Comunicados de Prensa

*En la demanda no se impugnan partidas presupuestales que deban ser ejercidas por el PJF, pues de lo contrario, se hubiese desechado por notoriamente improcedente

Los ministros José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio Salvador Aguirre Anguiano, integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitieron a trámite la controversia constitucional presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, en contra de diversos actos derivados del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005, que aprobó la Cámara de Diputados.

En el acuerdo de admisión, los ministros puntualizaron que en la demanda no se impugnan rubros presupuestarios asignados a los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, puesto que de haberlo planteado así el Ejecutivo Federal, la controversia habría sido notoriamente improcedente, por lo que hace a este respecto.

Ello, toda vez que el artículo 17 constitucional estatuye como derecho fundamental, que la impartición de justicia se haga por tribunales imparciales, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo parte y cabeza de dicho Poder, no podría juzgar la constitucionalidad de actos cuyos efectos resienta en sí misma.





Asimismo, los ministros Gudiño Pelayo y Aguirre Anguiano concedieron la suspensión de los actos

reclamados por el titular del Poder Ejecutivo Federal y que

son derivados del presupuesto de egresos aprobado, hasta

en tanto el Alto Tribunal decida en definitiva sobre el fondo

de la controversia.

En la demanda se impugnan el acto de la Cámara de

Diputados de rechazar las observaciones que el Ejecutivo

Federal hizo al Presupuesto de Egresos de la Federación, así

como las modificaciones que dicho órgano legislativo

efectuó al proyecto que inicialmente le fue remitido por el

presidente de la República, además de diversas

consecuencias del citado presupuesto.

Los ministros integrantes de la Comisión de Receso

emplazaron a juicio a la Cámara de Diputados, para que en el

plazo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación

respectiva, rinda su contestación por escrito, en el entendido

de que deben ser tomados en cuenta todos los días restantes

del período de receso de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación.

Respecto a la suspensión concedida, se dio para el

único y exclusivo efecto de que no se realicen las

transferencias ni en consecuencia se apliquen las partidas

presupuestarias previstas en el Presupuesto de Egresos de

la Federación, hasta que se resuelva el juicio entablado.



Esta determinación se adoptó considerando que: se

trata de una porción muy específica, limitada y pequeña del

Presupuesto de Egresos; no se advierte de rubros del gasto

público cuyo ejercicio o no ejercicio pudiera afectar el

desarrollo de las funciones esenciales y ordinarias del

Estado, y dado que la sentencia que en su momento se dicte

no puede tener efectos retroactivos, debe procurarse

preservar esa materia del juicio, pues haciéndolo no se

ponen en riesgo la economía o la seguridad nacional, ni se

afectan las instituciones fundamentales del Estado, como lo

exige la ley reglamentaria en este juicio.

Y es que los rubros suspendidos representan en su

conjunto cuatro mil 195 millones de pesos, que equivalen al

0.23 por ciento del total del Presupuesto de Egresos de la

Federación para el ejercicio fiscal 2005.

Con el otorgamiento de la suspensión no se causa daño

mayor a la sociedad en relación con el beneficio que pudiera

obtener el solicitante de la medida, toda vez que no se

suspende el ejercicio del gasto público federal para el año

2005, sino únicamente la aplicación de recursos públicos a

obras, servicios y transferencias específicas, además de que

se garantiza el interés que la sociedad tiene en que las

autoridades contendientes actúen en el marco que

constitucionalmente tienen previsto.