Comunicados de Prensa
No.031/2006
México, D.F. a 23 de mayo de 2006
DIFERENCIAS POLÍTICAS O ECONÓMICAS NO SON PRETEXTO PARA VIOLAR DERECHOS HUMANOS: AZUELA GÜITRÓN.
• El presidente de la SCJN inauguró el Congreso Internacional de Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
• Dijo que los ministros de la Corte sostienen que México requiere nuevas fórmulas para lograr la armonía y conciliación entre los principios de libertad y autoridad.
• Informó que el próximo 6 de junio la SCJN y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos firmarán un convenio.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela Güitrón, afirmó que ni la diversidad ni las diferencias económicas, políticas, culturales, o de cualquier tipo, son argumentos válidos a los que se apele para pretextar vejaciones a los derechos humanos.
Al inaugurar el Congreso Internacional de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, enfatizó que los ministros de la Corte han sostenido que el México del siglo XXI requiere de nuevas fórmulas para lograr la armonía y conciliación entre los principios de libertad y autoridad y entre las exigencias de un orden político estable y un gobierno más participativo.
En este contexto, informó que el próximo 6 de junio la SCJN y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos firmará un convenio de colaboración.
El ministro se refirió a la figura del juicio de amparo, que es el medio de control constitucional de los actos de autoridad que afectan garantías individuales, y consideró que a pesar de ser efectivo, resulta perfectible.
Recordó que una propuesta de Ley de Amparo formulada por los ministro de la SCJN presentada en 2001, a consideración actualmente del Congreso de la Unión, procura la ampliación del ámbito protector del juicio en la materia.
El proyecto, explicó, no se contentó con sostener que su objeto es resolver las controversias que se susciten por la violación de las garantías individuales, sino también por la de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales signados por México.
Los propósitos de ese proyecto de Ley de Amparo pretenden no solamente dar cuenta de que en el PJF hay la conciencia de la dignidad de las personas, sino también de institucionalizar los principios básicos para su protección.
Azuela Güitrón recordó, además, que los órganos que conforman el PJF, mediante sus resoluciones, han creado una poderosa tradición de respeto y desarrollo de los derechos humanos, incluidos algunos fallos de la SCJN.
Se refirió a la indiferencia con la que en ocasiones se mira a los derechos humanos, y consideró a ésta como uno de los problemas más comunes a los que se enfrenta la defensa de estas prerrogativas.
En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, subrayó que en el Poder Judicial de la Federación (PJF) se asume el compromiso irrenunciable a favor de la protección de los derechos humanos.
“Un poder judicial, en cualquier latitud o circunstancia, no puede ser indiferente a la violación de los derechos humanos, porque la tutela de éstos es, precisamente, la razón de ser de los tribunales encargados de impartir justicia”, enfatizó Azuela Güitrón.
• Dijo que los ministros de la Corte sostienen que México requiere nuevas fórmulas para lograr la armonía y conciliación entre los principios de libertad y autoridad.
• Informó que el próximo 6 de junio la SCJN y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos firmarán un convenio.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela Güitrón, afirmó que ni la diversidad ni las diferencias económicas, políticas, culturales, o de cualquier tipo, son argumentos válidos a los que se apele para pretextar vejaciones a los derechos humanos.
Al inaugurar el Congreso Internacional de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, enfatizó que los ministros de la Corte han sostenido que el México del siglo XXI requiere de nuevas fórmulas para lograr la armonía y conciliación entre los principios de libertad y autoridad y entre las exigencias de un orden político estable y un gobierno más participativo.
En este contexto, informó que el próximo 6 de junio la SCJN y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos firmará un convenio de colaboración.
El ministro se refirió a la figura del juicio de amparo, que es el medio de control constitucional de los actos de autoridad que afectan garantías individuales, y consideró que a pesar de ser efectivo, resulta perfectible.
Recordó que una propuesta de Ley de Amparo formulada por los ministro de la SCJN presentada en 2001, a consideración actualmente del Congreso de la Unión, procura la ampliación del ámbito protector del juicio en la materia.
El proyecto, explicó, no se contentó con sostener que su objeto es resolver las controversias que se susciten por la violación de las garantías individuales, sino también por la de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales signados por México.
Los propósitos de ese proyecto de Ley de Amparo pretenden no solamente dar cuenta de que en el PJF hay la conciencia de la dignidad de las personas, sino también de institucionalizar los principios básicos para su protección.
Azuela Güitrón recordó, además, que los órganos que conforman el PJF, mediante sus resoluciones, han creado una poderosa tradición de respeto y desarrollo de los derechos humanos, incluidos algunos fallos de la SCJN.
Se refirió a la indiferencia con la que en ocasiones se mira a los derechos humanos, y consideró a ésta como uno de los problemas más comunes a los que se enfrenta la defensa de estas prerrogativas.
En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, subrayó que en el Poder Judicial de la Federación (PJF) se asume el compromiso irrenunciable a favor de la protección de los derechos humanos.
“Un poder judicial, en cualquier latitud o circunstancia, no puede ser indiferente a la violación de los derechos humanos, porque la tutela de éstos es, precisamente, la razón de ser de los tribunales encargados de impartir justicia”, enfatizó Azuela Güitrón.