Comunicados de Prensa
No.061/2006
México, D.F. a 26 de septiembre de 2006
EN DEMOCRACIA, LA CONDUCCIÓN DEL ESTADO TRASCIENDE AL EXPULSAR DE SU SENO OPACIDAD: AZUELA
• El presidente de la SCJN inauguró el Primer Seminario Internacional de Transparencia y Acceso a la Información Judicial y Nuevas Tecnologías.
• A los jueces corresponde garantizar el imperio de la Constitución y la ley, manifestó el ministro Sergio Valls.
En la democracia, la conducción del Estado trasciende socialmente en la medida que se expulsa de su seno la opacidad y se privilegia la publicidad, dando lugar al flujo de información en aras de que la distancia entre la estructura estatal y los ciudadanos sea cada día menor, aseguró el ministro Mariano Azuela Güitrón.
“La democracia –destacó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- es más que un sistema en el que el ciudadano participa con su sufragio, es también amplia participación y estrecha vinculación entre la estructura estatal creada para servir al hombre mismo, que haga factible la realización de los fines perseguidos al crearla,” indicó.
El acceso a la información pública y la transparencia, dijo, es un mecanismo institucional de rendición de cuentas que hoy distingue a todo gobierno que se precia de ser democrático.
El ministro Azuela Güitrón propuso al corto plazo, con el esfuerzo de todos los poderes judiciales del país, se examinen las experiencias en la materia, se precisen los contenidos y con ello se elabore un código de buenas prácticas en materia de transparencia judicial, para orientar las acciones de los poderes judiciales que sirvan como parámetro de evaluación de sus logros.
Durante la inauguración del Primer Seminario Internacional de Transparencia y Acceso a la Información Judicial y Nuevas Tecnologías, Azuela Güitrón señaló que el Poder Judicial de la Federación ha dado pasos firmes para hacer de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental un genuino instrumento de acceso a la información judicial.
“La transparencia es un compromiso y una obligación del Estado que a la postre debe ser la apertura espontánea de la información que sustenta el quehacer público”, precisó.
No obstante, el presidente de la SCJN sostuvo que aún falta por avanzar en temas como la instrumentación de nuevas tecnologías para hacer frente al incremento de solicitudes; el establecimiento de garantías efectivas para proteger datos personales; tutelar el honor, la intimidad y la propia imagen; así como evaluar los posibles retrocesos que ha sufrido debido a la nostalgia de algunos por el secretismo y razones de Estado.
“Incluso hay sectores que proponen incorporar algunas reglas mínimas en la Constitución Federal para unificar criterios sobre el tema a nivel nacional”, expuso.
El ministro Azuela Güitrón informó que la Suprema Corte atendió del 12 de junio de 2003 a la fecha, cien mil solicitudes de acceso a la información, de las cuales, el 99.95% de los casos se permitió el acceso a la información; en 167 intervino el Comité de Acceso a la Información, y 12 de sus resoluciones fueron impugnadas vía recurso de revisión ante la Comisión para la Transparencia del Tribunal Constitucional.
Agregó que un testimonio importante en cuanto a la búsqueda y reafirmación de esta transparencia, lo constituyen las decisiones del Pleno de la SCJN de sujetar en forma espontánea, no establecida en la ley, los mecanismos para integrar las ternas para la designación por parte del Senado de la República, de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la designación que hace directamente el Pleno de ese Alto Tribunal de los consejeros de la Judicatura Federal.
“La Constitución y la ley –mencionó- simplemente otorgan al Pleno de la SCJN la facultad discrecional de hacer las designaciones correspondientes y, sin embargo, desde el primer momento que ha cumplido con esta función, ha preferido la apasionada entrega de un trabajo intenso que implica hacer selecciones a través de diferentes sesiones en que se tengan que analizar antecedentes de las personas que se inscriben, que la cómoda huida a un sistema sencillo en el que en una sesión podría estar resuelto satisfactoriamente y con comodidad el compromiso que establece la ley.
Sin embargo, la Suprema Corte, consciente de que siempre existirán críticas, busca transparentar y cumplir con responsabilidad con la sociedad mexicana lo que la Constitución le encomienda”, puntualizó.
Por su parte, el ministro Sergio Valls Hernández indicó que la transparencia es un medio que permite ampliar el número de ciudadanos críticos y contribuir a que se perdure una sociedad con relaciones justas de cooperación en el respeto a la diversidad del pensamiento.
“Lo trascendente –enfatizó- es que las instituciones mantengan la prioridad adecuada y no se confunda el fin con el medio, es decir, que la transparencia sea más importante que la democracia o que los fines justifiquen los medios; es decir, que se elimine la libertad y el debate público racional con el propósito de superar la desigualdad social.
El estado de derecho constitucional es la propuesta jurídica para resolver los aparentes conflictos entre los conceptos analizados. A nosotros, los jueces, a través del debate racional, transparente, corresponde garantizar el imperio de la Constitución y la ley, con ello contribuimos a crear las condiciones necesarias para el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo,” recalcó.
El Primer Seminario Internacional de Transparencia y Acceso a la Información Judicial y Nuevas Tecnologías culminará el 28 del presente mes.
• A los jueces corresponde garantizar el imperio de la Constitución y la ley, manifestó el ministro Sergio Valls.
En la democracia, la conducción del Estado trasciende socialmente en la medida que se expulsa de su seno la opacidad y se privilegia la publicidad, dando lugar al flujo de información en aras de que la distancia entre la estructura estatal y los ciudadanos sea cada día menor, aseguró el ministro Mariano Azuela Güitrón.
“La democracia –destacó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- es más que un sistema en el que el ciudadano participa con su sufragio, es también amplia participación y estrecha vinculación entre la estructura estatal creada para servir al hombre mismo, que haga factible la realización de los fines perseguidos al crearla,” indicó.
El acceso a la información pública y la transparencia, dijo, es un mecanismo institucional de rendición de cuentas que hoy distingue a todo gobierno que se precia de ser democrático.
El ministro Azuela Güitrón propuso al corto plazo, con el esfuerzo de todos los poderes judiciales del país, se examinen las experiencias en la materia, se precisen los contenidos y con ello se elabore un código de buenas prácticas en materia de transparencia judicial, para orientar las acciones de los poderes judiciales que sirvan como parámetro de evaluación de sus logros.
Durante la inauguración del Primer Seminario Internacional de Transparencia y Acceso a la Información Judicial y Nuevas Tecnologías, Azuela Güitrón señaló que el Poder Judicial de la Federación ha dado pasos firmes para hacer de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental un genuino instrumento de acceso a la información judicial.
“La transparencia es un compromiso y una obligación del Estado que a la postre debe ser la apertura espontánea de la información que sustenta el quehacer público”, precisó.
No obstante, el presidente de la SCJN sostuvo que aún falta por avanzar en temas como la instrumentación de nuevas tecnologías para hacer frente al incremento de solicitudes; el establecimiento de garantías efectivas para proteger datos personales; tutelar el honor, la intimidad y la propia imagen; así como evaluar los posibles retrocesos que ha sufrido debido a la nostalgia de algunos por el secretismo y razones de Estado.
“Incluso hay sectores que proponen incorporar algunas reglas mínimas en la Constitución Federal para unificar criterios sobre el tema a nivel nacional”, expuso.
El ministro Azuela Güitrón informó que la Suprema Corte atendió del 12 de junio de 2003 a la fecha, cien mil solicitudes de acceso a la información, de las cuales, el 99.95% de los casos se permitió el acceso a la información; en 167 intervino el Comité de Acceso a la Información, y 12 de sus resoluciones fueron impugnadas vía recurso de revisión ante la Comisión para la Transparencia del Tribunal Constitucional.
Agregó que un testimonio importante en cuanto a la búsqueda y reafirmación de esta transparencia, lo constituyen las decisiones del Pleno de la SCJN de sujetar en forma espontánea, no establecida en la ley, los mecanismos para integrar las ternas para la designación por parte del Senado de la República, de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la designación que hace directamente el Pleno de ese Alto Tribunal de los consejeros de la Judicatura Federal.
“La Constitución y la ley –mencionó- simplemente otorgan al Pleno de la SCJN la facultad discrecional de hacer las designaciones correspondientes y, sin embargo, desde el primer momento que ha cumplido con esta función, ha preferido la apasionada entrega de un trabajo intenso que implica hacer selecciones a través de diferentes sesiones en que se tengan que analizar antecedentes de las personas que se inscriben, que la cómoda huida a un sistema sencillo en el que en una sesión podría estar resuelto satisfactoriamente y con comodidad el compromiso que establece la ley.
Sin embargo, la Suprema Corte, consciente de que siempre existirán críticas, busca transparentar y cumplir con responsabilidad con la sociedad mexicana lo que la Constitución le encomienda”, puntualizó.
Por su parte, el ministro Sergio Valls Hernández indicó que la transparencia es un medio que permite ampliar el número de ciudadanos críticos y contribuir a que se perdure una sociedad con relaciones justas de cooperación en el respeto a la diversidad del pensamiento.
“Lo trascendente –enfatizó- es que las instituciones mantengan la prioridad adecuada y no se confunda el fin con el medio, es decir, que la transparencia sea más importante que la democracia o que los fines justifiquen los medios; es decir, que se elimine la libertad y el debate público racional con el propósito de superar la desigualdad social.
El estado de derecho constitucional es la propuesta jurídica para resolver los aparentes conflictos entre los conceptos analizados. A nosotros, los jueces, a través del debate racional, transparente, corresponde garantizar el imperio de la Constitución y la ley, con ello contribuimos a crear las condiciones necesarias para el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo,” recalcó.
El Primer Seminario Internacional de Transparencia y Acceso a la Información Judicial y Nuevas Tecnologías culminará el 28 del presente mes.