Comunicados de Prensa
No.091/2002
México, D.F. a 28 de noviembre de 2002
UNA PRIORIDAD, EL RECONOCIMIENTO DE LA REALIDAD INDÍGENA: VII CUMBRE IBEROAMERICANA
Al impartir justicia, los Estados nacionales no pueden ignorar la realidad cultural de su población y menos soslayar el reconocimiento y protección de las comunidades indígenas, estableció como pronunciamiento, la VII Cumbre Iberoamericana de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia.
Asimismo, con el objetivo de lograr la igualdad de los indígenas ante las justicias nacionales, los ministros y magistrados iberoamericanos acordaron un programa de acciones que comprenda el velar por la plena vigencia de las garantías en los procesos judiciales; el concretar la posibilidad de usar su propia lengua ante la administración de justicia, en todas sus ramas, y adoptar un sistema que garantice la formación, acreditación y dotación de intérpretes.
Igualmente, el pleno de la Cumbre manifestó su propósito de desarrollar programas permanentes para la capacitación y sensibilización de jueces, mediadores y funcionarios judiciales sobre las culturas y el derecho indígenas.
Durante la discusión del tema Acceso de los indígenas a la justicia, los 21 presidentes de Cortes Supremas de la región Iberoamericana, reunidos en Cancún, Quintana Roo, expusieron que el reconocimiento y respeto a la población indígena, su cultura, organización social, usos y costumbres deben concretarse en la solución de sus conflictos por medio de sus formas tradicionales.
La plenaria de la VII Cumbre de Cortes estableció que al acceder a los servicios jurisdiccionales, cada país debe tomar en cuenta los usos, costumbres, tradiciones orales y valores de las comunidades indígenas, siempre que se respeten las normas y principios constitucionales y el acatamiento de los tratados y convenios sobre los derechos humanos internacionalmente reconocidos por cada Estado.
De ahí que se comprometieran a emprender una serie de acciones destinadas a lograr la igualdad de los indígenas ante la justicia estatal, como el evitar la discriminación cultural, a través de propuestas e iniciativas normativas, a fin de que se respete el hecho de tener idiomas, costumbres y cultura propios.
Paralelamente, incrementarán los esfuerzos para promover el uso de lenguas indígenas, mediante la contratación y capacitación de jueces, mediadores y funcionarios judiciales que hablen dichos dialectos.
Entre otras acciones que se emprenderán en los países Iberoamericanos se encuentra el fomentar investigaciones socio-jurídicas que den cuenta de las normas, procedimientos y autoridades de los pueblos indígenas en cada Estado, así como impulsar el recurso del peritaje cultural o estudio socioantropológico, como un instrumento idóneo para involucrar elementos que mejoren la valoración cultural de los procesados.
PROPICIAR LA IGUALDAD DE GENERO
Durante el segundo día de trabajos, se abordó el tema Acceso de las mujeres a la justicia, en el que el plenario consideró que deben superarse todos los obstáculos que imposibiliten el acceso de todas las personas a la impartición de justicia, en condiciones de igualdad, con el propósito de no convertirse en un factor que consolide discriminaciones.
Los presidentes de las Cortes de Iberoamérica acordaron adoptar una política de igualdad de género por parte de los poderes judiciales, basada en el reconocimiento de las diferencias entre las mujeres y los hombres, y la necesidad de considerarlas en todas las acciones que se ejecuten para que su resultado garantice a las personas el respeto a sus derechos, las oportunidades reales para su pleno desarrollo humano y la voluntad institucional de un verdadero acceso a la justicia.
Se comprometieron a identificar las áreas donde el servicio de justicia se relaciona con la problemática de las mujeres, tales como la violencia doméstica, pensiones alimentarias, entre otros, que exigen la integración de una política de género.
Es necesario adoptar una perspectiva de género en el marco general del mejoramiento del acceso de la mujer a la justicia, concluyeron ministros y magistrados.
LA DEFENSORÍA PÚBLICA, PROPIA DE LOS PAÍSES
EN DESARROLLO
Por otra parte, el magistrado César Esquinca Muñoa, director del Instituto Federal de Defensoría Pública, expuso ante los representantes de las Cortes, los servicios que ofrece la institución, y señaló que el gran reto de las defensorías públicas en América, es despertar conciencia en gobernantes y gobernados de la trascendencia y bondad de sus funciones, avanzar en la tutela jurídica de los marginados sociales, y contribuir a hacer, del nuestro, un Continente más justo y equitativo.
Las defensorías públicas, dijo, son instituciones propias de los países en desarrollo, de sociedades desiguales, de la presencia lacerante de la pobreza que parece extenderse sin contención.
Por ello, subrayó Esquinca Muñoa, se entiende el reclamo permanente de recursos suficientes para hacer eficaz su desempeño, tan importante para los más necesitados que no tienen otra vía de acceso a la justicia.
Desde esa óptica, es válido el cuestionamiento a gobiernos insensibles que niegan esos recursos y se desentienden de los grandes problemas de nuestro tiempo --desempleo, inseguridad, insalubridad, ignorancia-- que derivan en injusticia.
Asimismo, con el objetivo de lograr la igualdad de los indígenas ante las justicias nacionales, los ministros y magistrados iberoamericanos acordaron un programa de acciones que comprenda el velar por la plena vigencia de las garantías en los procesos judiciales; el concretar la posibilidad de usar su propia lengua ante la administración de justicia, en todas sus ramas, y adoptar un sistema que garantice la formación, acreditación y dotación de intérpretes.
Igualmente, el pleno de la Cumbre manifestó su propósito de desarrollar programas permanentes para la capacitación y sensibilización de jueces, mediadores y funcionarios judiciales sobre las culturas y el derecho indígenas.
Durante la discusión del tema Acceso de los indígenas a la justicia, los 21 presidentes de Cortes Supremas de la región Iberoamericana, reunidos en Cancún, Quintana Roo, expusieron que el reconocimiento y respeto a la población indígena, su cultura, organización social, usos y costumbres deben concretarse en la solución de sus conflictos por medio de sus formas tradicionales.
La plenaria de la VII Cumbre de Cortes estableció que al acceder a los servicios jurisdiccionales, cada país debe tomar en cuenta los usos, costumbres, tradiciones orales y valores de las comunidades indígenas, siempre que se respeten las normas y principios constitucionales y el acatamiento de los tratados y convenios sobre los derechos humanos internacionalmente reconocidos por cada Estado.
De ahí que se comprometieran a emprender una serie de acciones destinadas a lograr la igualdad de los indígenas ante la justicia estatal, como el evitar la discriminación cultural, a través de propuestas e iniciativas normativas, a fin de que se respete el hecho de tener idiomas, costumbres y cultura propios.
Paralelamente, incrementarán los esfuerzos para promover el uso de lenguas indígenas, mediante la contratación y capacitación de jueces, mediadores y funcionarios judiciales que hablen dichos dialectos.
Entre otras acciones que se emprenderán en los países Iberoamericanos se encuentra el fomentar investigaciones socio-jurídicas que den cuenta de las normas, procedimientos y autoridades de los pueblos indígenas en cada Estado, así como impulsar el recurso del peritaje cultural o estudio socioantropológico, como un instrumento idóneo para involucrar elementos que mejoren la valoración cultural de los procesados.
PROPICIAR LA IGUALDAD DE GENERO
Durante el segundo día de trabajos, se abordó el tema Acceso de las mujeres a la justicia, en el que el plenario consideró que deben superarse todos los obstáculos que imposibiliten el acceso de todas las personas a la impartición de justicia, en condiciones de igualdad, con el propósito de no convertirse en un factor que consolide discriminaciones.
Los presidentes de las Cortes de Iberoamérica acordaron adoptar una política de igualdad de género por parte de los poderes judiciales, basada en el reconocimiento de las diferencias entre las mujeres y los hombres, y la necesidad de considerarlas en todas las acciones que se ejecuten para que su resultado garantice a las personas el respeto a sus derechos, las oportunidades reales para su pleno desarrollo humano y la voluntad institucional de un verdadero acceso a la justicia.
Se comprometieron a identificar las áreas donde el servicio de justicia se relaciona con la problemática de las mujeres, tales como la violencia doméstica, pensiones alimentarias, entre otros, que exigen la integración de una política de género.
Es necesario adoptar una perspectiva de género en el marco general del mejoramiento del acceso de la mujer a la justicia, concluyeron ministros y magistrados.
LA DEFENSORÍA PÚBLICA, PROPIA DE LOS PAÍSES
EN DESARROLLO
Por otra parte, el magistrado César Esquinca Muñoa, director del Instituto Federal de Defensoría Pública, expuso ante los representantes de las Cortes, los servicios que ofrece la institución, y señaló que el gran reto de las defensorías públicas en América, es despertar conciencia en gobernantes y gobernados de la trascendencia y bondad de sus funciones, avanzar en la tutela jurídica de los marginados sociales, y contribuir a hacer, del nuestro, un Continente más justo y equitativo.
Las defensorías públicas, dijo, son instituciones propias de los países en desarrollo, de sociedades desiguales, de la presencia lacerante de la pobreza que parece extenderse sin contención.
Por ello, subrayó Esquinca Muñoa, se entiende el reclamo permanente de recursos suficientes para hacer eficaz su desempeño, tan importante para los más necesitados que no tienen otra vía de acceso a la justicia.
Desde esa óptica, es válido el cuestionamiento a gobiernos insensibles que niegan esos recursos y se desentienden de los grandes problemas de nuestro tiempo --desempleo, inseguridad, insalubridad, ignorancia-- que derivan en injusticia.