Comunicados de Prensa
No.082/2005
México, D.F. a 2 de diciembre de 2005
CERTEZA Y SEGURIDAD EN PROCESOS DE CAMBIO DE PODER, PLANTEA REUNIÓN NACIONAL DE IMPARTIDORES DE JUSTICIA
• El presidente de la SCJN, Mariano Azuela Güitrón, dio lectura a la Declaración de Jurica, en la que se destaca el apartidismo político en la impartición de justicia.
• Se hizo un llamamiento a las autoridades y a actores políticos para que refrenden su vocación democrática y se comprometan a acatar los fallos de la justicia y a respetar las garantías de los juzgadores.
• En el encuentro participaron integrantes del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales estatales, así como de la justicia fiscal y administrativa, agraria, laboral, y electoral.
Mejorar la calidad de la impartición de justicia con pleno acceso para todos los mexicanos, y proporcionar certeza, seguridad y solidez institucional en todo momento, pero particularmente en los de renovación de otros poderes, convinieron los participantes en el Primer Encuentro Nacional de Impartidores de Justicia.
En la Declaración de Jurica se hizo “un llamamiento a las autoridades y a los actores políticos para que refrenden su vocación democrática y, en consecuencia, se comprometan a acatar los fallos de la justicia y a respetar las garantías de los juzgadores.
“Sólo así podremos consolidar el estado de derecho en el cual todos aspiramos a vivir”, se expresa en el documento.
Reunidos por primera vez en la historia ministros de la Suprema Corte, miembros del Poder Judicial de la Federación y juzgadores de los poderes judiciales de las entidades federativas; de los tribunales Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Superior Agrario, electorales y de los Contencioso Administrativo, y de Arbitraje, así como de las juntas Federal y locales de Conciliación y Arbitraje, expresaron que “la imparcialidad y la neutralidad consustanciales a la función jurisdiccional implican, en una de sus facetas, el apartidismo político de la impartición de justicia”.
A partir del principio de que “la impartición de justicia es un valor central para la vida democrática y una condición indispensable para su desarrollo”, en el Primer Encuentro Nacional de Impartidores de Justicia, realizado del 30 de noviembre al 2 de diciembre, en Querétaro, se acordó “elaborar una agenda judicial que abarque el conjunto del sistema de impartición de justicia a nivel nacional, con políticas de corto, mediano y largo plazos”.
Tras convenir en “adoptar todas las medidas al alcance para lograr y preservar la autonomía e independencia de los órganos jurisdiccionales y sus miembros, para el fortalecimiento de los poderes judiciales de las entidades federativas y para fortalecer la autonomía e independencia de los tribunales administrativos”, la Declaración de Jurica previene “establecer un mecanismo para la consulta y el diálogo permanentes entre los impartidores de justicia del país”, así como realizar “las acciones necesarias para consensar en el corto plazo el establecimiento de una Asociación Nacional de Impartidores de Justicia”.
Entre los primeros puntos de esa agenda, el encuentro resolvió acordar un código de ética nacional para los impartidores de justicia, “adoptar las mejores prácticas existentes en materia de transparencia judicial con miras a fortalecer la rendición de cuentas, y sentar las bases para la creación de una red nacional de información judicial que incluya elementos de estadística bajo un formato común, que permita la creación de un sistema nacional de medición del desempeño judicial”.
Asimismo se acordó una serie de acciones inmediatas sobre cuyo avance y cumplimiento informarán a más tardar el 15 de junio de 2006.
CONCLUSIONES DEL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE IMPARTIDORES DE JUSTICIA
En las mesas de trabajo, los participantes analizaron los diagnósticos de percepción ciudadana captados durante la Consulta Nacional sobre una Reforma Integral y Coherente del Sistema de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano, impulsada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En la mesa 1, Capacitación de Funcionarios Judiciales, se propuso la creación del Sistema Nacional de Capacitación Judicial, como instrumento de fomento, promoción e intercambio, coordinación, validación, certificación y registro de los servidores públicos jurisdiccionales, que entre otros objetivos contenga:
• Un programa nacional de la carrera judicial.
• Un código de ética nacional para los impartidores de justicia a partir de los códigos existentes, así como el Estatuto del Juez Iberoamericano y de los demás instrumentos internacionales.
• Un sistema nacional de medición de la eficacia, eficiencia y calidad del trabajo judicial, tanto en lo sustantivo como lo administrativo.
En la mesa 2, Tecnologías Aplicadas a la Justicia, se concluyó en la necesidad de:
• Realizar un diagnóstico nacional de la infraestructura tecnológica existente en los órganos de administración de justicia, así como de sus requerimientos.
• Solicitar a los poderes legislativos, federal y estatales, la creación de nuevos fondos para el fortalecimiento de los poderes judiciales, los tribunales electorales, administrativos, del trabajo y agrarios. Esos fondos deberán transferirse a los órganos jurisdiccionales y destinarse prioritariamente al desarrollo de las tecnologías de la información y no para gasto corriente.
• Establecer bases de colaboración entre los órganos de impartición de justicia para intercambiar información, capacitación y experiencias en la instrumentación de desarrollo tecnológico.
En cuanto a la mesa 3, Amparo Directo, los participantes concluyeron que tanto las medidas que no requieren de reforma legislativa como las que entrañan reforma constitucional, sean incorporadas al documento final, con el señalamiento del compromiso de los participantes de reunirse en enero de 2006 para proseguir con la elaboración de una propuesta de modificación en torno al amparo directo.
La mesa 4, Transparencia Judicial y Rendición de Cuentas, acordó la elaboración de estrategias y políticas de comunicación del sistema nacional de impartición de justicia, que comprendan:
• Mejoramiento de las relaciones de los medios de comunicación con las instituciones que imparten justicia, a partir del respeto a las libertades informativas de los periodistas y del derecho de acceso a la información por parte del público, en término de mayor transparencia, así como de la tutela de los derechos de los involucrados en los procesos.
• Comunicar las conclusiones del encuentro a los poderes Ejecutivo y Legislativo, federales y de las entidades federativas.
• Proponer la creación de una asociación civil o comisión de impartidores de justicia que promueva, formalice y dé seguimiento a las propuestas de reforma y acuerdos del encuentro.
En la mesa 5, Incorporación de los Órganos Jurisdiccionales a los Poderes Judiciales, se destacó:
• La conveniencia de revisar las necesidades de los órganos impartidores de justicia administrativa, laboral, agraria y electoral, para definir la problemática existente e identificar las soluciones procedentes.
• Llevar a cabo acciones para reivindicar el papel de los impartidores de justicia, como garantes de la estabilidad de la democracia.
• Reconocer la importancia del impacto de la función jurisdiccional en el desarrollo de la vida económica, política y social en México.
• Revisar el catálogo de garantías de los funcionarios jurisdiccionales contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de valorar la conveniencia de plantear reformas que permitan enriquecer y ampliar sus contenidos.
• Reconocer la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana en la justicia, lo que debe iniciarse por mejorar la imagen del impartidor de justicia.
• Revisar la legislación procesal para rediseñar los procesos, con el fin de simplificarlos y de hacer más eficiente la administración de la justicia.
• Fortalecer la carrera judicial, y trabajar para establecer una justicia independiente, accesible eficiente y con calidad para los justiciables.
En el encuentro se acordó la constitución de una Asociación Nacional de Impartidores de Justicia, como una expresión tangible de autonomía e independencia.
Asimismo, realizar el Segundo Encuentro Nacional de Impartidores de Justicia, en octubre de 2006, y proponer la designación de comisiones para dar continuidad a las conclusiones del primer encuentro efectuado en Querétaro.
También se concluyó compartir con todos los órganos jurisdiccionales del país la programación que vaya a tener el Canal Judicial; y conformar el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Judicial.
• Se hizo un llamamiento a las autoridades y a actores políticos para que refrenden su vocación democrática y se comprometan a acatar los fallos de la justicia y a respetar las garantías de los juzgadores.
• En el encuentro participaron integrantes del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales estatales, así como de la justicia fiscal y administrativa, agraria, laboral, y electoral.
Mejorar la calidad de la impartición de justicia con pleno acceso para todos los mexicanos, y proporcionar certeza, seguridad y solidez institucional en todo momento, pero particularmente en los de renovación de otros poderes, convinieron los participantes en el Primer Encuentro Nacional de Impartidores de Justicia.
En la Declaración de Jurica se hizo “un llamamiento a las autoridades y a los actores políticos para que refrenden su vocación democrática y, en consecuencia, se comprometan a acatar los fallos de la justicia y a respetar las garantías de los juzgadores.
“Sólo así podremos consolidar el estado de derecho en el cual todos aspiramos a vivir”, se expresa en el documento.
Reunidos por primera vez en la historia ministros de la Suprema Corte, miembros del Poder Judicial de la Federación y juzgadores de los poderes judiciales de las entidades federativas; de los tribunales Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Superior Agrario, electorales y de los Contencioso Administrativo, y de Arbitraje, así como de las juntas Federal y locales de Conciliación y Arbitraje, expresaron que “la imparcialidad y la neutralidad consustanciales a la función jurisdiccional implican, en una de sus facetas, el apartidismo político de la impartición de justicia”.
A partir del principio de que “la impartición de justicia es un valor central para la vida democrática y una condición indispensable para su desarrollo”, en el Primer Encuentro Nacional de Impartidores de Justicia, realizado del 30 de noviembre al 2 de diciembre, en Querétaro, se acordó “elaborar una agenda judicial que abarque el conjunto del sistema de impartición de justicia a nivel nacional, con políticas de corto, mediano y largo plazos”.
Tras convenir en “adoptar todas las medidas al alcance para lograr y preservar la autonomía e independencia de los órganos jurisdiccionales y sus miembros, para el fortalecimiento de los poderes judiciales de las entidades federativas y para fortalecer la autonomía e independencia de los tribunales administrativos”, la Declaración de Jurica previene “establecer un mecanismo para la consulta y el diálogo permanentes entre los impartidores de justicia del país”, así como realizar “las acciones necesarias para consensar en el corto plazo el establecimiento de una Asociación Nacional de Impartidores de Justicia”.
Entre los primeros puntos de esa agenda, el encuentro resolvió acordar un código de ética nacional para los impartidores de justicia, “adoptar las mejores prácticas existentes en materia de transparencia judicial con miras a fortalecer la rendición de cuentas, y sentar las bases para la creación de una red nacional de información judicial que incluya elementos de estadística bajo un formato común, que permita la creación de un sistema nacional de medición del desempeño judicial”.
Asimismo se acordó una serie de acciones inmediatas sobre cuyo avance y cumplimiento informarán a más tardar el 15 de junio de 2006.
CONCLUSIONES DEL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE IMPARTIDORES DE JUSTICIA
En las mesas de trabajo, los participantes analizaron los diagnósticos de percepción ciudadana captados durante la Consulta Nacional sobre una Reforma Integral y Coherente del Sistema de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano, impulsada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En la mesa 1, Capacitación de Funcionarios Judiciales, se propuso la creación del Sistema Nacional de Capacitación Judicial, como instrumento de fomento, promoción e intercambio, coordinación, validación, certificación y registro de los servidores públicos jurisdiccionales, que entre otros objetivos contenga:
• Un programa nacional de la carrera judicial.
• Un código de ética nacional para los impartidores de justicia a partir de los códigos existentes, así como el Estatuto del Juez Iberoamericano y de los demás instrumentos internacionales.
• Un sistema nacional de medición de la eficacia, eficiencia y calidad del trabajo judicial, tanto en lo sustantivo como lo administrativo.
En la mesa 2, Tecnologías Aplicadas a la Justicia, se concluyó en la necesidad de:
• Realizar un diagnóstico nacional de la infraestructura tecnológica existente en los órganos de administración de justicia, así como de sus requerimientos.
• Solicitar a los poderes legislativos, federal y estatales, la creación de nuevos fondos para el fortalecimiento de los poderes judiciales, los tribunales electorales, administrativos, del trabajo y agrarios. Esos fondos deberán transferirse a los órganos jurisdiccionales y destinarse prioritariamente al desarrollo de las tecnologías de la información y no para gasto corriente.
• Establecer bases de colaboración entre los órganos de impartición de justicia para intercambiar información, capacitación y experiencias en la instrumentación de desarrollo tecnológico.
En cuanto a la mesa 3, Amparo Directo, los participantes concluyeron que tanto las medidas que no requieren de reforma legislativa como las que entrañan reforma constitucional, sean incorporadas al documento final, con el señalamiento del compromiso de los participantes de reunirse en enero de 2006 para proseguir con la elaboración de una propuesta de modificación en torno al amparo directo.
La mesa 4, Transparencia Judicial y Rendición de Cuentas, acordó la elaboración de estrategias y políticas de comunicación del sistema nacional de impartición de justicia, que comprendan:
• Mejoramiento de las relaciones de los medios de comunicación con las instituciones que imparten justicia, a partir del respeto a las libertades informativas de los periodistas y del derecho de acceso a la información por parte del público, en término de mayor transparencia, así como de la tutela de los derechos de los involucrados en los procesos.
• Comunicar las conclusiones del encuentro a los poderes Ejecutivo y Legislativo, federales y de las entidades federativas.
• Proponer la creación de una asociación civil o comisión de impartidores de justicia que promueva, formalice y dé seguimiento a las propuestas de reforma y acuerdos del encuentro.
En la mesa 5, Incorporación de los Órganos Jurisdiccionales a los Poderes Judiciales, se destacó:
• La conveniencia de revisar las necesidades de los órganos impartidores de justicia administrativa, laboral, agraria y electoral, para definir la problemática existente e identificar las soluciones procedentes.
• Llevar a cabo acciones para reivindicar el papel de los impartidores de justicia, como garantes de la estabilidad de la democracia.
• Reconocer la importancia del impacto de la función jurisdiccional en el desarrollo de la vida económica, política y social en México.
• Revisar el catálogo de garantías de los funcionarios jurisdiccionales contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de valorar la conveniencia de plantear reformas que permitan enriquecer y ampliar sus contenidos.
• Reconocer la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana en la justicia, lo que debe iniciarse por mejorar la imagen del impartidor de justicia.
• Revisar la legislación procesal para rediseñar los procesos, con el fin de simplificarlos y de hacer más eficiente la administración de la justicia.
• Fortalecer la carrera judicial, y trabajar para establecer una justicia independiente, accesible eficiente y con calidad para los justiciables.
En el encuentro se acordó la constitución de una Asociación Nacional de Impartidores de Justicia, como una expresión tangible de autonomía e independencia.
Asimismo, realizar el Segundo Encuentro Nacional de Impartidores de Justicia, en octubre de 2006, y proponer la designación de comisiones para dar continuidad a las conclusiones del primer encuentro efectuado en Querétaro.
También se concluyó compartir con todos los órganos jurisdiccionales del país la programación que vaya a tener el Canal Judicial; y conformar el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Judicial.