Comunicados de Prensa

• Ser parte del PJF no afecta a la SCJN en su función como tribunal constitucional, afirmó Cuauhtémoc Reséndiz Núñez

• El magistrado español Pablo Pérez Tremps enfatizó que la sobrecarga de trabajo es un problema al que se enfrentan los tribunales constitucionales en el mundo

Para asegurar que un Tribunal Constitucional ejerza con plenitud su tarea, se vuelve indispensable que disfrute de autonomía e independencia; es decir, con un ámbito propio de autodeterminación funcional constitucionalmente determinado, afirmó el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

Durante su intervención en el panel Relaciones entre Poder Judicial y Tribunales Constitucionales, que se lleva a cabo con motivo de los 10 años de la Reestructuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), consideró que un Tribunal Constitucional debe gozar de independencia en su ejercicio jurisdiccional, así como de autonomía financiera.

“La independencia en su ejercicio jurisdiccional lo libraría del influjo de cualquier fuerza extraña que pretenda moverlo a sus intereses, de tal forma que las decisiones que tome al resolver conflictos sólo se guíen por la supremacía de la ley, los principios generales del derecho, la jurisprudencia y la recta razón”, precisó.

En cuanto a autonomía financiera, el ministro consideró que todo Poder Judicial debe tener un presupuesto que resulte suficiente y adecuado para lograr las metas.

Aguirre Anguiano manifestó que un tribunal constitucional debe abandonar la preocupación de ganar el consenso de la sociedad, porque una sentencia emitida con la vista puesta en su popularidad o en su rechazo es condenable.



Indicó que con las reformas de 1994 este Alto Tribunal se aproximó con notoriedad a la estructura de los tribunales constitucionales europeos.

“Ya nadie puede dudar que la Suprema Corte es un verdadero Tribunal Constitucional, que actúa y decide conforme a sus atribuciones propias, con la libertad y la independencia de acción y de criterio que le son esenciales”, dijo.

El ministro Aguirre Anguiano advirtió que hay quienes piensan que el sistema mexicano de control de la constitucionalidad transita por una etapa de evolución, que no se encuentra aún definida con la nitidez deseada, ya que permanecen algunas atribuciones que son propias de un tribunal casacional y que frenan la especialización constitucional.

De forma contundente, el ministro Salvador Aguirre Anguiano afirmó el compromiso de este Alto Tribunal de que al dictar sentencia, no se sacrifica calidad por cantidad, en detrimento del prestigio, de la credibilidad y del respeto de que goza este órgano jurisdiccional.

Por su parte, Cuauhtémoc Reséndiz Núñez, miembro del Consejo de la Barra Mexicana de Abogados, señaló que a diferencia de otros países, la SCJN es la depositaria del ejercicio de la Constitución.



“El hecho de que la Suprema Corte forme parte del Poder Judicial de la Federación no afecta en su función de Tribunal Constitucional”, agregó.

No obstante, el jurista hizo ver que nuestro Tribunal Constitucional carece de medios directos para hacer efectivo el cumplimiento de la jurisprudencia que establezca, ya que ésta debe hacerse cumplir por los Tribunales Colegiados de Circuito y a instancia de un agraviado.

La SCJN, dijo, lleva a cabo una función normativa de alcance general, cuando por el tipo de resoluciones así lo autoriza la Constitución al invalidar con efectos generales, la norma inconstitucional o al disponer los efectos generales de sus resoluciones.

Por su parte, el magistrado Pablo Pérez Tremps, del Tribunal Constitucional de España consideró que un problema al que se enfrentan los tribunales constitucionales es que tienen una alta carga de trabajo.

“La sobrecarga conlleva a problemas de lentitud y eso afecta la legitimidad de los tribunales constitucionales, pues nos enfrentamos con rezagos, incluso de años, en algunos asuntos”, enfatizó.