Comunicados de Prensa

• La consejera de la Judicatura Federal enfatizó que no son suficientes modificaciones apresuradas a la ley ni el esfuerzo unilateral de órganos e instituciones.

• Al inaugurar el Foro sobre Justicia Penal subrayó que el reclamo ciudadano es de mayor seguridad y dejar de convivir en medio de la angustia y el miedo.

La solución a los graves y complejos problemas que enfrenta la justicia mexicana requiere de la participación constante y decidida de la sociedad en su conjunto, afirmó la consejera de la Judicatura Federal, Elvia Rosa Díaz de León D’Hers, al inaugurar el Foro sobre Justicia Penal en el marco de los trabajos de la reforma judicial integral en Chihuahua.

En la sede de la Universidad Autónoma de Chihuahua, la funcionaria aclaró que para lograr los cambios necesarios no basta, como ya quedó claro, con reformas – muchas veces apresuradas-- a la ley, ni tampoco de la acción de órganos e instituciones que actúan algunas veces en forma unilateral.

Ante autoridades universitarias, académicos, estudiantes y funcionarios judiciales de la entidad, Díaz de León D’Hers destacó la importancia de lograr avances sustanciales en el ámbito de los sistemas penal y penitenciario, al ser ambos bases fundamentales del estado de derecho.

“El estado de derecho tiene como bases fundamentales el sistema penal y el sistema penitenciario –recordó-; lo anterior es así porque ahí es donde se reflejan de manera inmediata y práctica los principios fundamentales del derecho, donde campean las garantías del ciudadano, porque es ahí donde se plasman los bienes jurídicos más importantes del hombre como son la vida, la libertad, la integridad personal y la seguridad”.

Reconoció que el reclamo ciudadano en esta materia es inequívoco, al demandar mayor seguridad y dejar de convivir en medio de la angustia y el miedo.

En el acto organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Díaz de León D’Hers citó que el crecimiento de la pobreza y la criminalidad en el país, la saturación de los centros de readaptación social, muchas veces convertidos en “escuelas del mal”, son algunas causas del “penoso” estado en que nos encontramos.

La corrupción, agregó, es más frecuente y las agencias del ministerio público reciben cada vez más denuncias, por lo que muchas veces no alcanzan a realizar la investigación ministerial con suficiencia y calidad.

“Y qué decir –agregó- del número creciente de asuntos en los juzgados, que generan cada día mayor rezago en los procesos”.

En este contexto, la consejera exaltó la importancia del ejercicio “sin precedentes” que llevan a cabo las autoridades judiciales del país, en la Consulta Nacional sobre una Reforma Integral Coherente del Sistema de Impartición de Justicia Estado Mexicano, a la que convocó la SCJN en el año 2003.

Esa responsabilidad, dijo, también representa una grave responsabilidad, “porque el tema de la justicia penal ha generado las expresiones más dolorosas, preocupantes y desgarradoras de la sociedad mexicana, respecto de los servicios que brinda el Estado, sus órganos e instituciones de gobierno y sus gobernantes.

Enfatizó que la citada consulta nacional, hoy convertida en el proyecto de Reforma Judicial Integral, se transformó además en puente de comunicación entre el Poder Judicial de la Federación y la sociedad, ya que participaron más de cinco mil 500 personas, mismas que generaron más de 11 mil 700 propuestas de mejoras al sistema de administración de justicia.

“En este nuevo espacio de expresión ciudadana –abundó- y de interacción con el ámbito jurisdiccional, el tema de la procuración y administración de justicia penal fue el más abordado, criticado y discutido por los participantes. Se tocaron todos los temas imaginables, desde cuestiones de estructura y organización de las instituciones de seguridad pública, hasta contenidos de cursos de capacitación de funcionarios para atender a las víctimas del delito”.