Comunicados de Prensa
No.088/2002
México, D.F. a 24 de noviembre de 2002
DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE, LA VII CUMBRE IBEROAMERICANA DEL CORTES SUPREMAS, EN MÉXICO
* Se busca garantizar a todos los grupos sociales de la región una administración de justicia responsable.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será la anfitriona de la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, en la que participarán representantes de 22 países que debatirán sobre una impartición de justicia sin excepción, con eficiencia y calidad, a favor de la comunidad de la región.
Esta es la primera vez en la historia de México que se lleva a cabo una Cumbre de dicha naturaleza, y es producto del liderazgo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha asumido entre los poderes judiciales de Iberoamérica. El evento se realizará en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, del 27 al 29 de noviembre.
Algunos de los temas que serán discutidos durante los tres días de trabajo son: el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables de la sociedad como son los grupos indígenas; el acceso a la información pública y medios de comunicación, y la globalización y seguridad jurídica.
Asimismo, los presidentes de las Cortes y Tribunales Supremos de Justicia analizarán la asistencia legal y defensa jurídica; la cultura jurídica-judicial, difusión de las resoluciones judiciales; el sistema de gobierno del Poder Judicial; el espacio judicial iberoamericano; la resolución alternativa de conflictos; la mora judicial (o rezago judicial), simplificación y oralidad en los procedimientos judiciales, así como la previsión constitucional presupuestaria asignada a los poderes judiciales.
Los países que participarán en esta Cumbre son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Se analizarán los diagnósticos elaborados por los diversos grupos de trabajo que se conformaron para estudiar la situación que prevalece en los países iberoamericanos en torno a la impartición de justicia, así como posibles alternativas de solución.
De esta manera, las comisiones han establecido que la autonomía presupuestaria de los Poderes Judiciales es irrenunciable como garantía efectiva de su independencia.
De ahí que deba buscarse el compromiso de que en los presupuestos de cada uno de los gobiernos, se respete siempre la planeación de desarrollo elaborada por el Poder Judicial, en el entendido de que no podrán cancelarse proyectos esenciales para la impartición de justicia.
En este sentido, han señalado que se trata de una batalla larga y difícil de librar, en la cual no se claudicará ni se bajará la guardia ante embates de aquellos que ven con recelo que los Poderes Judiciales sean autónomos presupuestariamente.
En cuanto al tema "Acceso de los indígenas a la justicia", el grupo responsable de esta Comisión reportó que en países como Venezuela, Bolivia, Colombia, México, Chile, Perú y Guatemala, el porcentaje de la población indígena va desde el 1.5% del total de habitantes hasta el 48.6 por ciento.
De acuerdo con el diagnóstico, el reto es conciliar la justicia ordinaria oficial con el derecho consuetudinario indígena, y de manera específica para los poderes judiciales, que en su desempeño cotidiano se enfrentan a la disyuntiva de administrar justicia en los términos que las leyes les imponen, pero siendo sensibles a la valoración objetiva de los usos y costumbres de las comunidades étnicas.
En este aspecto existe coincidencia en que se debe evitar la discriminación cultural; usar su propio idioma ante la impartición de justicia en todas las ramas; velar por la plena vigencia de las garantías contenidas en el debido proceso, e incentivar el recurso del peritaje cultural o estudio socioantropológico.
La Comisión sobre Mora Judicial (o rezago judicial) elaboró un documento en el que señala diversas causas que provocan este problema, tales como: insuficiente número de jueces; deficiente organización; existencia de procedimientos inadecuados y actuación de las partes y su conducta procesal.
Ante ello, se plantea mejorar la organización de los recursos humanos y materiales, fomentar una justicia transparente, comprensible, previsible, atenta con la persona y, sobre todo, rápida y eficaz.
Por otra parte, la Comisión que estudia el tema "La mujer ante el acceso a la justicia", identificó como áreas prioritarias de atención la eliminación de prácticas y costumbres que tengan un efecto o resultado discriminatorio; crear una unidad permanente que promueva la igualdad de género como una política institucional, así como identificar las áreas donde la justicia se relaciona con la problemática de las mujeres, como la violencia intrafamiliar o pensiones alimenticias.
En tal sentido, los presidentes de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia confían en que este encuentro será fructífero en propuestas y programas que incrementen la asistencia legal profesional a un mayor número de personas, especialmente de los sectores más vulnerables.
El encuentro será inaugurado por el Presidente Vicente Fox Quesada, y contará con la presencia del Pleno de Ministros de la SCJN, que preside Genaro David Góngora Pimentel.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será la anfitriona de la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, en la que participarán representantes de 22 países que debatirán sobre una impartición de justicia sin excepción, con eficiencia y calidad, a favor de la comunidad de la región.
Esta es la primera vez en la historia de México que se lleva a cabo una Cumbre de dicha naturaleza, y es producto del liderazgo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha asumido entre los poderes judiciales de Iberoamérica. El evento se realizará en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, del 27 al 29 de noviembre.
Algunos de los temas que serán discutidos durante los tres días de trabajo son: el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables de la sociedad como son los grupos indígenas; el acceso a la información pública y medios de comunicación, y la globalización y seguridad jurídica.
Asimismo, los presidentes de las Cortes y Tribunales Supremos de Justicia analizarán la asistencia legal y defensa jurídica; la cultura jurídica-judicial, difusión de las resoluciones judiciales; el sistema de gobierno del Poder Judicial; el espacio judicial iberoamericano; la resolución alternativa de conflictos; la mora judicial (o rezago judicial), simplificación y oralidad en los procedimientos judiciales, así como la previsión constitucional presupuestaria asignada a los poderes judiciales.
Los países que participarán en esta Cumbre son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Se analizarán los diagnósticos elaborados por los diversos grupos de trabajo que se conformaron para estudiar la situación que prevalece en los países iberoamericanos en torno a la impartición de justicia, así como posibles alternativas de solución.
De esta manera, las comisiones han establecido que la autonomía presupuestaria de los Poderes Judiciales es irrenunciable como garantía efectiva de su independencia.
De ahí que deba buscarse el compromiso de que en los presupuestos de cada uno de los gobiernos, se respete siempre la planeación de desarrollo elaborada por el Poder Judicial, en el entendido de que no podrán cancelarse proyectos esenciales para la impartición de justicia.
En este sentido, han señalado que se trata de una batalla larga y difícil de librar, en la cual no se claudicará ni se bajará la guardia ante embates de aquellos que ven con recelo que los Poderes Judiciales sean autónomos presupuestariamente.
En cuanto al tema "Acceso de los indígenas a la justicia", el grupo responsable de esta Comisión reportó que en países como Venezuela, Bolivia, Colombia, México, Chile, Perú y Guatemala, el porcentaje de la población indígena va desde el 1.5% del total de habitantes hasta el 48.6 por ciento.
De acuerdo con el diagnóstico, el reto es conciliar la justicia ordinaria oficial con el derecho consuetudinario indígena, y de manera específica para los poderes judiciales, que en su desempeño cotidiano se enfrentan a la disyuntiva de administrar justicia en los términos que las leyes les imponen, pero siendo sensibles a la valoración objetiva de los usos y costumbres de las comunidades étnicas.
En este aspecto existe coincidencia en que se debe evitar la discriminación cultural; usar su propio idioma ante la impartición de justicia en todas las ramas; velar por la plena vigencia de las garantías contenidas en el debido proceso, e incentivar el recurso del peritaje cultural o estudio socioantropológico.
La Comisión sobre Mora Judicial (o rezago judicial) elaboró un documento en el que señala diversas causas que provocan este problema, tales como: insuficiente número de jueces; deficiente organización; existencia de procedimientos inadecuados y actuación de las partes y su conducta procesal.
Ante ello, se plantea mejorar la organización de los recursos humanos y materiales, fomentar una justicia transparente, comprensible, previsible, atenta con la persona y, sobre todo, rápida y eficaz.
Por otra parte, la Comisión que estudia el tema "La mujer ante el acceso a la justicia", identificó como áreas prioritarias de atención la eliminación de prácticas y costumbres que tengan un efecto o resultado discriminatorio; crear una unidad permanente que promueva la igualdad de género como una política institucional, así como identificar las áreas donde la justicia se relaciona con la problemática de las mujeres, como la violencia intrafamiliar o pensiones alimenticias.
En tal sentido, los presidentes de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia confían en que este encuentro será fructífero en propuestas y programas que incrementen la asistencia legal profesional a un mayor número de personas, especialmente de los sectores más vulnerables.
El encuentro será inaugurado por el Presidente Vicente Fox Quesada, y contará con la presencia del Pleno de Ministros de la SCJN, que preside Genaro David Góngora Pimentel.