunque no suficiente, para hacer efectivos los derechos humanos.

En este sentido, dijo, en su trabajo cotidiano, la Primera Sala ha asumido con absoluta seriedad su responsabilidad de garante de los derechos fundamentales hacindolos respetar por todos los poderes del Estado y, especialmente, por las normas que emiten y las interpretaciones directas que se efectan de la Constitucin y de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales.

Y al hacerlo, ha realizado una importante labor de interpretacin evolutiva del Derecho, para adaptar nuestras instituciones jurdicas, como el juicio de amparo, a las nuevas necesidades de proteccin de los derechos humanos.

Manifest que la Primera Sala ha asumido plenamente la responsabilidad que como Tribunal Constitucional le corresponde, de garantizar las condiciones que hacen posible el dilogo democrtico.

Entre estas condiciones, destacan varias sentencias sobre la proteccin de la libertad de informacin y de expresin, indispensable para la existencia de una prensa libre, as como la proteccin de derechos sociales fundamentales como la educacin, sin cuya provisin universal con ciertas caractersticas, es imposible pensar en el funcionamiento de una sociedad democrtica.

Destac que un Tribunal Constitucional, adems, tiene una importante labor en el sistema jurdico, consistente en generar precedentes con fuerza persuasiva y jurisprudencia obligatoria que generen seguridad jurdica, posibiliten un trato igual para todas las personas, y hagan viable el despliegue de su autonoma personal.

La Sala, durante el ao materia de este informe, ha procurado que su jurisprudencia, adems de respetar esos valores, sea congruente con una concepcin de los derechos humanos, de la Constitucin y de la democracia.

Reiter que en estos meses de intenso trabajo los Ministros de la Primera Sala se han fijado como propsito fundamental, emitir resoluciones que marquen el rumbo de la imparticin de justicia y sean muestra de su compromiso con el respeto irrestricto a los derechos humanos, a nuestra Constitucin, y con el claro objetivo de generar sentencias que brinden certeza y seguridad jurdica a los justiciables.

Mencion que este quehacer ha implicado una gran actividad de los integrantes de la Sala en el estudio, anlisis y discusin de los asuntos, en no pocas ocasiones, en largos, intensos y apasionados debates que enriquecen necesariamente los productos finales.

Resalt que la jurisprudencia de la Primera Sala no se genera espontneamente, en su conformacin confluyen mltiples elementos, por una parte la experiencia y formacin acadmica y profesional de los Ministros, por otra, la de nuestro cuerpo de secretarios, quienes adicionalmente al estudio de los asuntos que se resuelven, constantemente se actualizan con el conocimiento y anlisis de la doctrina nacional e internacional.

Y, de manera muy importante, con los planteamientos de las partes, quienes en un ejercicio dialctico, generan interpretaciones e ideas que nos llevan a conformar y definir nuestros criterios; en este contexto ha sido posible abordar temas de gran sensibilidad en nuestro entorno social.

En relacin con el ao estadstico, inform que la Primera Sala inici con una existencia de 1,239 asuntos, ingresaron 4,576, que suman un total de 5,815, de los cuales, egresaron 4,378.

Indic que la existencia inicial fue de 103 asuntos menos con relacin al ao anterior, ya que en este rango en 2016, se registr 1,342; sin embargo, se tuvo un incremento de ingresos de 744 asuntos, de tal forma que alcanzamos 641 asuntos ms en este periodo, lo que representa un 12.38%.

En cuanto a los egresos, expuso, se registraron 865 ms que en el perodo anterior, en el que la cifra fue de 3,513 asuntos, lo que represent un incremento del 24.62%.

A propsito de la informacin estadstica antes referida, extern su beneplcito por la implementacin de un sistema de informtica jurdica, cuya operacin se ha logrado con el apoyo de todos los integrantes de la Secretara de Acuerdos y de las ponencias y que se ha traducido en agilizar procesos y simplificar controles internos.

La introduccin de estos sistemas, constituye un esfuerzo a nivel de organizacin interna que indudablemente ha repercutido en una mejor atencin a los justiciables y en la posibilidad de agilizar la resolucin de los asuntos, lo que ha permitido satisfacer en gran medida el reiterado reclamo social para la pronta y expedita imparticin de justicia.

La Ministra Pia Hernndez expres su agradecimiento a todo el personal de la Secretara de Acuerdos de la Primera Sala, as como a los secretarios y personal operativo que integran las ponencias, por su invaluable compromiso, profesionalismo y alto sentido del deber constituye un invaluable apoyo para los Ministros y facilitan nuestra labor.

Asimismo, reconoci a los Ministros integrantes de la Primera Sala, Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Jos Ramn Cosso Daz, Alfredo Gutirrez Ortiz Mena y Arturo Zaldvar, su disposicin y gran compromiso para el logro de la relevante misin que tiene asignada la Primera Sala.

Finalmente tambin expres su reconocimiento por el apoyo incondicional para la realizacin de nuestras funciones al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, Ministro Luis Mara Aguilar Morales a quien, en lo personal, reconoci su trato siempre afable y cordial.

En su informe, la Ministra seal que la Primer Sala ha conocido de mltiples y muy actuales temas, por lo que hizo referencia a slo algunos de ellos que consideraron paradigmticos, entre los que destacan:

PRINCIPIO DE MXIMA DIVULGACIN EN MATERIA PENAL

Al resolver un amparo directo en revisin, respecto de la pelcula Presunto Culpable, la Primera Sala estableci criterios constitucionales relativos al inters pblico que le es propio al proceso penal.

As, reconoci que en virtud del artculo 20 constitucional, el proceso penal debe estar orientado a materializar el derecho a la verdad, la presuncin de inocencia, el combate a la impunidad y la reparacin del dao ocasionado por la comisin del delito; de este modo, a juicio de la Sala, la sociedad en general tiene un inters indubitable en conocer cmo se procura y administra la justicia penal en nuestro pas.

Asimismo, la Sala asent que el principio de mxima divulgacin ordena disear un rgimen jurdico en el que la transparencia y el derecho de acceso a la informacin sea la regla general, sometida a estrictas y limitadas excepciones, y especficamente en materia penal, se determin que la publicidad es una garanta constitucional y convencional del debido proceso y tiene la funcin de proscribir la administracin de justicia secreta, al someterla al escrutinio de las partes y del pblico y que se relaciona adems, directamente, con la obligacin de la transparencia e imparcialidad de las decisiones que se tomen.

DESAPARICIN FORZADA

Este fenmeno ha ido en aumento al grado de ser considerado una de las principales preocupaciones en el pas, pues constituye una violacin mltiple de varios derechos humanos, cuya prohibicin ha alcanzado el carcter de ius cogens.

Sobre ese tema, la Primera Sala confirm la negativa de amparo al declarar la constitucionalidad del artculo 215-A del Cdigo Penal Federal, nicamente en cuanto establece que el delito mencionado se puede cometer con independencia de que el sujeto activo participe en la detencin legal o ilegal de la vctima.

La Primera Sala estableci que, en efecto, la prohibicin de la desaparicin forzada tiene carcter de ius cogens, dado que coloca a la vctima en un estado de completa indefensin, lo que acarrea otras vulneraciones conexas y que es particularmente grave cuando se acredita que forma parte de un patrn sistemtico o prctica aplicada o tolerada por el Estado.

Sostuvo que el tipo penal no contraviene la Convencin Interamericana sobre Desaparicin Forzada de Personas, ni otros tratados internacionales en la misma materia, pues ninguno de esos instrumentos contempla como requisito para ser responsable de la comisin de una desaparicin forzada el haber participado en la detencin de la vctima y que, por el contrario, de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano en la materia, se entiende que el tipo penal de desaparicin forzada debe contemplar las conductas tpicas que el precepto establece.

SISTEMAS NORMATIVOS INDGENAS

La Sala reconoci que los sistemas normativos indgenas debidamente documentados con prueba idnea deben aplicarse en las controversias en las que son parte las personas, pueblos y comunidades indgenas y que la determinacin sobre su compatibilidad constitucional debe hacerse con una perspectiva intercultural, sin imponer una visin nica del mundo.

Sin embargo, tambin estableci que es posible que el reconocimiento de ciertos usos y prcticas culturales de las personas, pueblos y comunidades indgenas afecte los derechos humanos de quienes componen la comunidad indgena o de quienes se relacionan con ella.

Por tanto, en materia de igualdad y no discriminacin, se decidi que la aplicacin de los usos y costumbres indgenas no puede ser una excusa para intensificar la opresin, incluso al interior de las comunidades indgenas, de aquellos miembros tradicionalmente excluidos, como mujeres, nios y nias o personas con discapacidad; entre otros colectivos histricamente desaventajados.

As, la Primera Sala adems determin cuando se trate de violencia contra las mujeres y las nias, las costumbres culturales no pueden justificar dichas prcticas y las comunidades no podrn escudarse en el pluralismo jurdico para legitimarlas.

JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GNERO

Un tema de atencin especial y de mayor relevancia para la Sala ha sido el de juzgar con perspectiva de gnero, as se atendi al agravio relativo a la desigual valoracin de las pruebas al omitir el anlisis de la imputada por el delito de sustraccin de menores respecto de su menor hijo como vctima de violencia por su condicin de mujer y sus circunstancias personales.

La Sala advirti que el Tribunal Colegiado no juzg con perspectiva de gnero y no vel por el inters superior del menor involucrado; toda vez que decidi sin identificar las discriminaciones que de derecho o de hecho pueden sufrir, ya sea directa o indirectamente, con motivo de la aplicacin del marco normativo e institucional mexicano y, sin tomar en consideracin los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurdico y las prcticas institucionales pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres.

SEPARACIN DE LOS MENORES CUANDO SUS MADRES ESTN EN RECLUSIN

Otro asunto de gran sensibilidad lo constituy el relativo a la sentencia en la que se estableci que las nias y los nios que viven en prisin por virtud de la reclusin de sus progenitoras, no pueden ser distanciados de manera tajante de sus madres por las autoridades penitenciarias, puesto que la alteracin abrupta de la relacin maternal puede ocasionarles la prdida de su principal fuente de recursos emocionales y psicolgicos, comprometiendo su desarrollo social, emocional y cognitivo.

As, la Sala determin que si bien se visibilizan las dificultades que puede afrontar la relacin entre una madre y su hijo cuando aqulla est privada de su libertad; el proceso de separacin de los menores debe conducirse de manera gradual y sensible con el nio, tomando en cuenta cuidadosamente sus intereses y asegurando que con posterioridad, madre e hijo mantengan un contacto cercano y frecuente, en un espacio apropiado, a la luz de lo que resulte mejor para

el inters del menor y se resalt el especial deber del Estado para velar porque la separacin se lleve a cabo con respeto de los derechos y necesidades de los menores.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LES RESULTA EXIGIBLE DILIGENCIA PROFESIONAL, EN VISTA DEL INTERS SUPERIOR DEL NIO Y EL DERECHO A SU PROTECCIN INTEGRAL

Otro tema sumamente sensible que se plante en la Sala tuvo que ver con la negligencia de una institucin educativa privada en adoptar medidas de cuidado para su comunidad, especficamente, respecto de un menor.

En el caso, un nio de preescolar, dentro de las instalaciones del instituto donde estudiaba, sufri diversas lesiones en varios incidentes. La madre, demand el pago de la reparacin del dao, gastos mdicos y hospitalarios, de tratamiento psicolgico, el dao moral, entre otros.

Para la Primera Sala la reparacin del dao que es exigible a una institucin que presta servicio educativo y a su personal, resulta de la diligencia profesional que les corresponde en vista del inters superior del nio y el derecho a su proteccin integral, mediante la observancia de los estndares cimentados en la dignidad, integridad, educacin y no discriminacin; por lo que es inaceptable que la condena respectiva se finque nicamente desde la ptica de la responsabilidad contractual.

De ah que concurran tanto la responsabilidad contractual, derivada de la prestacin del servicio educativo como la extracontractual, originada en la negligencia o inobservancia del deber de cuidado, como causa fundante de las lesiones sufridas por el nio.

RESPETO DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE UN MENOR PRODUCTO DE UN PROCESO DE INSEMINACIN ARTIFICIAL

Muchos son los temas jurdicos a dilucidar en el marco de los avances cientficos relacionados con las tcnicas de reproduccin asistida, en este entorno, la Primera Sala resolvi un caso planteado en el que un matrimonio de comn acuerdo ocurri a un tratamiento de inseminacin artificial utilizando el semen de un donador annimo, con lo que se logr el nacimiento de un menor; posteriormente se divorciaron.

En el caso, la cnyuge promovi juicio para el desconocimiento de paternidad en contra de quien fuera su esposo, la accin se declar improcedente al considerar que a pesar de que se encontraba cientficamente comprobado que no era el padre biolgico del menor, al haber consentido el mtodo que se utiliz para la concepcin de ste, legalmente se considera su progenitor.

La Sala determin que en el supuesto de inseminacin artificial, el contenido y alcance del derecho humano a la identidad del menor, en cuanto a conocer su origen biolgico cede y se privilegia el diverso elemento consistente en el derecho del menor a desarrollarse como miembro de una familia, con la preservacin de relaciones jurdicas y afectivas que le permitan ver satisfechos otros derechos fundamentales, esto, a travs del establecimiento de una autntica filiacin parental con los progenitores que consintieron su procreacin.

DERECHO A LA CULTURA

Se plante un interesante asunto en el que varios artistas y promotores de la cultura reclamaban que un proyecto denominado Ciudad de las Artes, haba quedado inconcluso. La Primera Sala determin que el Estado tiene la obligacin de proteger el ncleo esencial de los derechos sociales.

As, cuando una violacin a stos afecte la dignidad de las personas, los tribunales deben ordenar la proteccin inmediata del derecho. La Sala sostuvo que una vez satisfecho el ncleo esencial de los derechos sociales, el Estado debe lograr progresivamente su realizacin plena.

En el caso se advirti que el Estado no haba violado los deberes que surgen del derecho a la cultura, especficamente, el derecho a prestar servicios culturales, debido a que la omisin reclamada no afectaba la dignidad de las personas que pedan el amparo, y que tal omisin se inscriba dentro de una poltica pblica razonable sin que implicara una regresin normativa porque no se reform alguna norma que hubiera eliminado o restringido un derecho otorgado a los quejosos.

Igualmente consider que no se vulner la obligacin de progresividad en la satisfaccin del derecho de acceso a la cultura, en razn de que en el caso se advirti la existencia de una poltica pblica razonable sobre el acceso a las personas a distintos bienes e infraestructuras culturales.

DERECHO DE RPLICA

Sobre la Ley Reglamentaria del Derecho de Rplica, la Primera Sala determin que el estndar de malicia efectiva no resulta aplicable al ejercicio del derecho de rplica de funcionarios pblicos y el ejercicio de este derecho debe proceder independientemente de la intencin del informador en la difusin de la informacin falsa o inexacta.

En el ejercicio del derecho de rectificacin o respuesta de un funcionario pblico debe prevalecer el inters social en que se difunda la informacin cuyo nico objetivo es aclarar aquella falsa o inexacta y, en este sentido, la falta de intencin del medio de comunicacin de causar un dao al funcionario pblico, no tiene el alcance de limitar su ejercicio, pues lo que se pretende no es sancionar a quien difunde la informacin, sino restaurar el equilibrio informativo en beneficio de la sociedad.

La Sala aclar que la inexactitud en la informacin que da procedencia al derecho de rplica debe interpretarse con relacin a los criterios construidos en torno a la obtencin y difusin de informacin veraz.

La exigencia de veracidad, lejos de requerir un informe puro, claro e incontrovertible, demanda un ejercicio razonable de investigacin y comprobacin tendente a determinar que los hechos que se difunden tienen suficiente asiento en la realidad.

Por otra parte, sostuvo que la obligacin de los medios de comunicacin de transmitir gratuitamente informacin en ejercicio del derecho de rplica, independientemente de que se trate de una insercin pagada, es un mecanismo legtimo e idneo para fomentar la responsabilidad en la difusin de la informacin lo que resulta, no solo acorde, sino necesario para el ejercicio de la libertad de expresin.

BLOQUEO DE CUENTAS

La Primera Sala resolvi la inconstitucionalidad del artculo 115 de la Ley de Instituciones de Crdito, al estimarse que las facultades ah asignadas a la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, en materia de inteligencia financiera y concretamente, en lo referente a la posibilidad de establecer una lista de personas bloqueadas que les impida hacer uso de los servicios financieros es violatoria del artculo 21 constitucional e invade las facultades del Ministerio Pblico, adems de vulnerar la garanta de audiencia y el principio de presuncin de inocencia.

En este sentido, la Primera Sala determin que el bloqueo de cuentas con relacin a la probable comisin de los delitos precisados en la norma declarada inconstitucional, es procedente a instancia del Ministerio Pblico y mediante control judicial.

AMPARO CONTRA OMISIONES LEGISLATIVAS ABSOLUTAS

A partir de la premisa de que todas las autoridades tienen la obligacin de respetar la Constitucin, en una trascendente resolucin se estableci que cuando existe un mandato constitucional, el Poder Legislativo no es libre para decidir no legislar, sino que puede ser obligado a ello por los tribunales de amparo, pues stos tienen facultades para analizar la constitucionalidad tanto de las leyes como de las omisiones, y ordenar la restitucin de los derechos de los quejosos cuando stos son violados.

As, la Primera Sala determin que la omisin del Poder Legislativo de expedir la ley que regule el gasto en publicidad oficial, viola la libertad de expresin, de prensa y de informacin ya que este derecho requiere de medios de comunicacin libres, que transmitan a los ciudadanos todo tipo de opiniones, para lo cual, es necesario que cuenten con ingresos econmicos suficientes. La ausencia de regulacin en publicidad oficial propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicacin social, con lo que se restringe indirectamente la libertad de expresin.

Para sostener lo anterior estableci que a travs del amparo se pueden proteger derechos fundamentales de naturaleza colectiva o difusa, como los de educacin, vivienda y salud, entre otros. Estos derechos, al no ser estrictamente individuales, involucran a ms personas por lo que sera imposible protegerlos sin beneficiar a personas ajenas al juicio. En este sentido, se consider que se deba reinterpretar el principio de relatividad para que sea compatible con el fin del juicio de amparo, que es la proteccin de todos los derechos fundamentales.


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