Comunicados de Prensa

CUALQUIER REGRESIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS SIGNIFICA UNA REGRESIÓN DEMOCRÁTICA: MINISTRO PRESIDENTE JUAN SILVA MEZA

• Todos somos titulares, todo el tiempo, de derechos humanos, afirmó al presentar el “Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género”.

• Todos tenemos derecho a decidir cómo y con quién queremos vivir, dijo.

Cualquier regresión en materia de derechos humanos significa una regresión democrática, porque la reforma constitucional en este tema representa un acierto histórico, que debemos defender a toda costa para, así, defender nuestro sistema democrático, afirmó el Ministro Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante la presentación del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, recordó que este instrumento, el sexto de la serie, fue elaborado por la Suprema Corte con la colaboración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“El Protocolo responde al mandato constitucional y convencional de proteger y garantizar tanto el derecho a la igualdad y a la no discriminación, como el derecho que todos tenemos a desarrollar libremente nuestra personalidad”, aseguró Silva Meza ante Tracy Robinson, presidenta de ese organismo interamericano y relatora sobre los derechos de las personas LGBTI de la misma Comisión; Ministros, Consejeros de la Judicatura Federal, Jueces y Magistrados.

En el Área de Murales de la SCJN, Silva Meza señaló que el Protocolo establece que respetar el libre desarrollo de la personalidad significa no violentar la dignidad humana y que, por lo mismo, toda persona tiene derecho a “elegir, en forma libre y autónoma, cómo vivir su vida”.

“Esta determinación genera enormes consecuencias en muy diferentes esferas de la vida, pero para el caso del Protocolo que nos ocupa, resulta de utilidad al recordar que el libre desarrollo de la personalidad tiene que ver, fundamentalmente, con el derecho que todos tenemos a decidir cómo y con quién queremos vivir”, expuso el Ministro Presidente.

En este sentido, la apariencia física, las preferencias íntimas, los afectos personales están protegidos por la Constitución, por los tratados y por las propias resoluciones de la Suprema Corte, pues en ellas se sostiene todo el régimen constitucional, agregó.

“Debemos tener presente que un Estado consolidado democráticamente, un Estado desarrollado en lo material, próspero y justo, es aquel que pone a las personas y sus derechos, sin exclusiones, sin discriminación, sin violencia, en el centro de su actividad”, sostuvo Silva Meza.

Ello implica defender los derechos que la Constitución reconoce en todos los ámbitos de la vida, para que puedan ejercerse de cara a las autoridades, pero también de cara a los demás. Eso es lo que mandata nuestra Constitución y ello deriva en un Poder Judicial que brinde seguridad y certeza jurídica, que sirvan como detonantes del desarrollo, al respetarse los derechos de las personas, subrayó.

El nuevo Protocolo, detalló, explica las diferencias entre “sexo” y “género”, así como entre “orientación sexual” e “identidad de género” y, a partir de esa clasificación básica, recuerda al lector una serie de estereotipos y prejuicios que, históricamente, han nutrido la comprensión social acerca de las personas que pertenecen a la comunidad LGTBI y que, invariablemente, prefiguran el trato discriminatorio, excluyente, hostil y violento que este segmento de la sociedad ha recibido.

En segundo lugar, el documento expone las bases normativas por las que esa animadversión infundada no debe permitirse; enumera una serie de espacios y dimensiones en la vida social en las que las relaciones de abuso se han perpetuado, como lo son los ambientes laborales, el uso de la fuerza pública, la educación, y sugiere a las y los impartidores de justicia la revisión estricta de cualquier acto que pueda replicar esas relaciones basadas en la discriminación.

“En principio, todos podemos decidir sobre nuestra apariencia, sobre nuestra identidad personal y, de la misma manera, estamos obligados a respetar las decisiones que al respecto tomen los demás. Todos somos titulares, todo el tiempo, de derechos humanos. Lo somos en la calle, en el trabajo, en la casa, en la familia, ante las autoridades y ante los tribunales”, estableció el Ministro Presidente.

La labor pedagógica de la Suprema Corte, en virtud de su propia vocación, contribuye a ampliar el conocimiento y a expandir el debate público en torno al ejercicio efectivo de los derechos, detalló. En esa línea de acción, agregó, el Máximo Tribunal del país ha elaborado una serie de protocolos de actuación, para promover el acceso a la justicia de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

“La intención unificadora, en la publicación de estos materiales, ha sido visibilizar la situación de maltrato y discriminación que estos grupos de la sociedad han recibido tradicionalmente, tanto de otros miembros de la sociedad, como de las propias instituciones”, precisó el Ministro Presidente.

Los protocolos, construidos a partir de normas constitucionales y convencionales, si bien en sí mismos no son vinculantes, constituyen una experiencia de construcción horizontal y democrática de conocimiento público, que han enriquecido a la institución, pues la Corte tiene el deber de compartir el conocimiento generado, en beneficio de la sociedad.

“En tanto herramientas facilitadoras para la impartición de justicia, los protocolos, se sostienen sobre el principio que defiende la independencia y autonomía judicial. Por ello, su papel, es orientador, y de apoyo a la mejor consideración de cada juzgador”, explicó.