Comunicados de Prensa
No.090/2002
México, D.F. a 27 de noviembre de 2002
MAYOR APERTURA Y TRANSPARENCIA FRENTE A LA SOCIEDAD, ACUERDAN CORTES DE IBEROAMERICA
Veintiún presidentes de Cortes Supremas de Iberoamérica coincidieron en que los niveles de credibilidad y confianza en la justicia están soportados en las relaciones con los medios de comunicación y el acceso a la información pública, así como en la divulgación del funcionamiento de la justicia entre la sociedad.
En el seno de las discusiones de la VII Cumbre Iberoamericana de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, que se realiza en Cancún, Quintana Roo, los representantes de los 21 países participantes reconocieron que el acceso a la justicia está limitado por el escaso conocimiento que los justiciables poseen sobre sus derechos y la posibilidad de hacerlos valer en los juicios.
El primero de los temas analizados fue el de Cultura jurídica judicial, difusión de las resoluciones judiciales, acceso a la información pública y medios de comunicación.
A este respecto, se estableció que el moderno Estado de Derecho se caracteriza por la seguridad jurídica, certeza, confianza y posibilidad real de que se otorgue a toda persona lo que en derecho le corresponde.
Expusieron que los niveles de credibilidad y confianza en la justicia están relacionados, en gran medida, con las políticas de educación judicial, la difusión de las resoluciones judiciales, las relaciones con los medios de comunicación y el acceso a la información pública.
A ello, dijeron, se suma la indiferencia estatal de difundir conocimientos mínimos en forma sistemática, ordenada y masiva en materia de cultura jurídica.
Los presidentes de Cortes y Tribunales Supremos participantes acordaron realizar acciones en sus respectivos países, tomando en cuenta la diversidad de los marcos jurídicos que existen en la región, con el fin de hacerlos concordantes.
Para revertir el difícil acceso a la justicia, pondrán en marcha diversas acciones entre las que destacan el diseño y desarrollo de programas encaminados a fomentar una cultura jurídica entre la población, poniendo énfasis en el conocimiento de la organización y funcionamiento de la administración de justicia.
Otra línea de acción para acercar la justicia a la sociedad estará dirigida a promover la capacitación de jueces y magistrados, con el objeto de que utilicen en sus resoluciones un lenguaje accesible, sin perjuicio del rigor científico-jurídico de las decisiones judiciales. De igual forma, los Poderes Judiciales se comprometieron a establecer políticas de comunicación que propicien una mayor apertura a la información relativa a la administración de justicia y manejo de recursos con transparencia y facilidad de acceso. Sobre la relación que deben mantener los Poderes Judiciales con los medios de comunicación, los ministros y magistrados acordaron estrechar este vínculo mediante programas de capacitación sobre administración de justicia, proporcionándoles información oportuna y veraz sobre los procesos y resoluciones.
Se pronunciaron por recomendar a las autoridades de sus respectivos países incluir en los programas de estudio materias sobre los derechos y obligaciones de las personas y en torno a la organización judicial en todos los niveles del sistema educativo.
ASISTENCIA LEGAL Y DEFENSA PUBLICA GRATUITAS
Por otra parte, durante el primer día de trabajos, los presidentes de Cortes señalaron que ante las condiciones económicas adversas que enfrenta un gran número de personas en Iberoamérica, y conscientes de que el derecho de defensa es fundamental y está reconocido en la mayoría de los textos jurídicos nacionales e internacionales, se debe promover una regulación legal de los servicios de asistencia legal y defensa pública gratuitas prestados en forma autónoma.
Se pronunciaron por promover el suministro de recursos necesarios para el buen funcionamiento de dichos servicios; que éstos sean prestados por profesionales que reúnan óptimas condiciones técnicas y éticas, y por impulsar el establecimiento de mecanismos que permitan garantizar a la población el buen desempeño de tales servicios de asistencia legal y de defensa pública.
Con el propósito de que la población esté adecuadamente informada de los servicios gratuitos que se prestan para su asistencia legal y defensa pública gratuita, los presidentes de las Cortes y Tribunales Supremos aprobaron, también, la recomendación de la delegación de Venezuela, encargada de este tema, en torno a una promoción y difusión extensa entre la población de los servicios citados.
En el seno de las discusiones de la VII Cumbre Iberoamericana de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, que se realiza en Cancún, Quintana Roo, los representantes de los 21 países participantes reconocieron que el acceso a la justicia está limitado por el escaso conocimiento que los justiciables poseen sobre sus derechos y la posibilidad de hacerlos valer en los juicios.
El primero de los temas analizados fue el de Cultura jurídica judicial, difusión de las resoluciones judiciales, acceso a la información pública y medios de comunicación.
A este respecto, se estableció que el moderno Estado de Derecho se caracteriza por la seguridad jurídica, certeza, confianza y posibilidad real de que se otorgue a toda persona lo que en derecho le corresponde.
Expusieron que los niveles de credibilidad y confianza en la justicia están relacionados, en gran medida, con las políticas de educación judicial, la difusión de las resoluciones judiciales, las relaciones con los medios de comunicación y el acceso a la información pública.
A ello, dijeron, se suma la indiferencia estatal de difundir conocimientos mínimos en forma sistemática, ordenada y masiva en materia de cultura jurídica.
Los presidentes de Cortes y Tribunales Supremos participantes acordaron realizar acciones en sus respectivos países, tomando en cuenta la diversidad de los marcos jurídicos que existen en la región, con el fin de hacerlos concordantes.
Para revertir el difícil acceso a la justicia, pondrán en marcha diversas acciones entre las que destacan el diseño y desarrollo de programas encaminados a fomentar una cultura jurídica entre la población, poniendo énfasis en el conocimiento de la organización y funcionamiento de la administración de justicia.
Otra línea de acción para acercar la justicia a la sociedad estará dirigida a promover la capacitación de jueces y magistrados, con el objeto de que utilicen en sus resoluciones un lenguaje accesible, sin perjuicio del rigor científico-jurídico de las decisiones judiciales. De igual forma, los Poderes Judiciales se comprometieron a establecer políticas de comunicación que propicien una mayor apertura a la información relativa a la administración de justicia y manejo de recursos con transparencia y facilidad de acceso. Sobre la relación que deben mantener los Poderes Judiciales con los medios de comunicación, los ministros y magistrados acordaron estrechar este vínculo mediante programas de capacitación sobre administración de justicia, proporcionándoles información oportuna y veraz sobre los procesos y resoluciones.
Se pronunciaron por recomendar a las autoridades de sus respectivos países incluir en los programas de estudio materias sobre los derechos y obligaciones de las personas y en torno a la organización judicial en todos los niveles del sistema educativo.
ASISTENCIA LEGAL Y DEFENSA PUBLICA GRATUITAS
Por otra parte, durante el primer día de trabajos, los presidentes de Cortes señalaron que ante las condiciones económicas adversas que enfrenta un gran número de personas en Iberoamérica, y conscientes de que el derecho de defensa es fundamental y está reconocido en la mayoría de los textos jurídicos nacionales e internacionales, se debe promover una regulación legal de los servicios de asistencia legal y defensa pública gratuitas prestados en forma autónoma.
Se pronunciaron por promover el suministro de recursos necesarios para el buen funcionamiento de dichos servicios; que éstos sean prestados por profesionales que reúnan óptimas condiciones técnicas y éticas, y por impulsar el establecimiento de mecanismos que permitan garantizar a la población el buen desempeño de tales servicios de asistencia legal y de defensa pública.
Con el propósito de que la población esté adecuadamente informada de los servicios gratuitos que se prestan para su asistencia legal y defensa pública gratuita, los presidentes de las Cortes y Tribunales Supremos aprobaron, también, la recomendación de la delegación de Venezuela, encargada de este tema, en torno a una promoción y difusión extensa entre la población de los servicios citados.