Plataforma Nacional de Transparencia

Comunicados de Prensa

No. 216/2016

Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2016

INDISPENSABLE FORTALECER A LAS INSTITUCIONES DE IMPARTICIN DE JUSTICIA CON RESOLUCIONES QUE GARANTICEN LA DEFENSA DE LOS PRINCIPIOS DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRTICO DE DERECHO: MINISTRA PIA HERNNDEZ

Debemos permanecer atentos para generar jurisprudencia til que contine evolucionando y que evidencie el contenido de los derechos humanos y concrete su proteccin, dijo al rendir su primer informe de labores ante el Pleno del Alto Tribunal.

Hizo ver que el trabajo jurisdiccional debe desarrollarse sin incurrir en formalismos rigurosos y sin asumir protagonismos excesivos.

Nuestro pas est sufriendo cambios importantes y nuestras prcticas legales no son la excepcin, por lo que esta reconfiguracin de la realidad hace indispensable que las instituciones de imparticin de justicia, se fortalezcan con resoluciones que garanticen a la sociedad, la defensa de los principios de un Estado constitucional y democrtico de derecho, sin incurrir en formalismos rigurosos y sin asumir protagonismos excesivos, afirm la Ministra Norma Pia Hernndez, Presidenta de la Primera Sala, al rendir su Informe de Labores 2016.

Ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin (SCJN), la Ministra Pia Hernndez seal que los Ministros de la Primera Sala somos sabedores que debemos permanecer atentos a la dinmica social y a los diversos planteamientos que formulen las partes con el fin de generar jurisprudencia til, que contine evolucionando y que evidencie el contenido de los derechos humanos y concrete su proteccin.

Asever que el trabajo comprometido, slido y congruente de los Ministros ha permitido ejercer su funcin jurisdiccional y desarrollar una doctrina constitucional de los derechos humanos que contine dotndolos de contenido y a la vez que otorgue certeza a los justiciables.

La Ministra Pia Hernndez consider que la aplicacin de la Ley de Amparo vigente, ha permitido la coyuntura para continuar construyendo la interpretacin lgica y accesible que permita su aplicacin y funcionamiento atendiendo a la teleologa de este juicio, esto es, tutelar los derechos fundamentales, apartndose de formulismos exagerados y observando a las normas que la integran como lo que son, instrumentos para lograr la tutela judicial efectiva.

Luego de reconocer la labor efectuada por el Ministro Alfredo Gutirrez Ortiz Mena, quien hasta el 30 de septiembre del ao en curso dirigi los trabajos de la Primera Sala, la Ministra Presidenta manifest que otro tema emergente en este nuevo escenario legal es, indudablemente, el inicio de operacin del sistema acusatorio en materia penal.

Lo que ha implicado el desarrollo de criterios enfocados a la instrumentacin de la actividad jurisdiccional, con base en los principios bsicos inherentes a este sistema como son los de oralidad, concentracin, inmediacin, libre valoracin de la prueba, presuncin de inocencia y contradiccin, por mencionar slo algunos.

Destac que debemos estar conscientes que este cambio no es fcil, debido a que la incorporacin del nuevo Sistema de Justicia Penal en la vida jurdica del pas ha implicado la ruptura de mltiples esquemas y atavismos.

Por lo que la solidez de las lneas jurisprudenciales que se establezcan constituye una ruta consistente en la imparticin de justicia en todos los niveles, bajo la premisa de que el proceso penal tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daos causados por el delito se reparen, principio consagrado en el artculo 20 de nuestra Constitucin, cuyo fin ltimo es garantizar los derechos fundamentales de todos los gobernados que se ven inmersos en un hecho delictuoso.

En el informe de labores que comprende del 1 de diciembre de 2015 al 30 de noviembre de 2016, la Ministra Pia Hernndez hizo hincapi en algunos de los criterios que han destacado por sus implicaciones en la tutela de los derechos fundamentales consagrados en la Constitucin y en los tratados internacionales que nuestro pas ha suscrito.

Uno de los criterios, que la Ministra Presidenta destac fue el de la constitucionalidad de la agravante del delito de homicidio en razn de sexo.

En este asunto la Sala analiz la constitucionalidad del artculo 126 del Cdigo Penal del Estado de Chihuahua, que prev una agravante del delito de homicidio cuando la vctima sea del sexo femenino, a la luz del derecho de igualdad.

En su resolucin, la Sala seal que si bien la norma persegua un fin constitucionalmente imperioso, como es garantizar el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminacin basada en el gnero, el artculo en cuestin no resultaba idneo, en tanto su formulacin era sobreinclusiva al comprender conductas que no estaban vinculadas, necesariamente, con privar de la vida a una mujer en razn de gnero, y a las que corresponda la misma sancin.

Otros de los criterios que resalt fue el de tortura, si no existe autoincriminacin del inculpado, es improcedente reponer el procedimiento. En este caso, sostuvo que la violacin al derecho fundamental a no ser objeto de tortura, impacta en el proceso penal y obliga a la reposicin del procedimiento cuando el inculpado ha emitido confesin de los hechos o existe alguna otra declaracin o informacin autoincriminatoria.

Sin embargo, precis, que cuando esta confesin no existe, y del examen de las circunstancias se llega a la conviccin de la inexistencia de otras pruebas que deriven directamente de la alegada tortura, con independencia de la denuncia respectiva, lo cierto es que, resulta contraproducente ordenar la reposicin del procedimiento, al no generar consecuencias procesales, por no haber confesin que excluir, ni conexin con otras pruebas; con la reposicin del procedimiento slo se incide en perjuicio de las partes, afectando gravemente el derecho fundamental de pronta y expedita imparticin de justicia, que se consagra en el artculo 17 de la Constitucin.

Otro relevante, indic, fue al derecho de los padres a determinar el nombre de sus hijos. En el caso, la Sala determin que los padres tienen derecho de elegir el orden de los apellidos de sus hijos, sin que el Estado pueda limitarlo y si bien en la evolucin legislativa del precepto en anlisis se pretendi brindar seguridad jurdica en las relaciones familiares, al mencionarse un orden especfico se privilegia la posicin del apellido paterno y con ello, se da preeminencia al hombre en el ncleo familiar.

Efectivamente, la prctica de colocar el apellido del hombre primero, tiene como trasfondo histrico la concepcin de ste como jefe y portador del apellido de la familia, y relega a la mujer a un rol secundario.

La Ministra Presidenta de la Primera Sala habl tambin del derecho humano a la salud, consentimiento informado, en la cual sostuvo que ste es el derecho del paciente de otorgar o no su consentimiento vlidamente informado sobre la realizacin de tratamientos o procedimientos mdicos.

Respecto al tema del consentimiento, el artculo 23 del Cdigo Civil Federal dispone, como regla general, que los menores de edad son incapaces; as, su voluntad se suple mediante el consentimiento de quien ejerza la patria potestad, y es a stos a quienes les corresponde manifestar su aquiescencia para legitimar la realizacin de los tratamientos destinados a mejorar las condiciones de salud de los menores, intervencin que ha de ir siempre encaminada a favorecer la salud del representado.

De este modo, dijo, surge el consentimiento por representacin, como presupuesto fundamental para garantizar la efectiva proteccin de los derechos a la vida, a la salud y a la integridad fsica de quienes no estn en capacidad de decidir de manera autnoma sobre su propio cuerpo.

En el criterio Inters superior de la infancia, restricciones en caso de actos de violencia contra los menores, la Ministra Pia Hernndez apunt que la Sala en dos precedentes reiter su postura de que los derechos de los menores requieren de una proteccin reforzada, conforme a su inters superior y de acuerdo con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado Mexicano en la materia.

En ese sentido, dijo, estableci que las normas de nuestro derecho interno no deben tolerar ni justificar, mediante referencias implcitas o explcitas, la violencia contra los menores, ni aun cuando se trate de regular el ejercicio de los deberes de formacin que asisten a quienes ejercen la patria potestad, debe pugnarse por erradicar el uso tradicionalmente aceptado de la violencia como forma para disciplinar a los nios, que rie con la dignidad humana.

Por lo tanto, expuso que se determin que el Estado no debe propiciar su concepcin a travs de su reconocimiento en normas generales porque ello perpeta su aceptacin en nuestra sociedad a partir de nuestro propio sistema legal.

Sin embargo, la Sala precis que la patria potestad, acorde con su funcin tutelar, slo debe perderse cuando resulte ser una medida necesaria, idnea y eficaz para preservar el inters superior del menor.

Otro criterio que destac la Ministra Pia Hernndez fue el derecho a la lengua indgena, el cual se analiz si el primer prrafo del artculo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusin transgrede el derecho de las personas indgenas a expresarse en su lengua, en las transmisiones de las estaciones radiodifusoras de los concesionarios.

Al respecto, dijo, se abord el estudio de los derechos lingsticos que amparan el derecho de los pueblos y personas indgenas a fundar o utilizar los medios de comunicacin y se estableci que ese ejercicio deber hacerse en condiciones de no discriminacin, y mediante la adopcin de medidas por parte del Estado que lleven a asegurar la diversidad cultural en dichos medios.

En consecuencia, apunt, se declar inconstitucional la porcin normativa del artculo 230, citado que seala que: En sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los concesionarios debern hacer uso del idioma nacional.

Ello, dijo, porque ese artculo establece el uso de una sola lengua nacional entendida sta como el espaol en las estaciones radiodifusoras de los concesionarios, cuando la Constitucin General protege de igual manera a las lenguas indgenas, con lo que se reconoce el derecho de las personas indgenas de acceder a las concesiones comerciales con el uso de su lengua nativa.

El derecho humano a la educacin, autonoma universitaria y principio de progresividad fue otro de los criterios que hizo notar la Ministra Presidenta. En el asunto, relat, una estudiante impugn la constitucionalidad del Acuerdo de un Consejo Universitario a travs del cual se determin, que los alumnos que cursaran la educacin media superior y superior, deberan cubrir las cuotas de inscripcin o reinscripcin correspondientes en sus respectivas escuelas y facultades, niveles educativos que en la Constitucin estatal se establecen como gratuitos.

Ello, llev a determinar que si bien la Carta Magna no obliga, en principio, a que el Estado Mexicano provea de manera gratuita la educacin superior, sin embargo, cualquier autoridad, puede extender la gratuidad a este nivel, de acuerdo con el principio de progresividad previsto en el artculo 1 Constitucional, y en diversas normas internacionales, ya que ello ampla el contenido del derecho humano a la educacin.

Y, mencion, que si bien es cierto que en ejecutorias anteriores se ha establecido que el derecho fundamental a la educacin es un derecho social.

La Sala, indic, fij el criterio de que su alcance y tutela tambin estn sometidos, entre otros, al principio de progresividad y cualquier limitacin en ciertas condiciones excepcionales (como por ejemplo, la carencia de recursos de la institucin, que se agot el presupuesto, y/o que los recursos se han destinado a la proteccin de otro derecho fundamental de mayor importancia), debe ser plenamente justificada y someterse a un escrutinio judicial intenso.

En el caso, explic, que la concesin del amparo implic para el Gobernador, transferir a la Universidad los recursos necesarios para garantizar la gratuidad de la educacin que reciba la quejosa, hasta el nivel licenciatura, lo que incluye, al menos, cubrir las cuotas de inscripcin con cargo al presupuesto del Estado. Y para la Universidad y sus autoridades, abstenerse de vulnerar la gratuidad de la educacin superior que reciba la quejosa, esto es, como mnimo, evitar cobrarle las cuotas de inscripcin durante su educacin superior.

Otros de los criterios relevantes que subray fueron procedimiento abreviado en el nuevo sistema de justicia penal; derecho a interrogar testigos en el proceso penal; derecho humano de notificacin, contacto y asistencia consular; derecho a la vivienda, digna y decorosa.

As como: inconstitucional la norma que establece obligaciones diferenciadas en razn de gnero, medidas de reparacin de violaciones a derechos humanos en el amparo responsabilidad ambiental.

La ministra Pia Hernndez agradeci a sus pares de la Primera Sala por su profesionalismo, compromiso y sensibilidad en la decisin de los asuntos; al Ministro Presidente Luis Mara Aguilar Morales por su calidez, sentido humano, vigor e incansable actividad y por su firme conduccin al frente de la Presidencia del Ato Tribunal, y al personal de la Primera Sala por los resultados plausibles en la labor jurisdiccional.


Formulario de consulta Imprimir