Comunicados de Prensa
No.078/2002
México, D.F. a 25 de octubre de 2002
RECHAZO A INJERENCIAS EN LOS PODERES JUDICIALES, ACUERDAN CONSEJOS IBEROAMERICANOS
*Concluye en Zacatecas III Cumbre Iberoamericana de Consejos de la Judicatura.
*Adoptan Consejos de 17 países Declaración de Zacatecas.
Al concluir los trabajos del III Encuentro Iberoamericano de Consejos de la Judicatura, los 17 países participantes expresaron su preocupación común por la constante injerencia de intereses políticos en su desempeño y conformación puesto que limitan su efectividad, ponen en riesgo la impartición de justicia, generan crisis de legalidad y crean desconfianza en las instituciones del Estado.
Coincidieron en señalar que la reducción presupuestal, es uno de los instrumentos más recurridos para limitar el desempeño de los Consejos de la Judicatura en los países de la región, pues es utilizado como un primer paso para condicionar o minimizar el cumplimiento de las atribuciones que estos órganos tienen hoy en día, como coadyuvantes en la trascendente tarea de garantizar el Estado de Derecho a todos los ciudadanos, mediante la impartición de justicia.
Durante el último día de trabajos de este Encuentro, los delegados suscribieron una declaratoria general de rechazo a la intromisión que sufren actualmente los Consejos de la Judicatura por parte de las estructuras de gobierno, así como por las constantes reformas legales que buscan minar su independencia.
En su oportunidad, Enrique Tamariz Baquerizo, vocal del Consejo Nacional de la Judicatura de Ecuador, manifestó que hoy en día “existe, por lo menos en algunos países de Latinoamérica, una clara tendencia a controlar la actuación de los Consejos de la Judicatura por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo”.
Planteó que en esta región se producen contradicciones preocupantes como el hecho de que, por un lado, se incrementa la violencia, con el consecuente reclamo de una impartición de justicia oportuna; mientras por el otro, se promueve la reducción presupuestal que continuamente le es aplicada a los Poderes Judiciales, minando así su desempeño.
Por su parte, Enrique Marín Velez, presidente del Consejo Superior de la Judicatura de Colombia, puso como ejemplo que en su país se encuentra en proceso de aprobación una serie de reformas constitucionales que le restan atribuciones a ese órgano colegiado, para convertirlo en un órgano encargado de la administración elemental del Poder Judicial, vulnerando así su autonomía e independencia.
De concretarse dicha reforma en los términos planteados, el Supremo Tribunal de Justicia concentraría un sinnúmero de facultades, además de que se prevé una nueva conformación de este órgano de administración que incluya a integrantes del Supremo Tribunal, así como del Poder Ejecutivo.
“Lo que implicaría que la rama judicial volviera a ser una oscura oficina del Ministerio del Interior”. Y la carrera judicial que ha sido una propuesta que Colombia ha liderado con holgura académica y organizativa, despoje a los jueces de la estabilidad que tenían”, subrayó.
Los participantes advirtieron que este tipo de propuestas constitucionales vulneran a los Consejos de la Judicatura que, en los hechos, han demostrado ser un nuevo modelo de impartición de justicia y cuya contribución, a garantizar la independencia de los Poderes Judiciales, es clara.
En tanto, Rafael Roversi, titular de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura de Venezuela, tras coincidir con su homólogo de Colombia dijo que en su país, el reciente proceso constituyente eliminó el anterior Consejo de la Judicatura, y se estableció que el Tribunal Supremo de Justicia tiene, además de la función jurisdiccional, el gobierno, la administración y la vigilancia del Poder Judicial.
“Hoy, los Poderes Judiciales fungen como árbitros, puesto que están llamados a tomar decisiones que sostienen o no una acción política mediante el control constitucional”. Sin embargo, dijo que el Poder Judicial se encuentra limitado en su actuación ya que los actores en conflicto generalmente descalifican de entrada su desempeño, trastocando así su credibilidad y confianza social.
A su vez, Eduardo D. E. Orio, Consejero de la Magistratura de Argentina dijo que al igual que Venezuela, atraviesan la crisis económica, constitucional y política más grave de su historia, la cual ofrece un panorama oscuro para el Consejo de la Magistratura, en virtud de que dos de los principales aspirantes a la presidencia de su país han manifestado abiertamente su determinación de desaparecer a este órgano, bajo el argumento de que es costoso, burocrático e ineficiente.
Subrayó que en Argentina el funcionamiento del Consejo de la Magistratura ha sido eficiente tanto a nivel nacional como provincial, sin embargo, destacó que de concretarse en lo futuro su desaparición, se debilitaría al Poder Judicial y se retornaría a esquemas de gran presidencialismo que por lo menos en el ámbito judicial se habían superado
Más adelante, Héctor Aníbal de León Velasco, presidente del Consejo de la Carrera Judicial de Guatemala, sostuvo que la intimidación e incluso la agresión física se ha constituido en un instrumento de control del Poder Judicial en aquella nación, lo cual ha llevado a que 80 jueces y magistrados hayan sido objeto de atentados.
CAMPUS VIRTUAL MODELO A SEGUIR EN IBEROAMERICA
En su oportunidad, el magistrado Julio César Vázquez-Mellado, director del Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial, explicó que el campus virtual de México cuenta con una plataforma propia que posibilita la educación a distancia en todos los órganos jurisdiccionales, además de que por su diseño constituye una opción para emprender ambiciosos programas de capacitación entre los países de Iberoamérica.
Dijo que en las escuelas virtuales, los alumnos pueden ingresar a todos los cursos básicos con la ventaja de contar con un asesor que les da seguimiento personalizado vía intranet y la cobertura, en número de personal capacitado, se incrementa en forma considerable.
Las ventajas de este tipo de cursos es que acortan las distancias con el objetivo de acceder a las regiones más alejadas del país, así como que el alumno puede manejar su ritmo de aprendizaje con la ayuda de una guía didáctica y facilitar el asesoramiento de temas relevantes judiciales.
Vázquez-Mellado enfatizó que con la puesta en marcha de estos programas sustentados en tecnología de punta, el Poder Judicial de la Federación (PJF) de nuestro país se coloca a la vanguardia en las tareas de capacitación y actualización judicial.
DECLARACION DE ZACATECAS
Los 17 países participantes en esta III Cumbre Iberoamericana dieron por terminados sus trabajos con la adopción de la “Declaración de Zacatecas”:
“Ratificamos nuestro interés en el buen desarrollo del proceso de modernización del sistema de justicia de cada uno de los países de la región, y solicitamos se otorguen recursos suficientes, así como manifestamos nuestra preocupación ante cualquier disminución injustificada o asignación insuficiente del presupuesto de los Poderes Judiciales y/o Consejos de la Judicatura, ya que ello dificulta y pone en riesgo el acceso y la impartición de justicia en las condiciones que requieren los ciudadanos”.
Los Consejos de la Judicatura de Iberoamérica reafirman su compromiso de apoyo y fortalecimiento de la gestión de los Consejos de la Judicatura u otros órganos de gobierno o de administración, como presupuesto indispensable para garantizar la independencia de los jueces, el equilibrio de poderes en un Estado de Derecho y el desarrollo de las Naciones.
En consecuencia, hacen un llamado para que se haga efectiva la independencia de los Consejos de la Judicatura u órganos de gobierno o administración, en su caso, frente a los otros poderes del Estado y, en general, frente a las autoridades, instituciones y organismos nacionales o internacionales, así como los diferentes grupos y organizaciones sociales, económicos y políticos, quienes en todo momento deben respetar y hacer efectiva dicha independencia de la Judicatura.
“Considerando el crecimiento de la violencia y su impacto en la función judicial, así como la integridad física de sus integrantes, particularmente los juzgadores, manifestamos que estos hechos representan una violación de los derechos humanos de los afectados y un ataque a la independencia del Poder Judicial, base fundamental de un Estado Democrático de Derecho.
“Reiteramos que el ejercicio de la función judicial debe contar con todas las garantías indispensables para que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia ajena a las legales pueda ser obstaculizada, en especial la integridad de todos los jueces como base para una correcta impartición de justicia”.
Finalmente, los países participantes designaron a Honduras como el país sede del IV Encuentro Iberoamericano de Consejos de la Judicatura, en tanto que España fue ratificado en la Secretaría Permanente de los Consejos de la Judicatura de Iberoamérica.
*Adoptan Consejos de 17 países Declaración de Zacatecas.
Al concluir los trabajos del III Encuentro Iberoamericano de Consejos de la Judicatura, los 17 países participantes expresaron su preocupación común por la constante injerencia de intereses políticos en su desempeño y conformación puesto que limitan su efectividad, ponen en riesgo la impartición de justicia, generan crisis de legalidad y crean desconfianza en las instituciones del Estado.
Coincidieron en señalar que la reducción presupuestal, es uno de los instrumentos más recurridos para limitar el desempeño de los Consejos de la Judicatura en los países de la región, pues es utilizado como un primer paso para condicionar o minimizar el cumplimiento de las atribuciones que estos órganos tienen hoy en día, como coadyuvantes en la trascendente tarea de garantizar el Estado de Derecho a todos los ciudadanos, mediante la impartición de justicia.
Durante el último día de trabajos de este Encuentro, los delegados suscribieron una declaratoria general de rechazo a la intromisión que sufren actualmente los Consejos de la Judicatura por parte de las estructuras de gobierno, así como por las constantes reformas legales que buscan minar su independencia.
En su oportunidad, Enrique Tamariz Baquerizo, vocal del Consejo Nacional de la Judicatura de Ecuador, manifestó que hoy en día “existe, por lo menos en algunos países de Latinoamérica, una clara tendencia a controlar la actuación de los Consejos de la Judicatura por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo”.
Planteó que en esta región se producen contradicciones preocupantes como el hecho de que, por un lado, se incrementa la violencia, con el consecuente reclamo de una impartición de justicia oportuna; mientras por el otro, se promueve la reducción presupuestal que continuamente le es aplicada a los Poderes Judiciales, minando así su desempeño.
Por su parte, Enrique Marín Velez, presidente del Consejo Superior de la Judicatura de Colombia, puso como ejemplo que en su país se encuentra en proceso de aprobación una serie de reformas constitucionales que le restan atribuciones a ese órgano colegiado, para convertirlo en un órgano encargado de la administración elemental del Poder Judicial, vulnerando así su autonomía e independencia.
De concretarse dicha reforma en los términos planteados, el Supremo Tribunal de Justicia concentraría un sinnúmero de facultades, además de que se prevé una nueva conformación de este órgano de administración que incluya a integrantes del Supremo Tribunal, así como del Poder Ejecutivo.
“Lo que implicaría que la rama judicial volviera a ser una oscura oficina del Ministerio del Interior”. Y la carrera judicial que ha sido una propuesta que Colombia ha liderado con holgura académica y organizativa, despoje a los jueces de la estabilidad que tenían”, subrayó.
Los participantes advirtieron que este tipo de propuestas constitucionales vulneran a los Consejos de la Judicatura que, en los hechos, han demostrado ser un nuevo modelo de impartición de justicia y cuya contribución, a garantizar la independencia de los Poderes Judiciales, es clara.
En tanto, Rafael Roversi, titular de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura de Venezuela, tras coincidir con su homólogo de Colombia dijo que en su país, el reciente proceso constituyente eliminó el anterior Consejo de la Judicatura, y se estableció que el Tribunal Supremo de Justicia tiene, además de la función jurisdiccional, el gobierno, la administración y la vigilancia del Poder Judicial.
“Hoy, los Poderes Judiciales fungen como árbitros, puesto que están llamados a tomar decisiones que sostienen o no una acción política mediante el control constitucional”. Sin embargo, dijo que el Poder Judicial se encuentra limitado en su actuación ya que los actores en conflicto generalmente descalifican de entrada su desempeño, trastocando así su credibilidad y confianza social.
A su vez, Eduardo D. E. Orio, Consejero de la Magistratura de Argentina dijo que al igual que Venezuela, atraviesan la crisis económica, constitucional y política más grave de su historia, la cual ofrece un panorama oscuro para el Consejo de la Magistratura, en virtud de que dos de los principales aspirantes a la presidencia de su país han manifestado abiertamente su determinación de desaparecer a este órgano, bajo el argumento de que es costoso, burocrático e ineficiente.
Subrayó que en Argentina el funcionamiento del Consejo de la Magistratura ha sido eficiente tanto a nivel nacional como provincial, sin embargo, destacó que de concretarse en lo futuro su desaparición, se debilitaría al Poder Judicial y se retornaría a esquemas de gran presidencialismo que por lo menos en el ámbito judicial se habían superado
Más adelante, Héctor Aníbal de León Velasco, presidente del Consejo de la Carrera Judicial de Guatemala, sostuvo que la intimidación e incluso la agresión física se ha constituido en un instrumento de control del Poder Judicial en aquella nación, lo cual ha llevado a que 80 jueces y magistrados hayan sido objeto de atentados.
CAMPUS VIRTUAL MODELO A SEGUIR EN IBEROAMERICA
En su oportunidad, el magistrado Julio César Vázquez-Mellado, director del Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial, explicó que el campus virtual de México cuenta con una plataforma propia que posibilita la educación a distancia en todos los órganos jurisdiccionales, además de que por su diseño constituye una opción para emprender ambiciosos programas de capacitación entre los países de Iberoamérica.
Dijo que en las escuelas virtuales, los alumnos pueden ingresar a todos los cursos básicos con la ventaja de contar con un asesor que les da seguimiento personalizado vía intranet y la cobertura, en número de personal capacitado, se incrementa en forma considerable.
Las ventajas de este tipo de cursos es que acortan las distancias con el objetivo de acceder a las regiones más alejadas del país, así como que el alumno puede manejar su ritmo de aprendizaje con la ayuda de una guía didáctica y facilitar el asesoramiento de temas relevantes judiciales.
Vázquez-Mellado enfatizó que con la puesta en marcha de estos programas sustentados en tecnología de punta, el Poder Judicial de la Federación (PJF) de nuestro país se coloca a la vanguardia en las tareas de capacitación y actualización judicial.
DECLARACION DE ZACATECAS
Los 17 países participantes en esta III Cumbre Iberoamericana dieron por terminados sus trabajos con la adopción de la “Declaración de Zacatecas”:
“Ratificamos nuestro interés en el buen desarrollo del proceso de modernización del sistema de justicia de cada uno de los países de la región, y solicitamos se otorguen recursos suficientes, así como manifestamos nuestra preocupación ante cualquier disminución injustificada o asignación insuficiente del presupuesto de los Poderes Judiciales y/o Consejos de la Judicatura, ya que ello dificulta y pone en riesgo el acceso y la impartición de justicia en las condiciones que requieren los ciudadanos”.
Los Consejos de la Judicatura de Iberoamérica reafirman su compromiso de apoyo y fortalecimiento de la gestión de los Consejos de la Judicatura u otros órganos de gobierno o de administración, como presupuesto indispensable para garantizar la independencia de los jueces, el equilibrio de poderes en un Estado de Derecho y el desarrollo de las Naciones.
En consecuencia, hacen un llamado para que se haga efectiva la independencia de los Consejos de la Judicatura u órganos de gobierno o administración, en su caso, frente a los otros poderes del Estado y, en general, frente a las autoridades, instituciones y organismos nacionales o internacionales, así como los diferentes grupos y organizaciones sociales, económicos y políticos, quienes en todo momento deben respetar y hacer efectiva dicha independencia de la Judicatura.
“Considerando el crecimiento de la violencia y su impacto en la función judicial, así como la integridad física de sus integrantes, particularmente los juzgadores, manifestamos que estos hechos representan una violación de los derechos humanos de los afectados y un ataque a la independencia del Poder Judicial, base fundamental de un Estado Democrático de Derecho.
“Reiteramos que el ejercicio de la función judicial debe contar con todas las garantías indispensables para que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia ajena a las legales pueda ser obstaculizada, en especial la integridad de todos los jueces como base para una correcta impartición de justicia”.
Finalmente, los países participantes designaron a Honduras como el país sede del IV Encuentro Iberoamericano de Consejos de la Judicatura, en tanto que España fue ratificado en la Secretaría Permanente de los Consejos de la Judicatura de Iberoamérica.