Comunicados de Prensa
No.029/2006
México, D.F. a 24 de abril de 2006
BUSCARÁN EL IFDP E INMUJERES PRELIBERACIÓN DE RECLUSAS QUE LO AMERITEN.
• El Instituto Federal de Defensoría Pública y el Instituto Nacional de las Mujeres firmaron un convenio por el cual 549 defensores revisarán los expedientes de las internas.
• Se calcula que en el país hay 11 mil reclusas, de las cuales cuatro mil 757 enfrentan procesos por delitos del orden federal; 10 por ciento podrían ser preliberadas.
El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) firmaron un convenio de colaboración para revisar los expedientes de féminas que enfrentan procesos del orden federal y buscar su preliberación cuando así lo amerite el caso.
Dicho convenio establece, además, las bases para promover y apoyar un sistema de justicia incluyente, el cual sirva de manera efectiva a las mujeres, y al goce y ejercicio de sus derechos.
El magistrado César Esquinca Muñoa y Patricia Espinosa Torres, titulares del IFDP y del Inmujeres, respectivamente, signaron el documento correspondiente, en ceremonia realizada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De acuerdo con Espinosa Torres, en México hay 11 mil mujeres en reclusión, de las cuales cuatro mil 757 están por delitos federales; 10 por ciento, calculó, podrían ser preliberadas, una vez que se revisen sus expedientes.
El acuerdo estipula que el IFDP dispondrá a 549 defensores públicos para el análisis de expedientes de mujeres reclusas procesadas o sentenciadas por delitos federales.
Durante la ceremonia, Espinosa Torres afirmó que persiste un esquema de aplicación inequitativo de justicia, que deja a las mujeres en mayor riesgo frente a una defensa inadecuada.
El magistrado Esquinca Muñoa, por su parte, destacó la relevancia del convenio, y subrayó la importancia de promover y fomentar condiciones que posibiliten la no discriminación y, por el contrario, impulsen la igualdad en materia de género.
La ministra Olga Sánchez Cordero, quien acudió a la ceremonia junto con la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, en calidad de testigos de honor, subrayó que el convenio tiene la bondad de incorporar la perspectiva de género en la protección de grupos vulnerables como son el de las mujeres y, en especial, de las indígenas.
Se pronunció porque la equidad de género no sea un asunto exclusivo de las mujeres ni capítulo aislado del quehacer público; debe ser, exigió, tema interconectado con el crecimiento económico, la transición democrática, la reforma en la vida institucional y con la fortaleza de las familias y la participación en el tejido comunitario.
La titular de Inmujeres precisó, a su vez, que 10 por ciento de las reclusas son indígenas, y recordó que, en su mayoría, las mujeres en prisión enfrentan procesos federales derivados de delitos contra la salud.
• Se calcula que en el país hay 11 mil reclusas, de las cuales cuatro mil 757 enfrentan procesos por delitos del orden federal; 10 por ciento podrían ser preliberadas.
El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) firmaron un convenio de colaboración para revisar los expedientes de féminas que enfrentan procesos del orden federal y buscar su preliberación cuando así lo amerite el caso.
Dicho convenio establece, además, las bases para promover y apoyar un sistema de justicia incluyente, el cual sirva de manera efectiva a las mujeres, y al goce y ejercicio de sus derechos.
El magistrado César Esquinca Muñoa y Patricia Espinosa Torres, titulares del IFDP y del Inmujeres, respectivamente, signaron el documento correspondiente, en ceremonia realizada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De acuerdo con Espinosa Torres, en México hay 11 mil mujeres en reclusión, de las cuales cuatro mil 757 están por delitos federales; 10 por ciento, calculó, podrían ser preliberadas, una vez que se revisen sus expedientes.
El acuerdo estipula que el IFDP dispondrá a 549 defensores públicos para el análisis de expedientes de mujeres reclusas procesadas o sentenciadas por delitos federales.
Durante la ceremonia, Espinosa Torres afirmó que persiste un esquema de aplicación inequitativo de justicia, que deja a las mujeres en mayor riesgo frente a una defensa inadecuada.
El magistrado Esquinca Muñoa, por su parte, destacó la relevancia del convenio, y subrayó la importancia de promover y fomentar condiciones que posibiliten la no discriminación y, por el contrario, impulsen la igualdad en materia de género.
La ministra Olga Sánchez Cordero, quien acudió a la ceremonia junto con la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, en calidad de testigos de honor, subrayó que el convenio tiene la bondad de incorporar la perspectiva de género en la protección de grupos vulnerables como son el de las mujeres y, en especial, de las indígenas.
Se pronunció porque la equidad de género no sea un asunto exclusivo de las mujeres ni capítulo aislado del quehacer público; debe ser, exigió, tema interconectado con el crecimiento económico, la transición democrática, la reforma en la vida institucional y con la fortaleza de las familias y la participación en el tejido comunitario.
La titular de Inmujeres precisó, a su vez, que 10 por ciento de las reclusas son indígenas, y recordó que, en su mayoría, las mujeres en prisión enfrentan procesos federales derivados de delitos contra la salud.