Plataforma Nacional de Transparencia

Comunicados de Prensa

No. 223/2014

México D.F. a 09 de diciembre de 2014

LA TORTURA Y LOS MALOS TRATOS SON PRCTICAS IMPROPIAS DE UN ESTADO DE DERECHO: MINISTRO PRESIDENTE JUAN SILVA MEZA

Durante la presentacin del Protocolo de actuacin para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos, destac que, desde hace 20 aos, organismos de los sistemas universal e interamericano de proteccin de los derechos humanos, a los que el Estado mexicano pertenece, han sostenido la existencia de la tortura en nuestro pas.

Nuestra intencin no es otra ms que contribuir a erradicar los hechos constitutivos de tortura y los malos tratos, prcticas que slo abonan al desprestigio y desconfianza de la sociedad en las autoridades, sostuvo Silva Meza.

La tortura y los malos tratos son prcticas impropias de un Estado de Derecho, afirm el Ministro Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), durante la presentacin del Protocolo de actuacin para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos.

La ejecucin de la tortura, agreg, supone violentar el derecho a la integridad personal, cuyo contenido se desprende, directamente, de la dignidad humana, que es fundamento de los derechos humanos, sostuvo en el rea de Murales de este Alto Tribunal.

El derecho a la integridad personal conlleva la prohibicin de infligir tortura y malos tratos a las personas, la cual es considerada en la actualidad como normas de ius cogens, es decir, como norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional que no admite acuerdo en contrario, sostuvo el Ministro Presidente.

Estamos, de esta forma, ante una norma de carcter absoluto e inderogable, asever ante los Ministros de la SCJN, Consejeros de la Judicatura Federal, Juezas, Jueces, Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de la Federacin; y Javier Hernndez Valencia, Representante en Mxico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Miguel Sarre Iguniz, integrante del Subcomit para la Prevencin de la Tortura de Naciones Unidas.

El Ministro Silva Meza record que, desde hace 20 aos, diferentes organismos internacionales de los sistemas universal e interamericano de proteccin de los derechos humanos, a los que el Estado mexicano pertenece, han sostenido la existencia de la tortura en nuestro pas.

Destac que en el campo de los derechos humanos en Mxico existen dos realidades: por un lado la legal, que incluye todo el marco jurdico (Constitucin, tratados y leyes federales y estatales) y, por el otro, la real, la concreta, que se refiere a la vigencia de estos derechos en la prctica.

Sin duda alguna, el Mxico legal tiene grandes avances en el reconocimiento de los derechos humanos en nuestras normas, sin que ello suponga desconocer la existencia de pendientes legislativos, expuso.

Sin embargo, reconoci que es en el Mxico real donde encontramos los mayores retos para que los derechos humanos reconocidos en nuestro sistema jurdico sean precisamente eso: una realidad.

La prohibicin de la tortura, enfatiz, est reconocida en varios tratados internacionales ratificados por Mxico, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos y la Convencin Americana sobre Derechos Humanos.

En cumplimiento de esas obligaciones constitucionales y convencionales, precis Silva Meza, la Suprema Corte elabor este Protocolo, que propone orientaciones para la labor judicial en dos sentidos: para la investigacin y sancin de hechos constitutivos de tortura y tratos crueles, y para la prevencin de estas prcticas.

Nuestra intencin no es otra ms que contribuir a erradicar los hechos constitutivos de tortura y los malos tratos, prcticas que slo abonan al desprestigio y desconfianza de la sociedad en las autoridades. Estoy seguro que es el inters de todos colaborar en este esfuerzo, consider.

El documento no se limita a casos de tortura, comprende otros delitos o malos tratos relacionados (como encubrimiento, intimidacin o cohecho) toda vez que el delito de tortura suele ir acompaado, precedido o secundado por otros ilcitos penales y violaciones a los derechos humanos que constituyen su campo de cultivo, expres Silva Meza.

El Protocolo, que se pondr a disposicin de mil 250 Juezas y Jueces y Magistradas y Magistrados Federales, y de 800 defensores pblicos, contiene reglas de actuacin dirigidas principalmente a jueces de procesos penales en casos de tortura y delitos conexos que lleguen a su conocimiento, seal el Ministro Presidente.

Tambin contempla orientaciones para jueces de procesos penales, de ejecucin penal y amparo y los del Poder Judicial de la Federacin en su conjunto, para contribuir a garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparacin integral del dao a las vctimas de tortura, aadi.

Adems propone diversas acciones para prevenir la incidencia de hechos de tortura y malos tratos, en una doble vertiente: por un lado, para no convalidar ni incentivar violaciones a los derechos humanos utilizando insumos obtenidos mediante la tortura o malos tratos, y, por el otro, realizando acciones destinadas a fomentar una cultura de los derechos humanos dentro y fuera del mbito judicial, puntualiz.

Este Protocolo es el sptimo de la serie de instrumentos elaborados por la Suprema Corte que pretenden ofrecer pautas de actuacin a los juzgadores del pas en asuntos que involucren derechos humanos de personas o grupos en situacin de vulnerabilidad.


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