Comunicados de Prensa
No.108/2007
México, D.F. a 7 de junio de 2007
La SCJN no hace Política y resuelve de manera apartidista e imparcial: Ministro Ortiz Mayagoitia.
§ El presidente del Alto Tribunal dijo enfático que las resoluciones se toman con la finalidad de garantizar la supremacía constitucional.
§ La norma discutida en materia de telecomunicaciones y de radio y televisión queda funcional, de aplicación inmediata, aseveró.
§ Informó que se iniciará la discusión de asuntos como las diferencias entre Cámara de Diputados e IFE, y los casos de Oaxaca y Puebla.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no hace política, sino que incide en ella, pero de manera absolutamente apartidista e imparcial; y en sus resoluciones no está presente ningún interés particular, manifestó enfático el presidente del Alto Tribunal, ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien aseveró que las resoluciones se toman con la exclusiva finalidad de garantizar la supremacía constitucional.
Al concluir la discusión de la acción de inconstitucionalidad 26/2006, promovida por 47 senadores de la LIX Legislativa, en la que se planteó la invalidez de diversos preceptos de las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, el ministro recordó que la función de la SCJN es garantizar el respeto y la defensa de la esencia y principios de la Constitución.
La norma discutida, precisó, queda funcional, de aplicación inmediata.
“Interpretamos el texto constitucional a partir de las peticiones que se nos presentan. En ese sentido, la agenda del Tribunal Constitucional de México es eminentemente pública: pertenece a quienes solicitan nuestra intervención”, abundó.
Ante el Pleno de ministros, Ortiz Mayagoitia reconoció: “Estamos conscientes de que las decisiones de este Alto Tribunal generan impacto en diversos sectores. Por ello procuramos la mayor transparencia y apertura en nuestra forma de discutir y resolver.
“Con responsabilidad ética y compromiso institucional, nuestras deliberaciones fueron difundidas a través del Canal Judicial y, en esta ocasión, también se transmitieron por el Canal del Congreso de la Unión”, recordó.
Expresó que siempre se ha procurado que los asuntos sometidos a la jurisdicción del Alto Tribunal sean atendidos en forma adecuada y conforme a las exigencias de la Constitución, y, en este caso, se adoptaron algunas medidas especiales que fueron de enorme utilidad para el proceso.
Entre ellas, se escuchó a quienes solicitaron expresar argumentos a favor o en contra de la constitucionalidad de las reformas impugnadas, y se recibió la opinión y asesoría de especialistas en los temas regulados por la legislación en cuestión, señaló.
A diferencia de otros procedimientos judiciales, la acción de inconstitucionalidad resuelta no tiene “partes materiales en conflicto”, refirió.
Y abundó que se trata de un procedimiento de control abstracto de constitucionalidad, muy propio del diseño de un estado democrático. Su finalidad es que las decisiones legislativas de las mayorías puedan ser sometidas a revisión constitucional a petición de las minorías legislativas
SE RESPETA LA DIVISIÓN DE PODERES
Fue claro en el sentido de que la SCJN no puede intervenir en las decisiones legislativas por impulso propio; es necesario que alguno -o algunos- de los actores legitimados lo soliciten, entre ellos, los mismos legisladores, como sucedió en este caso, explicó.
“No somos un árbitro de la práctica parlamentaria, sino un Tribunal Constitucional que debe velar por el estado de derecho, bajo los principios que rigen a todos los poderes públicos, incluyendo al propio Poder Judicial de la Federación.
“La conveniencia de expedir o modificar leyes corresponde única y exclusivamente a la representación democrática, depositada en el Poder Legislativo. El control de la constitucionalidad de las normas es función del Poder Judicial, es nuestra función”, planteó el ministro Ortiz Mayagoitia.
El respeto a la división de poderes es un principio que la SCJN defiende y observa, dijo al recordar que el ministro Fernando Franco González Salas expresó, ayer, que el Alto Tribunal es el principal obligado a autolimitarse frente al texto constitucional.
La representación legislativa y el control de constitucionalidad son dos ámbitos complementarios que hoy dan muestra de una importante evolución en nuestro diseño y funcionamiento institucional, expresó.
El presidente de la SCJN dijo a los ministros: “Nos esperan casos difíciles. Tenemos más asuntos controvertidos por discutir”, entre ellos:
-El recurso de reclamación hecho valer por la Cámara de Diputados en contra de la admisión de la controversia constitucional, presentada por el Instituto Federal Electoral (con la que se dará cuenta el próximo lunes);
-La solicitud de la Cámara de Diputados para que se investiguen los hechos acontecidos el año pasado en Oaxaca, que pudieran constituir graves violaciones de garantías individuales (con la que se dará cuenta una vez que se resuelva el asunto anterior), y
-El informe de resultados sobre la investigación realizada por el señor ministro Juan Silva Meza, en el estado de Puebla (que se verá posteriormente); entre otros temas.
“Queremos transmitir a toda la población un mensaje claro: resolveremos todos los asuntos venideros con el mismo espíritu de transparencia, con pleno compromiso constitucional, y con la prudencia y profundidad que caracterizan a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Constitucional de México”, concluyó el ministro Ortiz Mayagoitia.
§ La norma discutida en materia de telecomunicaciones y de radio y televisión queda funcional, de aplicación inmediata, aseveró.
§ Informó que se iniciará la discusión de asuntos como las diferencias entre Cámara de Diputados e IFE, y los casos de Oaxaca y Puebla.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no hace política, sino que incide en ella, pero de manera absolutamente apartidista e imparcial; y en sus resoluciones no está presente ningún interés particular, manifestó enfático el presidente del Alto Tribunal, ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien aseveró que las resoluciones se toman con la exclusiva finalidad de garantizar la supremacía constitucional.
Al concluir la discusión de la acción de inconstitucionalidad 26/2006, promovida por 47 senadores de la LIX Legislativa, en la que se planteó la invalidez de diversos preceptos de las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, el ministro recordó que la función de la SCJN es garantizar el respeto y la defensa de la esencia y principios de la Constitución.
La norma discutida, precisó, queda funcional, de aplicación inmediata.
“Interpretamos el texto constitucional a partir de las peticiones que se nos presentan. En ese sentido, la agenda del Tribunal Constitucional de México es eminentemente pública: pertenece a quienes solicitan nuestra intervención”, abundó.
Ante el Pleno de ministros, Ortiz Mayagoitia reconoció: “Estamos conscientes de que las decisiones de este Alto Tribunal generan impacto en diversos sectores. Por ello procuramos la mayor transparencia y apertura en nuestra forma de discutir y resolver.
“Con responsabilidad ética y compromiso institucional, nuestras deliberaciones fueron difundidas a través del Canal Judicial y, en esta ocasión, también se transmitieron por el Canal del Congreso de la Unión”, recordó.
Expresó que siempre se ha procurado que los asuntos sometidos a la jurisdicción del Alto Tribunal sean atendidos en forma adecuada y conforme a las exigencias de la Constitución, y, en este caso, se adoptaron algunas medidas especiales que fueron de enorme utilidad para el proceso.
Entre ellas, se escuchó a quienes solicitaron expresar argumentos a favor o en contra de la constitucionalidad de las reformas impugnadas, y se recibió la opinión y asesoría de especialistas en los temas regulados por la legislación en cuestión, señaló.
A diferencia de otros procedimientos judiciales, la acción de inconstitucionalidad resuelta no tiene “partes materiales en conflicto”, refirió.
Y abundó que se trata de un procedimiento de control abstracto de constitucionalidad, muy propio del diseño de un estado democrático. Su finalidad es que las decisiones legislativas de las mayorías puedan ser sometidas a revisión constitucional a petición de las minorías legislativas
SE RESPETA LA DIVISIÓN DE PODERES
Fue claro en el sentido de que la SCJN no puede intervenir en las decisiones legislativas por impulso propio; es necesario que alguno -o algunos- de los actores legitimados lo soliciten, entre ellos, los mismos legisladores, como sucedió en este caso, explicó.
“No somos un árbitro de la práctica parlamentaria, sino un Tribunal Constitucional que debe velar por el estado de derecho, bajo los principios que rigen a todos los poderes públicos, incluyendo al propio Poder Judicial de la Federación.
“La conveniencia de expedir o modificar leyes corresponde única y exclusivamente a la representación democrática, depositada en el Poder Legislativo. El control de la constitucionalidad de las normas es función del Poder Judicial, es nuestra función”, planteó el ministro Ortiz Mayagoitia.
El respeto a la división de poderes es un principio que la SCJN defiende y observa, dijo al recordar que el ministro Fernando Franco González Salas expresó, ayer, que el Alto Tribunal es el principal obligado a autolimitarse frente al texto constitucional.
La representación legislativa y el control de constitucionalidad son dos ámbitos complementarios que hoy dan muestra de una importante evolución en nuestro diseño y funcionamiento institucional, expresó.
El presidente de la SCJN dijo a los ministros: “Nos esperan casos difíciles. Tenemos más asuntos controvertidos por discutir”, entre ellos:
-El recurso de reclamación hecho valer por la Cámara de Diputados en contra de la admisión de la controversia constitucional, presentada por el Instituto Federal Electoral (con la que se dará cuenta el próximo lunes);
-La solicitud de la Cámara de Diputados para que se investiguen los hechos acontecidos el año pasado en Oaxaca, que pudieran constituir graves violaciones de garantías individuales (con la que se dará cuenta una vez que se resuelva el asunto anterior), y
-El informe de resultados sobre la investigación realizada por el señor ministro Juan Silva Meza, en el estado de Puebla (que se verá posteriormente); entre otros temas.
“Queremos transmitir a toda la población un mensaje claro: resolveremos todos los asuntos venideros con el mismo espíritu de transparencia, con pleno compromiso constitucional, y con la prudencia y profundidad que caracterizan a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Constitucional de México”, concluyó el ministro Ortiz Mayagoitia.