Comunicados de Prensa
No.100/2007
México, D.F. a 28 de mayo de 2007
LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL BUSCA EVITAR INCERTIDUMBRE PRESUPUESTARIA: ORTIZ MAYAGOITIA
• Firman convenio de colaboración SCJN e INAP.
• Los tres Poderes de la Unión deben profesionalizarse en la realización de tareas administrativas: Alejandro Carrillo Castro.
Las propuestas entregadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente al Senado de la República, en el marco de la Reforma del Estado, plantean el establecimiento de una garantía presupuestal mínima para el Poder Judicial de la Federación, la cual permitirá hacer planeaciones certeras, sin la incertidumbre con la que actualmente se opera, aseveró el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente del Alto Tribunal.
“Queremos hacer más con menos gasto y la eficiencia administrativa es un objetivo de gran trascendencia para la impartición de justicia”, resaltó.
Durante la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), recordó que una de las propuestas de reforma judicial es el establecimiento de una garantía presupuestal mínima, la cual haga posible una planeación certera, y que deje de lado la incertidumbre patrimonial y financiera con la que actualmente se debe operar.
Ortiz Mayagoitia destacó que la impartición de justicia requiere necesariamente de la función administrativa, porque ésta es esencial para el cumplimiento de la función sustantiva del Poder Judicial de la Federación.
El gobierno judicial, dijo, se beneficia del conocimiento acumulado y sistematizado de la administración pública, pero requiere también de su propio diseño y práctica, para responder a las necesidades características de su función sustantiva.
A su vez, Alejandro Carrillo Castro, presidente del INAP, destacó que si bien durante los 52 años de existencia del instituto se ha colaborado con la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tareas administrativas que realiza, es hasta ahora, con la firma del acuerdo, que se da una alianza estratégica entre las dos instituciones.
Manifestó que pese a sus funciones diferentes, los tres Poderes de la Unión –Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, llevan a cabo tareas administrativas por personal que tiene que ser capacitado, y es ahí donde encaja la tarea del INAP.
Aseveró que el convenio firmado permitirá el impulso de nuevos acuerdos específicos, que beneficiarán tanto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como al INAP.
El convenio signado entre la SCJN y el INAP establece las bases para que ambas instituciones realicen conjuntamente acciones de investigación y difusión, así como llevar a cabo seminarios, congresos y foros sobre temas de interés común.
Igualmente, la realización conjunta de investigaciones y estudios que puedan contribuir al desarrollo de ambas instituciones, la elaboración y publicación de obras de interés común; así como el intercambio de la información que produzcan ambas instituciones que sea de su interés.
A la firma de convenio acudieron los ministros Margarita Beatriz Luna Ramos y Genaro David Góngora Pimentel; mientras que por parte del INAP, la ministra jubilada Irma Cué Sarquís y María Angélica Luna Parra, como testigos del acuerdo.
• Los tres Poderes de la Unión deben profesionalizarse en la realización de tareas administrativas: Alejandro Carrillo Castro.
Las propuestas entregadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente al Senado de la República, en el marco de la Reforma del Estado, plantean el establecimiento de una garantía presupuestal mínima para el Poder Judicial de la Federación, la cual permitirá hacer planeaciones certeras, sin la incertidumbre con la que actualmente se opera, aseveró el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente del Alto Tribunal.
“Queremos hacer más con menos gasto y la eficiencia administrativa es un objetivo de gran trascendencia para la impartición de justicia”, resaltó.
Durante la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), recordó que una de las propuestas de reforma judicial es el establecimiento de una garantía presupuestal mínima, la cual haga posible una planeación certera, y que deje de lado la incertidumbre patrimonial y financiera con la que actualmente se debe operar.
Ortiz Mayagoitia destacó que la impartición de justicia requiere necesariamente de la función administrativa, porque ésta es esencial para el cumplimiento de la función sustantiva del Poder Judicial de la Federación.
El gobierno judicial, dijo, se beneficia del conocimiento acumulado y sistematizado de la administración pública, pero requiere también de su propio diseño y práctica, para responder a las necesidades características de su función sustantiva.
A su vez, Alejandro Carrillo Castro, presidente del INAP, destacó que si bien durante los 52 años de existencia del instituto se ha colaborado con la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tareas administrativas que realiza, es hasta ahora, con la firma del acuerdo, que se da una alianza estratégica entre las dos instituciones.
Manifestó que pese a sus funciones diferentes, los tres Poderes de la Unión –Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, llevan a cabo tareas administrativas por personal que tiene que ser capacitado, y es ahí donde encaja la tarea del INAP.
Aseveró que el convenio firmado permitirá el impulso de nuevos acuerdos específicos, que beneficiarán tanto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como al INAP.
El convenio signado entre la SCJN y el INAP establece las bases para que ambas instituciones realicen conjuntamente acciones de investigación y difusión, así como llevar a cabo seminarios, congresos y foros sobre temas de interés común.
Igualmente, la realización conjunta de investigaciones y estudios que puedan contribuir al desarrollo de ambas instituciones, la elaboración y publicación de obras de interés común; así como el intercambio de la información que produzcan ambas instituciones que sea de su interés.
A la firma de convenio acudieron los ministros Margarita Beatriz Luna Ramos y Genaro David Góngora Pimentel; mientras que por parte del INAP, la ministra jubilada Irma Cué Sarquís y María Angélica Luna Parra, como testigos del acuerdo.