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Comunicados de Prensa

No. 217/2016

Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2016

RATIFICA SEGUNDA SALA COMPROMISO CON LA CONSOLIDACIN DEL ORDEN JURIDICO Y LA PROTECCIN A LOS DERECHOS HUMANOS: MINISTRO ALBERTO PREZ DAYN

Si bien todava queda camino por recorrer, la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, como mximo intrprete de la Constitucin, ha perfilado y posibilitado un significativo avance en la consolidacin del sistema de proteccin de los derechos humanos, dijo al rendir el informe de labores de la Segunda Sala del Alto Tribunal.

El Ministro Alberto Prez Dayn, Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin (SCJN), ratific el compromiso de ese rgano colegiado con la consolidacin del orden jurdico y la proteccin a los derechos humanos, pese a los ataques de quienes no desean un Mxico prspero y pacfico.

Al rendir el informe de labores de la Segunda Sala correspondiente al periodo del 1 de diciembre de 2015 al 30 de noviembre de 2016, en el saln de Plenos del Alto Tribunal, afirm que los esfuerzos del Poder Judicial de la Federacin estn orientados a garantizar a todos los mexicanos el acceso a la justicia.

Aun ante los cobardes embates, dolorosos daos y prdidas personales irreparables que nos han infligido quienes no desean un Mxico prspero y pacfico, seguiremos concentrando con tesn y compromiso nuestros esfuerzos en la consolidacin del orden jurdico mexicano y de su elaborado sistema de proteccin a los Derechos Humanos, de modo que sean los principios rectores de tales objetivos los que orienten el sentido de sus fallos, a fin de garantizar el acceso a la justicia que el Constituyente originario anhel.

Respecto del prximo relevo en la Presidencia de la Segunda Sala, el Ministro Prez Dayn dijo tener la satisfaccin personal del deber cumplido, y consider que, con una nueva conduccin de los trabajados en 2017, las cosas se harn mejor, pero me convenzo de que las bases para ello aqu se quedan.

En la introduccin de su informe, agradeci a los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos y a los seores Ministros Juan Silva Meza, hoy en retiro, y Jos Fernando Franco Gonzlez-Salas, su voto de confianza al designarlo, entonces, Presidente de la Segunda Sala, e hizo un reconocimiento a su siempre invaluable apoyo, su compaerismo, su consejo y su incondicional solidaridad.

Tambin hizo extensivo su agradecimiento a los Ministros Eduardo Medina Mora y Javier Laynez Potisek, por la contribucin de ambos al logro de los resultados alcanzados.

Sin embargo, y por encima de todo, ninguno de los retos y desafos hoy superados hubiera sido alcanzado, sin la incondicional entrega de todo el personal adscrito a las ponencias y a la Secretara de Acuerdos de la Sala, quien con esfuerzo y dedicacin hizo posible, y seguir hacindolo en lo futuro, el ptimo desempeo de la misma, destac.

Afirm que si bien todava queda camino por recorrer, la SCJN, como mximo intrprete de la Constitucin ha perfilado y posibilitado un significativo avance en la consolidacin del sistema de proteccin de los derechos humanos, con la adopcin de medidas funcionales que permiten garantizar el mejor y ms eficaz acceso a la justicia, como el Sistema Electrnico del Poder Judicial de la Federacin.

Con esta herramienta, explic, es posible enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, as como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias, mediante el empleo de las ms avanzadas tecnologas de la informacin.

En el ao judicial que concluye, precis, dicho sistema permiti integrar, a partir de expedientes impresos, 3 mil 540 electrnicos, y de las 31 solicitudes formuladas por las partes para realizar consultas, presentar promociones y recibir notificaciones, 27 se acordaron favorablemente, en tanto los interesados gestionaron y recibieron la firma electrnica que los autentifica y autoriza para actuar vlidamente.

Otro de los logros alcanzados en este rubro, enfatiz, fue la optimizacin en el uso de las herramientas cibernticas para comunicar a los rganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federacin, todas las resoluciones definitivas dictadas por esta Sala, el mismo da en que quedan autorizadas, es decir, las sentencias pronunciadas por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nacin son legalmente recibidas por la va electrnica, en menos de veinticuatro horas siguientes a su firma.

En una vertiente paralela integrada al Mdulo de Trmite de Intercomunicacin de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin (MINTERSCJN), se cre un apartado que permite enviar las resoluciones definitivas una vez autorizadas, a los rganos jurisdiccionales revisados, lo cual facilit la remisin de testimonios, liberando a las ponencias de la responsabilidad de elaborarlos fsicamente, mejorando con ello el aprovechamiento de los recursos humanos de este Alto Tribunal en otras tareas.

De esta forma, explic el Ministro Prez Dayn, el documento autorizado y digitalizado, es comunicado el mismo da por va electrnica al rgano de origen, que genera el acuse de estilo para constancia, imprime los testimonios necesarios y procede a notificarlos a las partes.

Resultados de la funcin jurisdiccional

Durante el periodo del informe, detall el Ministro, ingresaron 3 mil 891 asuntos, que sumados a los 726 en existencia, dan un total de 4 mil 617, de los cuales egresaron 3 mil 428, es decir, 74.25 por ciento del total, quedando pendientes de trmite y resolucin mil 189 expedientes.

De los asuntos egresados, 19 se remitieron al Tribunal Pleno o a la Primera Sala para su resolucin; 86 causaron baja por acuerdo de Presidencia y 3 mil 323 se fallaron en 42 sesiones celebradas por la Sala, esto es, 79 asuntos resueltos, en promedio, por cada sesin semanal.

De los asuntos resueltos, se decidieron 652 amparos directos en revisin; 275 amparos en revisin; 153 conflictos competenciales; 166 contradicciones de tesis, 159 facultades de atraccin; 916 recursos de inconformidad y 798 recursos de reclamacin, que en total representan el 93.86 por ciento de los asuntos fallados en el periodo que se informa. La materia que prevaleci en los juicios de amparo y en las contradicciones de tesis, fue la administrativa.

En el trmite de los asuntos, se dictaron 13 mil 608 acuerdos de Presidencia y se practicaron 16 mil 993 notificaciones. La Sala emiti adems 136 tesis aisladas y 205 jurisprudencias.

El Ministro Prez Dayn detall tambin algunos de los asuntos ms relevantes resueltos en la Sala, que captaron el inters de la sociedad y de la comunidad jurdica.

En materia de equidad de gnero, cit el amparo promovido en contra del artculo 152 de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 12 de marzo de 1973, por violacin a los principios de igualdad y no discriminacin, impone requisitos adicionales para obtener una pensin al viudo de los que exige a las viudas, como acreditar una incapacidad total y dependencia econmica respecto de la trabajadora fallecida.

La Segunda Sala consider que esta disposicin otorga un trato diferenciado no razonable ni justificado entre gneros, en menoscabo de los derechohabientes varones, afectando su rgimen de seguridad social integral, al privarles de un beneficio pensionario y, ms an, de las prestaciones econmicas, mdicas y asistenciales que deben corresponderles.

En resumen, se decidi que el artculo 152 de la Ley del Seguro Social es contrario a los derechos fundamentales de igualdad, no discriminacin y seguridad social previstos en los artculos 1, 4 y 123, apartado A, fraccin XXIX, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.

Respecto del derecho a la igualdad entre el varn y la mujer, agreg, se concedi el amparo solicitado en contra de las disposiciones de la Ley del Seguro Social y los ordenamientos que regulan la prestacin y operacin del servicio de Guardera del Instituto Mexicano del Seguro Social, dispositivos que hacen distincin de este beneficio, al otorgarlo sin taxativas a las aseguradas, mientras que para los varones establecen requisitos injustificados.

Para la Segunda Sala el derecho de igualdad entre el hombre y la mujer que establece el artculo 4 de la Constitucin Federal, busca que ambos sean tratados de la misma manera frente a la ley, lo cual, en el caso concreto, implica que todos en su calidad de trabajadores derechohabientes gocen de los beneficios que brinda la seguridad social, entre ellos, el servicio de guardera, seal.

Por ello, se concedi el amparo para que la autoridad responsable otorgue al quejoso el servicio de guardera para sus menores hijos en los mismos trminos y condiciones que a las madres aseguradas. Este fue un caso resuelto con amplia perspectiva de gnero, donde se igual al varn frente a la situacin de la mujer, dijo el Ministro.

En materia de derechos humanos, la Sala fij un importante precedente con motivo de la proteccin y defensa de un menor, cuyos padres ejercieron accin legal en contra de una revista que public su imagen en una fotografa tomada en el cunero de un hospital, sin autorizacin de aqullos y se utiliz con fines de lucro.

La Sala determin que el derecho a la imagen es parte de las prerrogativas inherentes a las personas y se erige como una limitante al ejercicio libre del mismo por terceros, al impedir que sin el consentimiento de una persona, cualquier tercero la explote a conveniencia, lo cual se justifica y evidencia con mayor intensidad tratndose de menores de edad, como sucedi en el caso concreto.

La Segunda Sala tambin emiti fallos que ampliaron la proteccin a los derechos humanos de grupos vulnerables, como el referente a educacin sexual de los menores, prevencin y salud reproductiva.

En este caso, padres de familia impugnaron la constitucionalidad de diversos artculos de la Ley General de los Derechos de las Nias, Nios y Adolescentes, por considerarlas violatorias del inters superior del menor, provocar discriminacin por razn de su gnero, limitar indebidamente la patria potestad de los padres, y generar un ambiente nocivo en detrimento de los nios, nias y adolescentes.

Al resolver el caso, la Segunda Sala estim que los artculos impugnados no son contrarios al inters superior del menor ni al derecho de los padres de educar a sus hijos, por hacer referencia a la libertad sexual de las personas, no estn dirigidos a influir en cuestiones atinentes a la sexualidad de los menores de edad, ni atentan contra la creacin de un entorno seguro y propicio, sino se limitan a reconocer y proteger el derecho humano de igualdad ante la ley y la libre determinacin de las personas.

El hecho de que la ley reclamada prevea la obligacin de las autoridades de garantizar a los menores el acceso a mtodos anticonceptivos, as como asesora y orientacin sobre salud sexual y reproductiva, no es inconstitucional, el derecho humano al nivel ms alto posible de salud fsica y mental comprende, tanto lo relativo a la informacin para su salud y desarrollo, como lo es la educacin, sensibilizacin y dilogo en servicios de salud sexual y reproductiva, o lo relacionado con el acceso a los mtodos anticonceptivos.

Una informacin pertinente, adecuada y oportuna en la que se tengan en cuenta las diferencias del nivel de comprensin y que se ajuste a su edad y capacidad, es una de las medidas ms eficaces para proteger a los menores contra las enfermedades de transmisin sexual y a concientizarlos para prevenir un embarazo prematuro, puntualiz la Sala.

De acuerdo con la sentencia, el Estado no pretende sustituir la funcin protectora y orientativa de los padres de familia respecto a la salud y desarrollo de los menores, sino que ambos, padres y autoridades, tienen funciones distintas y complementarias que resultan necesarias para la proteccin de los nios y adolescentes.

La Segunda Sala tambin ampar a un grupo de personas mayores de edad con discapacidad que tramitaron un juicio de amparo y, al hacerlo, el Juez de Distrito les design un representante especial por esa condicin, resolucin que impugnaron por considerar que, con esa designacin, se desconoce su capacidad y personalidad jurdica y, por tanto, se obstaculiza su derecho de acceso efectivo a la justicia.

La Sala resolvi que las personas con alguna discapacidad pueden acudir al juicio de amparo por propio derecho, inclusive cuando tengan legtimo representante, y que si bien el legislador previ la posibilidad de que cuando una persona con discapacidad promueva un juicio de amparo, pueda existir un apoyo en su tramitacin, la persona con discapacidad tiene el derecho de elegirlo y, en su caso, de rechazar la designacin oficiosa a cargo del juzgador.

Otro tema de relevancia resuelto por la Segunda Sala, destac el Ministro Prez Dayn, fue el relacionado con el derecho a la privacidad de las comunicaciones e integridad de las personas y la geolocalizacin en tiempo real.

Los Ministros determinaron que la obligacin prevista en los artculos 189 y 190, fracciones I, II y III, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusin, de proporcionar a las autoridades competentes los datos relativos a la localizacin geogrfica en tiempo real de los equipos de comunicacin mvil, sin autorizacin judicial, no constituye una violacin al derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones.

Sealaron que tal solicitud no se dirige a persona alguna en concreto, ni se relaciona con la obtencin de informacin vinculada con las comunicaciones o sus procesos comunicativos, sino nicamente a la ubicacin geogrfica de un equipo asociado a una lnea telefnica determinada con la que se est cometiendo un delito, en el momento preciso en que se produce la bsqueda, como una respuesta inmediata al proceso de investigacin.

Determinaron que la geolocalizacin en tiempo real persigue un fin legtimo, es necesaria para la obtencin de un objetivo lcito, y resulta proporcional, favorece el combate a las actividades delictivas mediante el uso de tecnologas no invasivas en materia de telecomunicaciones.

La Sala concluy que para solicitar y recibir la informacin de datos estructurados, es decir, aquella que es conservada hasta por dos aos por los concesionarios o permisionarios en materia de telecomunicaciones y que incluye nombre y domicilio del usuario, tipo de comunicacin, origen y destino de las llamadas, fecha, hora y duracin de las mismas, as como el servicio de mensajera o multimedia, se debe observar lo dispuesto por el artculo 16 de la Constitucin Federal, esto es, que la entrega de sta slo proceder con la autorizacin del Juez de Control, a peticin de quien est legalmente facultado para solicitarla.

La Segunda Sala se pronunci tambin por los derechos de los usuarios de los servicios de telefona mvil al negar a varias empresas operadoras el amparo que promovieron en contra del artculo 191, fracciones V, XVI, XX y XXI, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusin, que establecen diversos derechos en favor de los usuarios de los servicios de telefona mvil en su calidad de consumidores.

En materia fiscal la Segunda Sala aval la constitucionalidad de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que regulan el buzn tributario y la contabilidad y revisin electrnicas.

Los Ministros establecieron que las normas impugnadas establecen un modelo de comunicacin entre la autoridad hacendaria y los contribuyentes compatible con el orden constitucional, mediante el empleo de nuevas tecnologas en materia de comunicacin e informacin, de manera que su regulacin es clara, no produce ninguna afectacin arbitraria y facilita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, agilizando los procesos de recaudacin y comprobacin.

En el rea de derecho a la salud, la Segunda Sala declar constitucional el Impuesto Especial sobre Produccin y Servicios fijado para los alimentos no bsicos con alta densidad calrica y concentrados para preparar bebidas saborizadas con azcar aadida.

Los Ministros consideraron que la forma en que se regula este tributo no viola los principios de equidad, legalidad, seguridad jurdica e irretroactividad, pues no da un trato desigual entre contribuyentes; su objeto est definido claramente en la ley y obedece a un fin constitucionalmente vlido, adems de recaudar previene la obesidad entre menores, adolescentes y adultos, bajo la proteccin de la salud y el derecho a una sana alimentacin.

En materia de derecho regulatorio, la Sala ratific la constitucionalidad del artculo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusin, que prohbe a concesionarios de radiodifusin de uso social obtener patrocinios, y estableci que la diferencia respecto de las concesionarias de uso pblico est justificada porque cada una de ellas persigue objetivos distintos y adquiere, por lo mismo, obligaciones diversas frente al Estado y la ciudadana.


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