Comunicados de Prensa

• El ministro jubilado participó en el Primer Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional

• El jurista Arturo Zaldívar afirmó que el Juicio de Amparo vive una profunda crisis

• La composición política de los gobiernos Federal y Estatal hacen difícil una reforma constitucional, aseguró el jurista González Oropeza

El ministro jubilado Juventino V. Castro y Castro se pronunció hoy por la creación del amparo para la protección de los derechos colectivos y señaló que a la fecha existe el despojo a los ofendidos por los delitos.

Sostuvo que le ha parecido bien la decisión legislativa de otorgarle la defensa de los derechos de los lesionados u ofendidos por los delitos al Ministerio Público, a manera de defensor, como titular de una acción procesal constitucional, pero no en forma de ombudsman escandinavo, o comisionado para la defensa de los derechos humanos.

Durante el segundo día de trabajos del Primer Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, que se lleva a cabo en el Auditorio “Gumersindo Cantú Hinojosa” de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Castro y Castro habló sobre el Juicio de Amparo Social y se pronunció a favor de la regulación constitucional y reglamentaria del conocido como Amparo Social, que es aquél que plantean varios agraviados dentro de un escrito colectivo y que nombran a un representante común para que los represente en juicio.

En este sentido, consideró que la Constitución de 1917 tomó una posición incongruente e inaceptable en relación con el juicio de amparo, “florón del Siglo XIX”, ya que la fracción I, del artículo 107, en el texto original, disponía que la sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que versa la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.

“De ahí nació, desde hace muchos años, mi intranquilidad profunda. Jamás jurista o político alguno me obsequió con la gracia de una explicación congruente de cómo mediante una acción procesal que defiende los derechos individuales es posible hacer una impugnación contra actos violatorios de los derechos sociales”, manifestó Castro y Castro, quien sostuvo la necesidad de crear el amparo para derechos sociales.

En el tema del Juicio de Amparo, el jurista Arturo Zaldívar Lelo de Larrea aseguró que el amparo vive una profunda crisis porque no responde a las necesidades actuales y se encuentra desfasado con la realidad, por lo que es necesario una reforma legislativa en la materia.

Al respecto, indicó que ya existe en el Congreso de la Unión un proyecto de reforma legislativa, producto de un intenso trabajo que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que el amparo sea un verdadero instrumento que proteja y coadyuve al orden jurídico, por lo que exhortó a los legisladores a acelerar la discusión de ese documento.

Rafael Coello Cetina, secretario Ejecutivo de Asuntos Jurídicos de la SCJN, expuso que resulta necesario establecer en la Constitución las bases que rijan a los medios de control constitucional, y se establezcan las excepciones y los supuestos de improcedencia que conoce el Alto Tribunal contra lo resuelto en los medios locales.

En la mesa relativa a las acciones de inconstitucionalidad, Manuel González Oropeza puntualizó que México enfrenta una vertiginosa carrera en el mejoramiento de sus instituciones, no por la acción de un partido político o de un político carismático, como sucedía antes, sino por la pluralidad y democracia que una generación de mexicanos ha logrado implantar en el país.

En contraste, dijo, el rezago en las instituciones es grande, y por lo tanto habrá mucho que lograr, lo cual se podrá hacer a través de una reforma integral a la Constitución Federal, aunque la composición de la mayoría de los poderes Federal y Estatal hacen más difícil que nunca una reforma constitucional, porque la división de partidos políticos en la titularidad e integración de los poderes de gobierno negocian hasta las reformas más urgentes a cambio de intereses de facción.

González Oropeza expuso que la reforma judicial de 1994, a la que consideró como la más grande reforma de su tipo a finales del siglo XX, no deja de tener algunos rasgos de presidencialismo, como lo demuestra la legitimación procesal del procurador general de la República, que a pesar de ser un colaborador del titular de un poder, posee el mayor espectro posible para interponer cualquier acción de inconstitucionalidad contra una norma de carácter general.

Mañana sábado continuarán las conferencias de este Congreso y se contará con la participación del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José de Jesús Gudiño Pelayo, para posteriormente dar paso a la clausura de este evento.