Comunicados de Prensa
No.025/2006
México, D.F. a 17 de abril de 2006
FIRMAN ACUERDO PARA MEJORAR A INDÍGENAS ACCESO A LA JUSTICIA.
• Signaron el convenio el Instituto Federal de Defensoría Pública y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
• Unos de los mayores problemas que se enfrentan en la materia es la falta de defensores que hablen lenguas indígenas.
• El presidente de la SCJN y del CJF, ministro Mariano Azuela Güitrón, dijo que se estará en deuda con las comunidades indígenas, hasta en tanto no se les otorguen condiciones idóneas para su desarrollo.
Mientras no se logren condiciones idóneas para el desarrollo integral de las comunidades indígenas, se estará en deuda con éstas, afirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ministro Mariano Azuela Güitrón.
Al fungir como testigo de honor en la firma de un convenio de colaboración entre el Instituto Federal de Defensoría Pública y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, consideró que la experiencia revela que frente a las condiciones de desigualdad, es necesario encontrar fórmulas que permitan superar situaciones de diferencia que impiden el desarrollo del ser humano.
Los titulares del instituto y de la comisión, magistrado César Esquinca Muñoa y Xóchitl Gálvez Ruiz, respectivamente, reconocieron que los indígenas que enfrentan un proceso penal lo hacen en condiciones de desigualdad, de ahí la necesidad de emprender acciones para revertir esta tendencia.
Durante la ceremonia realizada en el auditorio José María Iglesias, se destacó que uno de los mayores obstáculos para que los indígenas enfrenten a la justicia en condiciones de igualdad, es la falta de abogados que hablen la lengua nativa de éstos.
Por ello, uno de los objetivos centrales del convenio signado es el de formar abogados con esta característica y actualizar el censo de profesionales del derecho que en la actualidad están capacitados para defender a los indígenas con conocimiento de su lengua y cultura.
El magistrado Esquinca Muñoa reconoció que en la actualidad se mantiene el reto para la defensoría pública de superar la desigualdad que padecen los indígenas cuando enfrentan un proceso.
Subrayó que esta situación obedece a la falta de recursos económicos y de abogados conocedores de la cultura y lengua de los indígenas mexicanos.
Sin embargo, destacó que, a la fecha, el instituto a su cargo cuenta con defensores públicos federales que conocen las lenguas y culturas tzotzil, tzeltal, zapoteco del istmo y rarámuri. El próximo mes se incorporarán al trabajo, informó, abogados versados en maya, náhuatl, huichol, yaqui, chontal, mixteco y chinanteco.
Destacó que el instituto ha emprendido acciones de corto y mediano plazos para aumentar entre sus defensores a abogados con conocimientos de lenguas indígenas, entre éstas, la incorporación de prestadores de servicio social hablantes de los dialectos, mismos que después ejercen una pasantía remunerada y, posteriormente, son incorporados como oficiales administrativos adscritos a defensores públicos federales.
Por su parte, Gálvez Ruiz dijo que, a pesar de los esfuerzos, hay registros de que a los indígenas se les somete a procedimientos judiciales en los que no se considera su especificidad cultural.
No se les garantiza, recordó, la asistencia de un traductor intérprete y el defensor público no conoce su cultura ni su lengua.
• Unos de los mayores problemas que se enfrentan en la materia es la falta de defensores que hablen lenguas indígenas.
• El presidente de la SCJN y del CJF, ministro Mariano Azuela Güitrón, dijo que se estará en deuda con las comunidades indígenas, hasta en tanto no se les otorguen condiciones idóneas para su desarrollo.
Mientras no se logren condiciones idóneas para el desarrollo integral de las comunidades indígenas, se estará en deuda con éstas, afirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ministro Mariano Azuela Güitrón.
Al fungir como testigo de honor en la firma de un convenio de colaboración entre el Instituto Federal de Defensoría Pública y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, consideró que la experiencia revela que frente a las condiciones de desigualdad, es necesario encontrar fórmulas que permitan superar situaciones de diferencia que impiden el desarrollo del ser humano.
Los titulares del instituto y de la comisión, magistrado César Esquinca Muñoa y Xóchitl Gálvez Ruiz, respectivamente, reconocieron que los indígenas que enfrentan un proceso penal lo hacen en condiciones de desigualdad, de ahí la necesidad de emprender acciones para revertir esta tendencia.
Durante la ceremonia realizada en el auditorio José María Iglesias, se destacó que uno de los mayores obstáculos para que los indígenas enfrenten a la justicia en condiciones de igualdad, es la falta de abogados que hablen la lengua nativa de éstos.
Por ello, uno de los objetivos centrales del convenio signado es el de formar abogados con esta característica y actualizar el censo de profesionales del derecho que en la actualidad están capacitados para defender a los indígenas con conocimiento de su lengua y cultura.
El magistrado Esquinca Muñoa reconoció que en la actualidad se mantiene el reto para la defensoría pública de superar la desigualdad que padecen los indígenas cuando enfrentan un proceso.
Subrayó que esta situación obedece a la falta de recursos económicos y de abogados conocedores de la cultura y lengua de los indígenas mexicanos.
Sin embargo, destacó que, a la fecha, el instituto a su cargo cuenta con defensores públicos federales que conocen las lenguas y culturas tzotzil, tzeltal, zapoteco del istmo y rarámuri. El próximo mes se incorporarán al trabajo, informó, abogados versados en maya, náhuatl, huichol, yaqui, chontal, mixteco y chinanteco.
Destacó que el instituto ha emprendido acciones de corto y mediano plazos para aumentar entre sus defensores a abogados con conocimientos de lenguas indígenas, entre éstas, la incorporación de prestadores de servicio social hablantes de los dialectos, mismos que después ejercen una pasantía remunerada y, posteriormente, son incorporados como oficiales administrativos adscritos a defensores públicos federales.
Por su parte, Gálvez Ruiz dijo que, a pesar de los esfuerzos, hay registros de que a los indígenas se les somete a procedimientos judiciales en los que no se considera su especificidad cultural.
No se les garantiza, recordó, la asistencia de un traductor intérprete y el defensor público no conoce su cultura ni su lengua.