No. 055/2014
México D.F. a 03 de abril de 2014
CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA APRUEBA POR UNANIMIDAD PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA GRUPOS VULNERABLES, COORDINADO POR LA SCJN
• Los 23 integrantes de la Cumbre Judicial Iberoamericana acordaron impulsar en sus respectivos países la aplicación del Protocolo.
• Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Paraguay, Bolivia, El Salvador y Uruguay reconocieron el trabajo del Poder Judicial de México en la materia.
La XVII Cumbre Judicial Iberoamericana aprobó por unanimidad el Protocolo Iberoamericano de actuación judicial para mejorar el acceso a la justicia de personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad, con especial énfasis en justicia con enfoque de género.
Durante su sesión plenaria, desarrollada en el Centro de Convenciones Casa Piedra de Santiago de Chile, los representantes de 23 Poderes Judiciales de la región acordaron impulsar en sus respectivos países la aplicación del Protocolo, fundado en instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por los países que integran la Cumbre Iberoamericana.
En la Asamblea Plenaria, los titulares de los Poderes Judiciales de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Paraguay, Bolivia, El Salvador y Uruguay solicitaron la palabra para hacer un reconocimiento al trabajo del Poder Judicial de México en la materia.
El Protocolo está dividido en dos apartados. México coordina el de niñas, niños y adolescentes; personas y pueblos indígenas; personas con discapacidad y personas migrantes. Guatemala, por su parte, coordina el Protocolo de violencia contra las mujeres. El objetivo de ambos es priorizar los principios y prácticas relacionados con el acceso a la justicia de estos grupos vulnerables.
El desarrollo del protocolo coordinado por México, se basa en la experiencia de los protocolos publicados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se usó la misma metodología, ampliando el contenido con sentencias relevantes y buenas prácticas de los países de la región.
A los trabajos se sumaron también los representantes de los Poderes Judiciales de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
Ambos subgrupos contaron con la asesoría de expertos internacionales, quienes valoraron los documentos de trabajo e hicieron sugerencias y observaciones que los enriquecieron.
El objetivo fue elaborar un documento que dé pautas de actuación a los juzgadores para detectar las circunstancias que perpetúan las violaciones a los derechos humanos de las personas, en virtud de su sexo, género u orientación sexual y enfatiza la relevancia de tomar en cuenta el contexto social, económico y cultural al analizar un caso jurisdiccional.
Con esta herramienta, México comparte y amplía su experiencia en Iberoamérica para facilitar el acceso a la justicia de grupos en situación de vulnerabilidad.