Comunicados de Prensa
No.009/2007
México, D.F. a 18 de enero de 2007
LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE DERECHO, RESPONSABILIDAD COMPARTIDA POR ESTADO Y SOCIEDAD
* Así lo manifestó el presidente de la SCJN, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, en la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de la ANADE.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, estableció que la construcción y desarrollo del estado de derecho, de la ética profesional y de la confiabilidad en las instituciones y procedimientos, es una responsabilidad compartida por el Estado y la sociedad.
En la ceremonia de toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE), externó que cada quien, desde su propio lugar y actividad, debe contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, de la certeza y seguridad jurídica, así como la ética profesional, en beneficio del país y la sociedad.
Ortiz Mayagoitia manifestó que en la creación, interpretación y aplicación de las leyes participan los tres poderes de la Unión en el ejercicio de sus atribuciones, pero también la sociedad es copartícipe de estas actividades.
Los abogados, dijo, que representan los intereses particulares son, en esta medida, los responsables de una buena parte de la construcción y evolución del estado de derecho, de la ética profesional y de la confiabilidad en nuestras instituciones y procedimientos.
“Muy particularmente, el Poder Judicial de la Federación sólo actúa cuando los interesados solicitan su intervención para la resolución de controversias. El motor que mueve las resoluciones del Poder Judicial Federal está fuera de él y, en la inmensa mayoría de los casos, el conducto son los abogados, los representantes de personas y sus intereses”, puntualizó.
En su mensaje, el ministro Ortiz Mayagoitia destacó que cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Tribunal Constitucional, adopta resoluciones para proteger los derechos de las personas –ya sean físicas o morales-, se avanza en la definición de los derechos fundamentales en nuestro país.
Las empresas en particular, manifestó, cuentan con recursos económicos que les permiten allegarse de representaciones profesionales expertas, capaces de llevar adelante importantes litigios y controversias para defender lo que consideran sus legítimos derechos.
El presidente de la SCJN expresó que los abogados de empresa, cuando prestan sus servicios de asesoría y representación, participan directamente en el interminable proceso de perfeccionamiento del estado de derecho. Desde su actividad profesional, anotó, tienen la enorme responsabilidad y –sobre todo- la gran oportunidad de generar criterios que van delineando el presente y el futuro de nuestro marco constitucional y legal.
“Compartimos una gran responsabilidad y un gran reto en cuanto a la confiabilidad de los procesos e instituciones constitucionales y legales de nuestro país. Las vías jurisdiccionales que sirven para la protección de los derechos, también son utilizadas en ocasiones, para fines diferentes a la impartición de justicia y como parte de estrategias que responden a la lógica económica y no a la lógica jurídica ni a la ética profesional”, señaló.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, estableció que la construcción y desarrollo del estado de derecho, de la ética profesional y de la confiabilidad en las instituciones y procedimientos, es una responsabilidad compartida por el Estado y la sociedad.
En la ceremonia de toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE), externó que cada quien, desde su propio lugar y actividad, debe contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, de la certeza y seguridad jurídica, así como la ética profesional, en beneficio del país y la sociedad.
Ortiz Mayagoitia manifestó que en la creación, interpretación y aplicación de las leyes participan los tres poderes de la Unión en el ejercicio de sus atribuciones, pero también la sociedad es copartícipe de estas actividades.
Los abogados, dijo, que representan los intereses particulares son, en esta medida, los responsables de una buena parte de la construcción y evolución del estado de derecho, de la ética profesional y de la confiabilidad en nuestras instituciones y procedimientos.
“Muy particularmente, el Poder Judicial de la Federación sólo actúa cuando los interesados solicitan su intervención para la resolución de controversias. El motor que mueve las resoluciones del Poder Judicial Federal está fuera de él y, en la inmensa mayoría de los casos, el conducto son los abogados, los representantes de personas y sus intereses”, puntualizó.
En su mensaje, el ministro Ortiz Mayagoitia destacó que cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Tribunal Constitucional, adopta resoluciones para proteger los derechos de las personas –ya sean físicas o morales-, se avanza en la definición de los derechos fundamentales en nuestro país.
Las empresas en particular, manifestó, cuentan con recursos económicos que les permiten allegarse de representaciones profesionales expertas, capaces de llevar adelante importantes litigios y controversias para defender lo que consideran sus legítimos derechos.
El presidente de la SCJN expresó que los abogados de empresa, cuando prestan sus servicios de asesoría y representación, participan directamente en el interminable proceso de perfeccionamiento del estado de derecho. Desde su actividad profesional, anotó, tienen la enorme responsabilidad y –sobre todo- la gran oportunidad de generar criterios que van delineando el presente y el futuro de nuestro marco constitucional y legal.
“Compartimos una gran responsabilidad y un gran reto en cuanto a la confiabilidad de los procesos e instituciones constitucionales y legales de nuestro país. Las vías jurisdiccionales que sirven para la protección de los derechos, también son utilizadas en ocasiones, para fines diferentes a la impartición de justicia y como parte de estrategias que responden a la lógica económica y no a la lógica jurídica ni a la ética profesional”, señaló.