Comunicados de Prensa

FRENTE A PODERES RENOVADOS, El PJF ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD QUE LE TOCA POR HACER DE MÉXICO, UN PAÍS MÁS JUSTO

• Así lo afirmó el Ministro Juan N. Silva Meza, al rendir su segundo Informe de Labores, como Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

• Puntualizó que este Poder del Estado mexicano cree en la plena colaboración constitucional, en beneficio de las personas, no en la preeminencia de un Poder sobre otro u otros.



Ante un Poder Legislativo y un Poder Ejecutivo renovados, el Poder Judicial de la Federación (PJF) asumirá la responsabilidad que le toca por hacer de México, una nación más justa y democrática, más equitativa y más armónica, más libre y plural, y lo hará como siempre lo ha hecho, sin aspavientos y sin reclamos que desvíen el recto ejercicio de su función jurisdiccional, aseguró el Ministro Juan N. Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“En este Poder del Estado mexicano, creemos en la plena colaboración constitucional, en beneficio de las personas, no creemos en la preeminencia de un Poder sobre otro u otros, creemos en la plena colaboración constitucional, en beneficio de las personas, pues cada Poder del Estado, tenemos un lugar y unas responsabilidades constitucionales, definidas”, destacó.

Al rendir el segundo Informe Anual de Labores del Poder Judicial de la Federación (PJF), ante los plenos de Ministros, Consejeros de la Judicatura Federal y Magistrados del Tribunal Electoral del PJF, así como ante representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, al que acudió como invitado de honor el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, Silva Meza puntualizó que el PJF estará, como siempre ha estado, abierto a mantener las mejores relaciones posibles con ambos poderes, dentro de la sana armonía constitucional que ahora, más expresamente que antes, se vinculan en la protección de los derechos humanos.

Silva Meza afirmó que el Poder Judicial de la Federación no es ajeno a la demanda legítima de la sociedad que exige un sistema de impartición de justicia cada vez más confiable y cada vez más accesible.

Por ello, dijo, los juzgadores buscan estar cerca de esa sociedad, de sus demandas y necesidades, pero también cerca de sus reclamos y de sus críticas.

Sin embargo, reconoció que la crisis de confianza por la que atraviesan las instituciones, también afecta a los órganos jurisdiccionales. Por ello, manifestó que “nos corresponde a nosotros, los depositarios de la función jurisdiccional abonar a fortalecer esa confianza que no está ganada de antemano. La confianza sólo puede generarse por un ejercicio jurisdiccional transparente, consistente, objetivo, lejano a complicidades, a arbitrariedades o sujeto a la razón del más fuerte; nunca a la razón de Estado”, apuntó.

Sabemos –agregó- que la sociedad quiere un Poder Judicial de la Federación a la altura del México abierto, pujante, plural y democrático en el que vivimos.

Agradeció, a nombre de la SCJN, a los Poderes Ejecutivo y Legislativo por haber elegido a los Ministros Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como sustituto de los Ministros Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre Anguiano, respectivamente, permitiendo así, que este Tribunal Constitucional permanezca integrado con todos sus miembros, en forma oportuna.

“Entendemos el proceso de selección vivido, como una deferencia al Poder Judicial de la Federación, derivada de nuestra preocupación explícita por evitar una integración incompleta”, aclaró.

Aseveró que ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia, no es un fin en sí mismo, sino un medio para contribuir, desde una posición de privilegio y con una enorme responsabilidad, a hacer, del nuestro, un país mejor; un país de libertades; un país respetuoso, del Estado de derecho.

El Ministro Presidente destacó que las reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos, aprobadas hace más de un año, cambiaron el rostro del sistema de impartición de justicia en su conjunto porque ponen en el centro de la actividad del Estado, el total y absoluto respeto a las libertades y a los derechos de las personas.

“El nuevo régimen constitucional exige de todas las autoridades hacer valer los derechos de las personas; resalta que el poder público lo ostentan los ciudadanos; agiliza el juicio de amparo, protector de derechos humanos; y humaniza el sistema de justicia penal. Por lo que el Poder Judicial de la Federación, en ejercicio de las facultades que la propia Constitución le otorga, no permitirá que sea restringido ni vulnerado este nuevo régimen. En estos temas, no habrá regresión, sino expansión”, precisó.

Reiteró su llamado para que los Poderes de la Unión concluyan el proceso legislativo a fin de que se cuente con una nueva ley de Amparo, congruente con el nuevo régimen establecido en los artículos 1º y 103 de la Constitución Federal.

A la luz de estas reformas, el Ministro Silva Meza expresó el compromiso del Poder Judicial de la Federación por realizar un desempeño intachable, al mismo tiempo, que hizo un reconocimiento a la labor que realizan los más de mil cien juzgadores federales y cerca de 40 mil trabajadores que integran a este Poder.

Silva Meza consideró que el combate a la corrupción se mantiene como una línea fundamental de acción y afirmó que se vigilará y cuidará la labor de los responsables de las áreas que manejan recursos públicos, así como de los funcionarios judiciales.



Informó que en el presente año, en materia de responsabilidades administrativas, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron tramitados asuntos de responsabilidades e impuestas sanciones, que van desde apercibimientos privados, hasta inhabilitaciones, destituciones, apercibimientos públicos y sanciones económicas.

Expresó que con el fin de garantizar la autonomía y funcionamiento eficiente y eficaz de los órganos jurisdiccionales, así como la objetividad, honestidad, profesionalismo e independencia de los integrantes de la Judicatura Federal, se impusieron sanciones a servidores públicos adscritos a órganos jurisdiccionales y administrativos, incluyendo la destitución de cuatro Jueces de Distrito; la inhabilitación de un magistrado de Circuito y la suspensión de cinco magistrados de Circuito.

“No toleraremos que, por unos cuantos, se desprestigie el trabajo de todo el Poder Judicial. Nosotros, la inmensa mayoría, no somos así y no los queremos con nosotros”, advirtió.



Por otra parte, el Ministro Presidente mencionó que uno de los ejes importantes de su administración es el compromiso con la transparencia y prueba de ello, explicó, es que en lo que va del año, se han desahogado más de 53 mil solicitudes de información, pues “no tenemos nada que ocultar, ni de qué avergonzarnos en relación con el desempeño de nuestra función sustantiva”.

Declaró que en los últimos 12 meses, los tribunales y juzgados federales registraron el ingreso de 958 mil 788 asuntos de carácter judicial, de los cuales egresaron 963 mil 85.

Asimismo, dijo, en el periodo que comprende este informe ingresaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 5 mil 851 asuntos, mientras que los egresos ascendieron a 6 mil dos.

Detalló que en 2012, los órganos jurisdiccionales auxiliares emitieron más de 61 mil sentencias, aminorando, con ello, la carga de trabajo de los órganos del Poder Judicial de la Federación.

Indicó que durante este año se crearon 32 nuevos órganos jurisdiccionales, se reubicaron 29 y se concluyeron las obras de la Ciudad Judicial federal de Zapopan, Jalisco.

Silva Meza informó que en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 se solicitaron recursos que resultan indispensables para dar cumplimiento a los mandatos y prioridades, como son atender los requerimientos de la institución como tribunal constitucional cúspide del sistema jurídico mexicano.

Asimismo, para dar continuidad y fortalecer las tareas de sistematización, catalogación y publicación de la jurisprudencia, para así contribuir, en la décima época, a la mayor seguridad jurídica de la sociedad mexicana; impulsar la cultura de la legalidad y del respeto a los derechos humanos en todas las esferas de la convivencia colectiva, continuar la consolidación de los vínculos con la sociedad mexicana y sus organizaciones, para suscitar un conocimiento creciente acerca del trabajo de las y los impartidores de justicia federal.

Por lo que corresponde al Consejo de la Judicatura, precisó que entre las necesidades que justifican nuestra solicitud, se encuentra el cumplimiento de las reformas constitucionales y legales que modifican, amplían y modernizan a los órganos e instituciones del Poder Judicial de la Federación; el acatamiento de las obligaciones que en derechos humanos surgen para el Poder Judicial de la Federación con motivo de los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano; la necesidad de fortalecer las condiciones que aseguran la prestación del servicio de justicia de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en un marco de independencia y autonomía, entre otros.

Adelantó que el próximo año, conjuntamente con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, se pondrá en marcha un programa de capacitación que tiene como destinatarios a cerca de 7 mil juzgadores y juzgadoras de todo el país.

El Ministro Silva Meza aseveró que entre los asuntos resueltos por la SCJN destacaron los relacionados con el llamado fuero militar, mediante los cuales el Pleno de Ministros estableció interpretaciones restrictivas al fuero militar; declaró la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad del artículo 57, fracción II, inciso a) del Código de Justicia Militar; reconoció la legitimación del ofendido y sus familiares para promover amparo; restringió el fuero militar aún cuando la calidad de los sujetos sea la de militares, y definió con mayor precisión los alcances del fuero de guerra.

De igual manera, se determinó: ratificar el derecho de los reos a purgar la pena de prisión en el centro de reclusión más cercano a su domicilio; que el secreto fiscal es constitucional; que la figura de revocación del mandato de funcionarios electos por el voto público es inconstitucional; y que el derecho a solicitar información pública debe ser efectivo, entre otros.

Por su parte, entre los asuntos relevantes de tribunales de la Federación, mencionó a los relacionados con la justiciabilidad de los derechos humanos, donde se definieron:

1) El derecho de acceso a la justicia de las personas con discapacidad;

2) El derecho a la igualdad, no discriminación y seguridad social;

3) El derecho de las niñas y niños a ser escuchados;

4) El derecho a la salud;

5) El derecho a la tutela judicial efectiva; y

6) El derecho a la dignidad humana.



En materia de cooperación internacional, el Ministro Silva Meza destacó la celebración de la Primera Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas, Constitucionales y Regionales, llevada a cado en la Ciudad de México en el mes de noviembre pasado con la colaboración de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuyo objetivo fue que tribunales de similar naturaleza discutieran experiencias comunes en la impartición de justicia desde la perspectiva rectora de los derechos humanos.

“El encuentro, nos enriqueció a todos, al permitirnos conocer problemáticas, no idénticas, pero sí similares, que han sido enfrentadas o están siendo enfrentadas con éxito por otros países del mundo”, expuso.

Informó que en febrero de este año, conjuntamente con la Oficina de Naciones Unidas para la Infancia, la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes.

Precisó que al acudir a la edición de este año de la Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en la Ciudad de Buenos Aires, y a partir de la presentación de ese Protocolo en la misma, México se propuso y se comprometió, a coordinar un grupo de trabajo, que inició sus labores en la Ciudad de Guadalajara en septiembre de este año, con el fin de presentar en la siguiente edición de la Cumbre, a celebrarse en Chile en el año 2014, un Protocolo General de Actuación para los juzgadores de la región que atiendan asuntos en los que estén involucrados grupos vulnerables.

Asimismo, reportó, en colaboración con la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, realizamos una muy exhaustiva compilación de instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos.

El Ministro Presidente consideró que la igualdad de género debe ser una realidad en la composición de la Judicatura, por lo que está en proceso el diseño de un política integral de adscripciones que considere las deferencias estructurales entre mujeres y hombres y que asegure criterios de igualdad en las designaciones.

Finalmente, dejó en claro que la Constitución quiere un país, de libertades, donde las autoridades no estén por encima de los individuos; donde todas las autoridades combatan la impunidad, no la toleren, mucho menos la fomenten.