Comunicados de Prensa
No.061/2005
México, D.F. a 21 de septiembre de 2005
EL MODELO CENTRALIZADO DE JUSTICIA FEDERAL YA SE AGOTÓ: MINISTRO GUDIÑO PELAYO.
.
• Participó en el segundo día de las mesas redondas La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Reforma del Estado, en el IIJ de la UNAM
El punto toral para la reforma del Estado en materia judicial debe partir del análisis de descentralizar real y efectivamente la justicia federal, pues el modelo centralista ya cumplió su ciclo y agotó sus posibilidades para el futuro, afirmó el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José de Jesús Gudiño Pelayo.
Al participar en el segundo día de las mesas redondas La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Reforma del Estado, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el ministro aseguró que el actual modelo de justicia federal ha propiciado el crecimiento desmesurado del Poder Judicial de la Federación, cuya demanda de creación de nuevos órganos ya es imposible de satisfacer.
Por tal razón, consideró que dentro del estudio para una reforma judicial se deberá decidir en qué medida y en qué grado debe federalizarse la justicia y en qué medida y temas debe continuar, de manera temporal o definitiva, centralizada.
“Es necesario aceptar que la centralización de la justicia, por la que se optó en la Constitución de 1917, tuvo una función fundamental para la construcción e integración de un sistema de justicia a nivel nacional, sustentado sobre criterios generales de racionalidad”, manifestó el ministro al dictar la conferencia El Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia en la Reforma Estructural del Estado.
Gudiño Pelayo expresó que la centralización judicial permitió, vía amparo, sustraer los asuntos judiciales del ámbito de influencia de los jefes políticos, caciques y gobernadores de los estados, con lo que se generó un sentimiento de seguridad jurídica en los justiciables, así como criterio jurisprudenciales con validez nacional y obligatorios para los propios jueces locales, coadyuvando a establecer un sistema nacional al margen de cualquier incidencia o circunstancia política local.
Pero ese ciclo, subrayó, cumplió a cabalidad con esa finalidad. Por ende, “en el actual momento que vive el país, y sobre todo de la reforma del Estado que se pretende, debemos preguntarnos ¿cuál es o debe ser el régimen interior de los estados, respecto al cuál éstos son soberanos?
“A partir de la respuesta a esta cuestión fundamental es que deberemos discutir el rediseño y la redimensión de la justicia federal, sus atribuciones, competencias y limitaciones”, externó.
Consideró que si bien es prudente determinar el impacto de la reforma del Estado en la estructura y funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en las del Poder Judicial de la Federación, no debe dejarse de lado que, desde hace diez años cuando la SCJN se perfiló como Tribunal Constitucional, se convirtió en un garante de democracia material.
Prueba de ello, informó, son las 865 controversias constitucionales y las 219 acciones de inconstitucionalidad que este Alto Tribunal ha resuelto de 1995 a la fecha, evitando con cada fallo un potencial conflicto social o político.
Refirió que la actuación de la Suprema Corte como promotor de la reforma del Estado puede verse concretada en la Convocatoria para una Consulta Nacional sobre una Reforma Integral y Coherente del Sistema de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano, emitida en agosto del 2003.
Como respuesta, el Máximo Tribunal del país recibió más de ocho mil propuestas concretas, las cuales han sido analizadas, hasta la fecha, en 11 foros temáticos en diferentes entidades de la República y aún no se agota su estudio.
Al término de esta fase, dijo el ministro Gudiño Pelayo, se elaborará y presentará el Plan Maestro de Reforma Judicial Integral ante los órganos constitucionales competentes para conocer, discutir y decidir las reformas constitucionales y legales provenientes de esta Consulta Nacional.
• Participó en el segundo día de las mesas redondas La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Reforma del Estado, en el IIJ de la UNAM
El punto toral para la reforma del Estado en materia judicial debe partir del análisis de descentralizar real y efectivamente la justicia federal, pues el modelo centralista ya cumplió su ciclo y agotó sus posibilidades para el futuro, afirmó el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José de Jesús Gudiño Pelayo.
Al participar en el segundo día de las mesas redondas La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Reforma del Estado, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el ministro aseguró que el actual modelo de justicia federal ha propiciado el crecimiento desmesurado del Poder Judicial de la Federación, cuya demanda de creación de nuevos órganos ya es imposible de satisfacer.
Por tal razón, consideró que dentro del estudio para una reforma judicial se deberá decidir en qué medida y en qué grado debe federalizarse la justicia y en qué medida y temas debe continuar, de manera temporal o definitiva, centralizada.
“Es necesario aceptar que la centralización de la justicia, por la que se optó en la Constitución de 1917, tuvo una función fundamental para la construcción e integración de un sistema de justicia a nivel nacional, sustentado sobre criterios generales de racionalidad”, manifestó el ministro al dictar la conferencia El Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia en la Reforma Estructural del Estado.
Gudiño Pelayo expresó que la centralización judicial permitió, vía amparo, sustraer los asuntos judiciales del ámbito de influencia de los jefes políticos, caciques y gobernadores de los estados, con lo que se generó un sentimiento de seguridad jurídica en los justiciables, así como criterio jurisprudenciales con validez nacional y obligatorios para los propios jueces locales, coadyuvando a establecer un sistema nacional al margen de cualquier incidencia o circunstancia política local.
Pero ese ciclo, subrayó, cumplió a cabalidad con esa finalidad. Por ende, “en el actual momento que vive el país, y sobre todo de la reforma del Estado que se pretende, debemos preguntarnos ¿cuál es o debe ser el régimen interior de los estados, respecto al cuál éstos son soberanos?
“A partir de la respuesta a esta cuestión fundamental es que deberemos discutir el rediseño y la redimensión de la justicia federal, sus atribuciones, competencias y limitaciones”, externó.
Consideró que si bien es prudente determinar el impacto de la reforma del Estado en la estructura y funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en las del Poder Judicial de la Federación, no debe dejarse de lado que, desde hace diez años cuando la SCJN se perfiló como Tribunal Constitucional, se convirtió en un garante de democracia material.
Prueba de ello, informó, son las 865 controversias constitucionales y las 219 acciones de inconstitucionalidad que este Alto Tribunal ha resuelto de 1995 a la fecha, evitando con cada fallo un potencial conflicto social o político.
Refirió que la actuación de la Suprema Corte como promotor de la reforma del Estado puede verse concretada en la Convocatoria para una Consulta Nacional sobre una Reforma Integral y Coherente del Sistema de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano, emitida en agosto del 2003.
Como respuesta, el Máximo Tribunal del país recibió más de ocho mil propuestas concretas, las cuales han sido analizadas, hasta la fecha, en 11 foros temáticos en diferentes entidades de la República y aún no se agota su estudio.
Al término de esta fase, dijo el ministro Gudiño Pelayo, se elaborará y presentará el Plan Maestro de Reforma Judicial Integral ante los órganos constitucionales competentes para conocer, discutir y decidir las reformas constitucionales y legales provenientes de esta Consulta Nacional.