Comunicados de Prensa
No.080/2007
México, D.F. a 4 de mayo de 2007
PROPONE MINISTRO SERGIO VALLS UN NUEVO FEDERALISMO JUDICIAL
• Dijo que el actual esquema presenta un problema de eficiencia judicial, ante el número de amparos que tiene que resolver la SCJN.
• Propuso que los estados incluyan en sus constituciones los derechos fundamentales, el juicio de amparo local y demás medios de control constitucional.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Sergio Armando Valls Hernández propuso construir un nuevo federalismo judicial mexicano para abatir la sobrecarga de trabajo que padece el Poder Judicial de la Federación (PJF) y, por ende, hacer más accesible la justicia y más barata a los contribuyentes.
Al dictar la conferencia magistral La necesidad de colaboración del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de los estados para la protección de los derechos fundamentales, planteó que las entidades adopten en sus constituciones un catálogo de garantías individuales y el juicio local de amparo, además del resto de instrumentos de control constitucional.
Dio a conocer datos estadísticos de 2006 que, a su juicio, ilustran el problema de eficiencia judicial en México. Explicó que en ese año se tuvo una existencia inicial de 69 mil 136 juicios de amparo; que ingresaron 459 mil 879, de los cuales egresaron 460 mil 289, lo que dejó una cifra inicial para este 2007 de 68 mil 717.
“Lo que estas estadísticas nos muestras es que existe una sobrecarga de trabajo en el Poder Judicial de la Federación, porque este es el único poder competente, de acuerdo con la interpretación actual del artículo 133 de la Constitución, para conocer de amparos para proteger los derechos reconocidos por la Constitución federal”, dijo.
Frente a estudiantes y académicos de la Universidad Iberoamericana, pidió analizar con seriedad tal propuesta, que –dijo- vitalizaría gradualmente el federalismo judicial mexicano.
Recordó que, hasta ahora, la única colaboración entre el PJF y los poderes judiciales locales se presenta cuando los tribunales federales corrigen los errores de los estatales por la vía del amparo directo.
El esquema vigente, prosiguió, presupone la ineficiencia sistemática de los poderes judiciales de los estados para proteger los derechos de los gobernados y, por contraste, la capacidad profesional y probidad de la justicia federal, aunque ello no necesariamente correcto.
Explicó que al adoptar los estados en sus constituciones una serie de derechos fundamentales, así como el juicio local de amparo, del que conocerían los tribunales superiores de justicia, los poderes judiciales locales estarían obligados a interpretar las garantías estatales “exactamente igual” a como lo hace la SCJN con los derechos homólogos de la Carta Magna.
“Esto es, los tribunales estatales no serían competentes para interpretar los derechos fundamentales de la Constitución federal; sólo tendrían competencia para aplicarlos en casos de derecho estatal”, explicó.
Detalló que, en el marco del nuevo federalismo judicial, los tribunales estatales también se hagan cargo de la anulación de leyes locales y de las controversias constitucionales también locales, dejándolo sólo de manera subsidiaria a la SCJN.
Este nuevo federalismo judicial, sintetizó el ministro, consistiría en que los tribunales estatales estarían aplicando únicamente sus respectivas constituciones estatales en materia de derechos fundamentales, pero en la medida en que las constituciones estatales repitan los derechos de la Constitución federal, estarían aplicando la Constitución federal también.
“Bajo este esquema el contribuyente mexicano sale beneficiado, pues los poderes judicial federal y de los estados serían más eficientes, y con ello se cumpliría, además, lo ordenado por la Constitución federal de que el acceso a una justicia expedita es un derecho”, consideró.
Al aclarar que su planteamiento es respetuoso del principio federal establecido desde la Constitución de 1857, reiteró que su propuesta se encamina hacia una colaboración más decidida en la protección de los derechos fundamentales por parte de los poderes judiciales estatales, en colaboración con el PJF.
El ministro Valls Hernández comentó que, de adoptarse su propuesta, se multiplicarían los tribunales con potestad de proteger los derechos vía el amparo; tendríamos, dijo, dos mil 210 jueces más en todo el país legitimados para efectuar esa tarea.
Dijo que transitar hacia tal reforma no depende sólo del PJF, sino de la voluntad de las fuerzas políticas en los estados, y agregó que no se trata de un cambio fácil, aunque tampoco imposible.
• Propuso que los estados incluyan en sus constituciones los derechos fundamentales, el juicio de amparo local y demás medios de control constitucional.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Sergio Armando Valls Hernández propuso construir un nuevo federalismo judicial mexicano para abatir la sobrecarga de trabajo que padece el Poder Judicial de la Federación (PJF) y, por ende, hacer más accesible la justicia y más barata a los contribuyentes.
Al dictar la conferencia magistral La necesidad de colaboración del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de los estados para la protección de los derechos fundamentales, planteó que las entidades adopten en sus constituciones un catálogo de garantías individuales y el juicio local de amparo, además del resto de instrumentos de control constitucional.
Dio a conocer datos estadísticos de 2006 que, a su juicio, ilustran el problema de eficiencia judicial en México. Explicó que en ese año se tuvo una existencia inicial de 69 mil 136 juicios de amparo; que ingresaron 459 mil 879, de los cuales egresaron 460 mil 289, lo que dejó una cifra inicial para este 2007 de 68 mil 717.
“Lo que estas estadísticas nos muestras es que existe una sobrecarga de trabajo en el Poder Judicial de la Federación, porque este es el único poder competente, de acuerdo con la interpretación actual del artículo 133 de la Constitución, para conocer de amparos para proteger los derechos reconocidos por la Constitución federal”, dijo.
Frente a estudiantes y académicos de la Universidad Iberoamericana, pidió analizar con seriedad tal propuesta, que –dijo- vitalizaría gradualmente el federalismo judicial mexicano.
Recordó que, hasta ahora, la única colaboración entre el PJF y los poderes judiciales locales se presenta cuando los tribunales federales corrigen los errores de los estatales por la vía del amparo directo.
El esquema vigente, prosiguió, presupone la ineficiencia sistemática de los poderes judiciales de los estados para proteger los derechos de los gobernados y, por contraste, la capacidad profesional y probidad de la justicia federal, aunque ello no necesariamente correcto.
Explicó que al adoptar los estados en sus constituciones una serie de derechos fundamentales, así como el juicio local de amparo, del que conocerían los tribunales superiores de justicia, los poderes judiciales locales estarían obligados a interpretar las garantías estatales “exactamente igual” a como lo hace la SCJN con los derechos homólogos de la Carta Magna.
“Esto es, los tribunales estatales no serían competentes para interpretar los derechos fundamentales de la Constitución federal; sólo tendrían competencia para aplicarlos en casos de derecho estatal”, explicó.
Detalló que, en el marco del nuevo federalismo judicial, los tribunales estatales también se hagan cargo de la anulación de leyes locales y de las controversias constitucionales también locales, dejándolo sólo de manera subsidiaria a la SCJN.
Este nuevo federalismo judicial, sintetizó el ministro, consistiría en que los tribunales estatales estarían aplicando únicamente sus respectivas constituciones estatales en materia de derechos fundamentales, pero en la medida en que las constituciones estatales repitan los derechos de la Constitución federal, estarían aplicando la Constitución federal también.
“Bajo este esquema el contribuyente mexicano sale beneficiado, pues los poderes judicial federal y de los estados serían más eficientes, y con ello se cumpliría, además, lo ordenado por la Constitución federal de que el acceso a una justicia expedita es un derecho”, consideró.
Al aclarar que su planteamiento es respetuoso del principio federal establecido desde la Constitución de 1857, reiteró que su propuesta se encamina hacia una colaboración más decidida en la protección de los derechos fundamentales por parte de los poderes judiciales estatales, en colaboración con el PJF.
El ministro Valls Hernández comentó que, de adoptarse su propuesta, se multiplicarían los tribunales con potestad de proteger los derechos vía el amparo; tendríamos, dijo, dos mil 210 jueces más en todo el país legitimados para efectuar esa tarea.
Dijo que transitar hacia tal reforma no depende sólo del PJF, sino de la voluntad de las fuerzas políticas en los estados, y agregó que no se trata de un cambio fácil, aunque tampoco imposible.