Comunicados de Prensa
No.129/2007
México, D.F. a 10 de julio de 2007
PJF, CIDE E IIJ GENERARÁN HERRAMIENTAS QUE COADYUVEN EN DEFINICIÓN DE POLÍTICAS JUDICIALES
• Las instituciones académicas firmaron convenios de colaboración en la SCJN.
• El ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia dijo que la cercanía entre la academia y la jurisdicción aporta beneficios al estado de derecho.
Para generar herramientas que sirvan a las definiciones de las políticas judiciales, el Poder Judicial de la Federación (PJF) signó convenios de colaboración con el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Durante la firma de los convenios, se planteó la posibilidad de elaborar una Encuesta Nacional sobre Conflictos Sociales e Impartición de Justicia, cuyo propósito es el de conocer, entre otros aspectos, cuáles son las vías judiciales que toman, cómo se resuelven y cuál es su relevancia para la sociedad.
En el auditorio José María Iglesias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, presidente del Alto Tribunal, y la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos signaron los convenios con Enrique Cabrero Mendoza, representante legal del CIDE, y Héctor Fix-Fierro, director general del IIJ de la UNAM.
Se señaló la falta de tradición de las instituciones de impartición de justicia para construir bases de datos amplias y actualizadas que sirvan para llevar a cabo seguimientos del desempeño de la impartición de justicia, lo que se pretende revertir con la firma de los convenios.
Dentro de los objetivos también está estudiar la modernización de la organización de la gestión judicial.
El ministro Ortiz Mayagoitia, presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, subrayó el “profundo interés” del Alto Tribunal en promover la colaboración de las instituciones de investigación y de enseñanza, para que sus conocimientos, metodologías, perspectivas, así como consejos y asesorías acompañen el actuar de los órganos judiciales.
“La cercanía entre el mundo de la academia y el de la jurisdicción aporta beneficios notables para el desarrollo del estado de derecho y para una interpretación constitucional más acorde a nuestros tiempos y a nuestras necesidades”, comentó Ortiz Mayagoitia.
Cabrero Mendoza, representante legal del CIDE, expresó la determinación de esa institución para que el conocimiento que se genera en sus aulas, así como los programas de docencia que imparte, no queden sólo en los circuitos académicos, sino que se vinculen a la realidad política e institucional del país.
Comentó que el convenio también prevé que estudiantes del CIDE presten servició social en la SCJN, así como promover la realización de tesis e investigaciones relacionadas a las políticas de impartición de justicia.
El director general del IIJ, Héctor Fix- Fierro, planteó la importancia de efectuar encuestas como la nacional sobre conflictos sociales e impartición de justicia. “Ésta nos parece indispensable para hacer cualquier afirmación fundada sobre la impartición de justicia”, agregó.
Mencionó un segundo tema de investigación para desarrollar en el marco del convenio firmado con el IIJ, el cual tiene que ver con la gestión y organización del Poder Judicial.
“En México hemos dado pasos en esa dirección, con la creación de consejos de la judicatura y la profesionalización en la administración de esos órganos, pero me parece que no hemos avanzado mucho más en la modernización de la organización y la gestión judicial”, consideró.
• El ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia dijo que la cercanía entre la academia y la jurisdicción aporta beneficios al estado de derecho.
Para generar herramientas que sirvan a las definiciones de las políticas judiciales, el Poder Judicial de la Federación (PJF) signó convenios de colaboración con el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Durante la firma de los convenios, se planteó la posibilidad de elaborar una Encuesta Nacional sobre Conflictos Sociales e Impartición de Justicia, cuyo propósito es el de conocer, entre otros aspectos, cuáles son las vías judiciales que toman, cómo se resuelven y cuál es su relevancia para la sociedad.
En el auditorio José María Iglesias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, presidente del Alto Tribunal, y la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos signaron los convenios con Enrique Cabrero Mendoza, representante legal del CIDE, y Héctor Fix-Fierro, director general del IIJ de la UNAM.
Se señaló la falta de tradición de las instituciones de impartición de justicia para construir bases de datos amplias y actualizadas que sirvan para llevar a cabo seguimientos del desempeño de la impartición de justicia, lo que se pretende revertir con la firma de los convenios.
Dentro de los objetivos también está estudiar la modernización de la organización de la gestión judicial.
El ministro Ortiz Mayagoitia, presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, subrayó el “profundo interés” del Alto Tribunal en promover la colaboración de las instituciones de investigación y de enseñanza, para que sus conocimientos, metodologías, perspectivas, así como consejos y asesorías acompañen el actuar de los órganos judiciales.
“La cercanía entre el mundo de la academia y el de la jurisdicción aporta beneficios notables para el desarrollo del estado de derecho y para una interpretación constitucional más acorde a nuestros tiempos y a nuestras necesidades”, comentó Ortiz Mayagoitia.
Cabrero Mendoza, representante legal del CIDE, expresó la determinación de esa institución para que el conocimiento que se genera en sus aulas, así como los programas de docencia que imparte, no queden sólo en los circuitos académicos, sino que se vinculen a la realidad política e institucional del país.
Comentó que el convenio también prevé que estudiantes del CIDE presten servició social en la SCJN, así como promover la realización de tesis e investigaciones relacionadas a las políticas de impartición de justicia.
El director general del IIJ, Héctor Fix- Fierro, planteó la importancia de efectuar encuestas como la nacional sobre conflictos sociales e impartición de justicia. “Ésta nos parece indispensable para hacer cualquier afirmación fundada sobre la impartición de justicia”, agregó.
Mencionó un segundo tema de investigación para desarrollar en el marco del convenio firmado con el IIJ, el cual tiene que ver con la gestión y organización del Poder Judicial.
“En México hemos dado pasos en esa dirección, con la creación de consejos de la judicatura y la profesionalización en la administración de esos órganos, pero me parece que no hemos avanzado mucho más en la modernización de la organización y la gestión judicial”, consideró.