Comunicados de Prensa

Por unanimidad de votos, el Pleno de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró hoy,

infundada la acción de inconstitucionalidad 9/2002

promovida por diputados de la LVI Legislatura del

Congreso del estado de Yucatán, porque, contrariamente

a lo expresado en la demanda, no existen violaciones al

procedimiento legislativo que culminó con la expedición

de la Ley de Coordinación Fiscal de esa entidad, el 28 de

diciembre de 2001.

Además, el Alto Tribunal determinó que el Consejo

Estatal Hacendario, aprobado también por el Congreso

local, no es una autoridad intermedia de las prohibidas

por el artículo 115 constitucional.

Ello, en virtud de que se trata de un órgano

consultivo, cuyas decisiones no son vinculativas, ni

ejerce imperio sobre los municipios, y porque éstos, a

través de ese órgano, amplían su esfera de competencia,

ya que pueden expresar su opinión e intervenir en el

sistema de distribución de participaciones federales y

locales, mediante propuestas en materia de distribución,

liquidación y cumplimiento de compromisos relativos a

dichas partidas presupuestales. El Alto Tribunal sostuvo que ninguno de los

preceptos impugnados prohibe a los municipios del

estado de Yucatán que, llegado el caso, tengan

comunicación directa con el gobierno del estado sobre

las materias de su competencia.