No. 205/2015
México D.F. a 13 de noviembre de 2015
PERSPECTIVA DE GÉNERO AL JUZGAR, ABRE LA PUERTA DEL ACCESO REAL A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES: MINISTRO PRESIDENTE LUIS MARÍA AGUILAR MORALES
• La igualdad no surge ni puede surgir por decreto, sino por virtud de un cambio cultural, de la renovación de la sociedad que nos permita la aplicación real y efectiva de la ley, afirmó la Ministra Margarita Luna Ramos, en la inauguración del Primer Encuentro Internacional “Juzgando con Perspectiva de Género”.
• Juzgar con perspectiva de género no implica dar la razón a la mujer por el solo hecho de serlo, ni exime a los juzgadores de atender en sus resoluciones los principios que rigen su función, aseguró la también Presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación.
La perspectiva de género es indispensable en el momento de legislar, pero también a la hora de juzgar, porque de ese modo se abre la puerta del acceso real a la justicia, que debe reconocer diferencias y compensar las desigualdades, afirmó el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Luis María Aguilar Morales.
En su mensaje de inauguración del Primer Encuentro Internacional “Juzgando con Perspectiva de Género”, realizada en un conocido hotel capitalino, sostuvo que si bien existen diferencias entre las personas por su sexo, su pertenencia a una etnia, sus creencias o estatus migratorio, ninguna diferencia puede menoscabar el ejercicio de un derecho.
“La diferencia de un hecho biológico como lo es el sexo, se ha traducido en una desigualdad para las mujeres no sólo formal, sino material, estructural, real. La mujer ha sido relegada en la historia como sujeto de derechos, las conquistas son recientes si tomamos como parámetro el devenir de la humanidad. Las instituciones han llegado, incluso, a legitimar el trato discriminatorio”, expuso.
Ante la Ministra Margarita Luna Ramos, presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación (PJF); los ministros Olga Sánchez Cordero, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Fernando Franco González Salas; la Directora de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la SCJN, Leticia Bonifaz Alfonzo; los Consejeros de la Judicatura Federal Martha María del Carmen Álvarez, Rosa Elena González Tirado, Alfonso Pérez Daza, Felipe Borrego Estrada y Ernesto Saloma Vera; el Magistrado Constancio Carrasco Daza, Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y Magistrados integrantes de su Sala Superior, el Ministro Presidente destacó la responsabilidad del Poder Judicial de la Federación en la tarea de transformar los patrones de conducta que favorecen la desigualdad y la discriminación.
“Cuando hablamos de la necesidad de introducir la perspectiva de género en las decisiones judiciales en particular, buscamos que las y los jueces, que las y los impartidores de justicia, hagan efectivo el principio constitucional de igualdad. Garantizar la perspectiva de género en cada una de las etapas del procedimiento no es más que cumplir con nuestra obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, sin distinción alguna”, manifestó ante jueces, magistrados, académicos y especialistas en el tema, de los ámbitos nacional e internacional.
El Ministro Presidente recordó la gran responsabilidad que tienen los juzgadores de colocar a la persona y a sus derechos como eje central de la impartición de justicia, y que es su quehacer el que tiene la fuerza transformadora que deben utilizar en favor de quienes han sido relegados por la visión con la que se ha construido la historia y muchas de las instituciones jurídicas.
“Esa visión ha afectado especialmente a las mujeres, quienes siguen en un proceso inacabado todavía de combate a la desigualdad, que en muchas ocasiones se agrava cuando inciden otros factores como la etnia, la edad o la condición social. De ahí el interés de revisar casos que repercutan en la vida de mujeres indígenas, niñas o adultas mayores”, precisó.
En su intervención, la Ministra Margarita Luna Ramos, Presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del PJF, consideró que es deber social de los Estados vencer las grandes desigualdades que estigmatizan a su población y propician la existencia de grupos vulnerables, como sucede con la disparidad de género.
Reflexionó en que la igualdad no surge ni puede surgir por decreto, sino por virtud de un cambio cultural, de la renovación de la sociedad que permita la aplicación real y efectiva de la ley, y detalló algunas de las acciones que, por instrucciones del Ministro Presidente, se han puesto en marcha al interior del PJF para cristalizar la paridad de género, como el impulso a la capacitación y profesionalización para hombres y mujeres en igualdad de oportunidades y el otorgamiento de licencias de paternidad.
“Vivimos un mundo en el que la igualdad de género, aun en presencia de leyes avanzadas sigue siendo para muchas mujeres una realidad no asible, algo irreal”, admitió, y citó como ejemplo estadísticas de 173 países que recoge el Informe del Banco Mundial sobre Mujeres, negocios y las leyes 2006, según el cual, en 90% de estos países existe al menos una ley que discrimina a las mujeres y casi 60% de ellos tienen leyes que limitan su desarrollo productivo.
En México, agregó la Ministra, aun cuando se han promulgado leyes en favor de la no discriminación, la eliminación de la violencia, la ampliación obligatoria de la participación de la mujer en ambitos como el electoral, la creación de organismos y el diseño de mecanismos de protección y apoyo, “este discurso de avanzada no ha permeado cotidianamente en todos los terrenos y para muchas de nuestras compatriotas, desafortunadamente”.
Por ello, señaló la importancia del compromiso de introducir en los órganos jurisdiccionales la perspectiva de género en la impartición de justicia como un método para juzgar considerando las situaciones de desventaja que por cuestiones de género discriminan e impiden la igualdad.
“En otras palabras, tener en cuenta los factores de desigualdad real de quienes enfrentan un proceso judicial, adoptando medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos o deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de sus intereses”, explicó.
La Ministra Luna Ramos aclaró que juzgar con perspectiva de género no implica dar la razón a la mujer por el solo hecho de serlo, ni exime a los juzgadores de atender en sus resoluciones los principios que rigen su función: “resolver con apego a derecho conforme a la técnica procesal, como la vía que desde la Constitución se da al juzgador para salvaguardar la seguridad juridica, sustento del Estado de derecho”.
El Magistrado Constancio Carrasco Daza, presidente del TEPJF, sostuvo que el juzgar con perspectiva de género es un problema real e impostergable en una sociedad democrática, y presentó algunos resultados del Informe de acceso a la justicia para las mujeres de las Américas, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Según el diagnóstico, varios países de la región presentan un patron de impunidad sistematica en el procesamiento judicial y las actuaciones en torno a casos de violencia contra las mujeres.
En la mayoría de los casos se carece de investigación, sanción y reparación efectiva, y la impundad en estas violaciones tiene un fuerte impacto social. Se trata de barreras insuperables que enfrentan las víctimas al intentar acceder a los mecanismos judiciales de protección, enfatizó.
El encuentro internacional inagurado este jueves tiene como objetivo identificar los avances en la implementación de la perspectiva de género en la labor jurisdicional, y conocer y compartir experiencias y las mejores prácticas en su aplicación.