Comunicados de Prensa

EL DEBIDO PROCESO NO ES UN OBSTÁCULO NI UN PRETEXTO, SINO UNA GARANTÍA PARA TODOS: MINISTRO PRESIDENTE

• Mientras no existan pruebas lícitas que así lo demuestren, los jueces no pueden seguir por el camino fácil de condenar a alguien por apariencia, sostuvo durante la inauguración del XXII Encuentro anual de presidentes y magistrados de tribunales, cortes y salas constitucionales de América Latina.

• La Suprema Corte de Justicia de México ha reconocido que los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la formación de la cultura pública y junto con la libertad de expresión y el derecho a la información son piezas centrales para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa, manifestó.

El debido proceso legal no es un obstáculo ni un pretexto; es una garantía para todos y cada uno de los habitantes de este país, afirmó el Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), durante la inauguración del XXII Encuentro anual de presidentes y magistrados de tribunales, cortes y salas constitucionales de América Latina.

“El debido proceso hace que las cosas se hagan bien, no por presunciones, por inferencias mediáticas, o porque se cree que alguien es culpable. Por tanto, mientras no existan pruebas lícitas que así lo demuestren, los jueces no pueden seguir por el camino fácil de condenar a alguien por apariencia”, sostuvo en el Área de Murales del Alto Tribunal.

Ante Ministros de la SCJN y Consejeros de la Judicatura Federal; el Magistrado Michael Eichenberg, presidente del Tribunal Constitucional de Alemania, el Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Co IDH), Humberto Sierra Porto; Christian Steiner, director del Programa Estado de derecho de la Fundación Konrad Adenauer; el Ministro Presidente recordó que los jueces deben defender los derechos fundamentales de todas las personas haciendo valer su independencia, profesionalismo, imparcialidad y excelencia en el nuevo sistema de justicia penal, que está a unas horas de entrar en vigor en todo el país.

“Lo anterior, con la plena convicción de que el nuevo proceso penal es el camino correcto que ha sido trazado por el Constituyente para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños a las víctimas se reparen”, enfatizó.

El nuevo sistema de justicia penal es uno de los ejes temáticos del encuentro, que también analizará el control de convencionalidad desde la práctica; la inejecución de sentencias y los mecanismos de los tribunales para hacerlas cumplir y el lenguaje constitucional y la comunicación de las sentencias.

Sobre el segundo eje temático, el Ministro Aguilar Morales destacó el esfuerzo de la Corte Interamericana y los tribunales constitucionales de la región por fortalecer el diálogo jurisprudencial y emitir sentencias que expandan la protección de los derechos humanos.

Respecto de la inejecución de las sentencias emitidas por los tribunales, consideró que éste es uno de los principales problemas de cualquier poder judicial, “lo cual contraviene el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en nuestros ordenamientos nacionales e internacionales, y pone en riesgo el respeto de los derechos humanos, así como la fuerza normativa de nuestras constitucionales”.

En el caso de México, precisó, para lograr el cumplimiento de las resoluciones judiciales la SCJN ha tenido que hacer uso de las facultades que le otorga la Constitución, y que incluyen la destitución y consignación de las autoridades responsables.

El Ministro Presidente reconoció la importancia de analizar aspectos como el lenguaje que se usa en las sentencias y la forma en que se comunica el producto de ese proceso, pues si bien estas resoluciones sólo tienen efectos sobre las partes, en principio, la creciente complejidad de las realidades que se analizan en ellas y la sofisticación del lenguaje jurídico hacen difícil generalizar y democratizar su difusión y conocimiento.

En esta labor, destacó, los medios de comunicación cumplen una importante función al informar sobre los pormenores de casos que tienen alto impacto en la sociedad, y recordó que la SCJN ha ampliado sus plataformas de difusión, lo que permite que la información llegue directamente y en vivo a todos los que puedan o quieran seguir las sesiones del Alto Tribunal.

A partir del principio de publicidad y del amplio andamiaje constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, la Suprema Corte de Justicia de México ha reconocido que los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la formación de la cultura pública y, junto con la libertad de expresión y el derecho a la información en un Estado democrático constitucional de derecho, son piezas centrales para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa, expuso.

En su intervención, Christian Steiner, manifestó que en los últimos años, la labor de los tribunales constitucionales atrae cada vez más la atención y admiración, pero también la crítica y hasta la sospecha por parte de la sociedad y los demás poderes del Estado.

Las decisiones de los Tribunales Constitucionales, por tanto, versan sobre asuntos complejos, a veces conflictivos, controvertidos, de alto interés político social y, en definitiva, sobre asuntos de gran importancia política, con efectos mediatos e inmediatos sobre estos temas, explicó y detalló las diferencias entre las decisiones políticas y las resoluciones judiciales.

“Un tribunal constitucional está para hacer efectivos los límites al poder, consagrados en la Constitución. La decisión a veces no complace a las mayorías, ni tampoco al poder político o económico, o a los llamados poderes salvajes; por ello, el juez constitucional debe actuar de manera independiente e imparcial, obligado solamente al Derecho”.

Consideró que la independencia de los tribunales constitucionales está bajo constante acoso en diferentes lugares del mundo, no sólo en América Latina, y que resistir estas presiones por el bien del Estado democrático de derecho y de las personas es una de las tareas más complejas para cualquier tribunal constitucional, pero también es un desafío irrenunciable.



“La capacidad y la voluntad de decidir de manera independiente, sobre la base de la Constitución, eso es lo que determina si efectivamente podemos hablar de justicia constitucional. Un tribunal dependiente de otros poderes, en definitiva, no es un tribunal constitucional. Un tribunal constitucional independiente y responsable, en cambio, tiene el potencial de prevenir y resolver conflictos que dividen una sociedad o debilitan al Estado: puede garantizar la convivencia pacífica y la productiva competencia democrática”, manifestó.

El Juez Humberto Sierra Porto, en su intervención, destacó los avances alcanzados en la región con estos encuentros, entre ellos el diálogo jurisprudencial que ha contribuido a la construcción de un derecho constitucional propio de América Latina.

Afirmó que compartir experiencias, mirar las distintas consecuencias y utilidades que se derivan de unos conceptos e instituciones jurídicas comunes, son actividades que han permitido y nos permiten constatar cómo normas conceptos e instituciones similares, en ocasiones de idéntico regulación constitucional y legal, tienen desarrollos y alcances totalmente diferentes en cada uno de los países de la región.

“Estamos comprendiendo nuestras realidades judiciales desde nuestras experiencias compartidas, y no desde el análisis foráneo, como se venía haciendo históricamente. Con esta reflexión, lo que quiero indicar es que hoy, nosotros, los jueces y académicos latinoamericanos estamos construyendo un nuevo y propio derecho público”, puntualizó.