Comunicados de Prensa
No.092/2002
México, D.F. a 28 de noviembre de 2002
DENUNCIARÁN NEGATIVA A ASIGNAR PRESUPUESTO MÍNIMO CONSTITUCIONAL A PODERES JUDICIALES
* La VII Cumbre Iberoamericana de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia acuerda crear un mecanismo regional para tal fin.
* Recomienda a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la región tipifiquen conductas delictivas propiciadas por la globalización.
Para que la autonomía del Poder Judicial no esté supeditada a los otros poderes gubernamentales, la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas de Justicia aprobó la conformación de un mecanismo regional de seguimiento de los procesos que busquen dotarlos de un presupuesto mínimo idóneo constitucional, pero también para denunciar y condenar la inactividad o el retroceso en ese fin.
Aprobada por unanimidad de los 21 países participantes, la declaración en torno a la Previsión Constitucional Presupuestaria estima necesario que sea el Poder Judicial el que elabore su proyecto de presupuesto, lo remita a los poderes encargados de su aprobación, pero que ninguno de los dos, ni el Ejecutivo ni el Legislativo, puedan modificarlo.
Asimismo, suscribieron que sean los Poderes Judiciales los que administren su presupuesto y destinen las partidas que estimen más propicias para la adecuada aplicación de éste en las áreas judiciales donde se requiera.
Otro de los puntos de la declaración establece que para lograr la total independencia del Poder Judicial, es necesario que éste tenga previsto en la Constitución un porcentaje mínimo del Presupuesto General del Estado, fijado de acuerdo al marco legal de cada país.
El encargado del tema fue el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Aguirre Anguiano, quien señaló que lo establecido en los textos constitucionales, en materia presupuestaria para el Poder Judicial, no corresponde a la realidad. "No advertimos avances importantes en este punto y eso nos preocupa", externó.
Recordó que este tema se abordó desde la Cumbre celebrada en Caracas, Venezuela, en 1999, en la cual se destacó la importancia de garantizar la autonomía e independencia efectiva, funcional y financiera del citado Poder; sin embargo, dijo, poco es lo que se ha logrado desde entonces.
Hasta la fecha, indicó, la mayoría de los países iberoamericanos no cuentan con un porcentaje mínimo constitucional asignado, y quienes lo tienen les ha resultado insuficiente.
El ministro Aguirre Anguiano señaló que si bien el presupuesto del Poder Judicial es elaborado por sus integrantes, el Poder Legislativo lo reduce drásticamente sin que exista posibilidad de una mínima audiencia u oportunidad, lo que lleva a que cada año se pueda caer en el peligro del "cabildeo''.
Así, mientras que el Poder Judicial tiene que recurrir a estas estrategias, los Poderes Ejecutivo y Legislativo cuentan con sus propios instrumentos para defender su presupuesto, lo que corrobora que el Poder Judicial todavía sigue siendo el más débil de los tres en este sentido.
Además, expuso el ministro de la SCJN, si el presupuesto para el Poder Judicial resulta insuficiente para cumplir con su tarea, tendrá que afrontar las críticas de no responder a su obligación de impartir justicia pronta, completa e imparcial, sin tener culpa alguna de ello.
Refirió que algunas voces han sostenido que el presupuesto pretendido no se justifica, olvidándose que el manejo de los recursos no es arbitrario y existen mecanismo de control y evaluación respecto a su ejercicio. Es más, subrayó, en un régimen democrático como el nuestro, no basta la mera rendición de cuentas, sino que su manejo sea transparente y esté sometido a un control periódico y constante de naturaleza técnica.
El documento aprobado por el Pleno de la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia establece: dar seguimiento al proceso que tienda al establecimiento constitucional de un mínimo presupuestal idóneo para el eficaz funcionamiento del Poder Judicial, difundiendo las medidas que en cada país se den para alcanzarlo, a fin de que se hagan públicas las expresiones de apoyo, así como, en caso de inactividad o de retroceso, las de denuncia y condena.
LA CUMBRE RECOMIENDA TIPIFICAR CONDUCTAS DELICTIVAS PROPICIADAS POR LA GLOBALIZACIÓN
Al discutirse el tema de la Globalización y Seguridad Jurídica, también presentado por la delegación mexicana, los 21 representantes de las Cortes iberoamericanas acordaron recomendar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de sus respectivos países, que procuren la tipificación de nuevas conductas delictivas propiciadas por el movimiento globalizador y los problemas internacionales que suscitan.
Asimismo, que tomen las medidas necesarias a efecto de que prevalezcan y se cumplan efectivamente las reglas relativas a la estabilidad y el empleo; la libre sindicalización de los trabajadores para la defensa de sus intereses; la indemnización de los trabajadores de las empresas cuando los inversionistas decidan retirar su capital, y las pensiones, jubilaciones y sistemas de seguridad social, en general.
El pleno de la VII Cumbre también acordó recomendar al Ejecutivo y Legislativo de las naciones iberoamericanas, la agilización de los procesos en que sean parte los obreros o campesinos y la asesoría legal gratuita a éstos, así como la creación de normas que impidan discriminaciones en razón de la maternidad y se orienten hacia la socialización de las cargas derivadas de embarazo, del parto y la lactancia.
Las acciones aprobadas en este tema, que fue expuesto por el ministro de la SCJN Juan Díaz Romero, plantean que la seguridad jurídica, en la economía globalizada, requiere reciprocidad e igualdad de tratamiento para las exportaciones de bienes y servicios producidos por las empresas radicadas en los países iberoamericanos.
Además, que los poderes Ejecutivo y Legislativo promulguen normas que comprometan la inversión a plazos determinados y a que se dé aviso previo de retiro, y que exijan a los inversionistas o a quienes representen sus intereses, el cuidado, conservación y, en su caso, restauración del medio ecológico donde funcionen empresas.
El documento, aprobado por unanimidad, señala que el fenómeno globalizador replantea el criterio nacionalista de soberanía, pero debe permitir una mejor convivencia entre los Estados.
* Recomienda a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la región tipifiquen conductas delictivas propiciadas por la globalización.
Para que la autonomía del Poder Judicial no esté supeditada a los otros poderes gubernamentales, la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas de Justicia aprobó la conformación de un mecanismo regional de seguimiento de los procesos que busquen dotarlos de un presupuesto mínimo idóneo constitucional, pero también para denunciar y condenar la inactividad o el retroceso en ese fin.
Aprobada por unanimidad de los 21 países participantes, la declaración en torno a la Previsión Constitucional Presupuestaria estima necesario que sea el Poder Judicial el que elabore su proyecto de presupuesto, lo remita a los poderes encargados de su aprobación, pero que ninguno de los dos, ni el Ejecutivo ni el Legislativo, puedan modificarlo.
Asimismo, suscribieron que sean los Poderes Judiciales los que administren su presupuesto y destinen las partidas que estimen más propicias para la adecuada aplicación de éste en las áreas judiciales donde se requiera.
Otro de los puntos de la declaración establece que para lograr la total independencia del Poder Judicial, es necesario que éste tenga previsto en la Constitución un porcentaje mínimo del Presupuesto General del Estado, fijado de acuerdo al marco legal de cada país.
El encargado del tema fue el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Aguirre Anguiano, quien señaló que lo establecido en los textos constitucionales, en materia presupuestaria para el Poder Judicial, no corresponde a la realidad. "No advertimos avances importantes en este punto y eso nos preocupa", externó.
Recordó que este tema se abordó desde la Cumbre celebrada en Caracas, Venezuela, en 1999, en la cual se destacó la importancia de garantizar la autonomía e independencia efectiva, funcional y financiera del citado Poder; sin embargo, dijo, poco es lo que se ha logrado desde entonces.
Hasta la fecha, indicó, la mayoría de los países iberoamericanos no cuentan con un porcentaje mínimo constitucional asignado, y quienes lo tienen les ha resultado insuficiente.
El ministro Aguirre Anguiano señaló que si bien el presupuesto del Poder Judicial es elaborado por sus integrantes, el Poder Legislativo lo reduce drásticamente sin que exista posibilidad de una mínima audiencia u oportunidad, lo que lleva a que cada año se pueda caer en el peligro del "cabildeo''.
Así, mientras que el Poder Judicial tiene que recurrir a estas estrategias, los Poderes Ejecutivo y Legislativo cuentan con sus propios instrumentos para defender su presupuesto, lo que corrobora que el Poder Judicial todavía sigue siendo el más débil de los tres en este sentido.
Además, expuso el ministro de la SCJN, si el presupuesto para el Poder Judicial resulta insuficiente para cumplir con su tarea, tendrá que afrontar las críticas de no responder a su obligación de impartir justicia pronta, completa e imparcial, sin tener culpa alguna de ello.
Refirió que algunas voces han sostenido que el presupuesto pretendido no se justifica, olvidándose que el manejo de los recursos no es arbitrario y existen mecanismo de control y evaluación respecto a su ejercicio. Es más, subrayó, en un régimen democrático como el nuestro, no basta la mera rendición de cuentas, sino que su manejo sea transparente y esté sometido a un control periódico y constante de naturaleza técnica.
El documento aprobado por el Pleno de la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia establece: dar seguimiento al proceso que tienda al establecimiento constitucional de un mínimo presupuestal idóneo para el eficaz funcionamiento del Poder Judicial, difundiendo las medidas que en cada país se den para alcanzarlo, a fin de que se hagan públicas las expresiones de apoyo, así como, en caso de inactividad o de retroceso, las de denuncia y condena.
LA CUMBRE RECOMIENDA TIPIFICAR CONDUCTAS DELICTIVAS PROPICIADAS POR LA GLOBALIZACIÓN
Al discutirse el tema de la Globalización y Seguridad Jurídica, también presentado por la delegación mexicana, los 21 representantes de las Cortes iberoamericanas acordaron recomendar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de sus respectivos países, que procuren la tipificación de nuevas conductas delictivas propiciadas por el movimiento globalizador y los problemas internacionales que suscitan.
Asimismo, que tomen las medidas necesarias a efecto de que prevalezcan y se cumplan efectivamente las reglas relativas a la estabilidad y el empleo; la libre sindicalización de los trabajadores para la defensa de sus intereses; la indemnización de los trabajadores de las empresas cuando los inversionistas decidan retirar su capital, y las pensiones, jubilaciones y sistemas de seguridad social, en general.
El pleno de la VII Cumbre también acordó recomendar al Ejecutivo y Legislativo de las naciones iberoamericanas, la agilización de los procesos en que sean parte los obreros o campesinos y la asesoría legal gratuita a éstos, así como la creación de normas que impidan discriminaciones en razón de la maternidad y se orienten hacia la socialización de las cargas derivadas de embarazo, del parto y la lactancia.
Las acciones aprobadas en este tema, que fue expuesto por el ministro de la SCJN Juan Díaz Romero, plantean que la seguridad jurídica, en la economía globalizada, requiere reciprocidad e igualdad de tratamiento para las exportaciones de bienes y servicios producidos por las empresas radicadas en los países iberoamericanos.
Además, que los poderes Ejecutivo y Legislativo promulguen normas que comprometan la inversión a plazos determinados y a que se dé aviso previo de retiro, y que exijan a los inversionistas o a quienes representen sus intereses, el cuidado, conservación y, en su caso, restauración del medio ecológico donde funcionen empresas.
El documento, aprobado por unanimidad, señala que el fenómeno globalizador replantea el criterio nacionalista de soberanía, pero debe permitir una mejor convivencia entre los Estados.