Comunicados de Prensa
No.064/2002
México, D.F. a 29 de agosto de 2002
SALUDA SCJN DICTAMEN DE DIPUTADOS QUE OTORGA AL PJF AUTONOMÍA FINANCIERA
* El presidente de la SCJN, Genaro Góngora Pimentel, dicta conferencia magistral en el Primer Foro Tributario Internacional de México
El Poder Judicial de la Federación (PJF) saluda la dictaminación que en breve realizarán comisiones de la Cámara de Diputados sobre las iniciativas del PRI y PRD, que le otorgan autonomía presupuestaria, asignándole para tal efecto, un porcentaje no inferior al 2.5 por ciento del gasto programable federal, manifestó el ministro Genaro David Góngora Pimentel, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Dijo que este hecho habla de la sensibilidad de las representaciones partidistas en esa Cámara Baja, para crear las condiciones institucionales necesarias, con el fin de que la independencia del PJF sea efectiva.
Góngora Pimentel confió que este dictamen logre el consenso de todas las fracciones parlamentarias en el Congreso de la Unión, aún de aquellas que no se han convencido del todo de que un Poder Judicial independiente en lo presupuestal, contribuirá al fortalecimiento del sistema de contrapesos por el que los mexicanos hemos luchado por tantos años.
Señaló que en el pasado, estas resistencias no podían más que entenderse como un sutil mecanismo para escamotear al Poder Judicial Federal su independencia frente a los demás poderes públicos.
El presidente de la SCJN expuso lo anterior, al dictar una conferencia magistral en el Primer Foro Internacional Tributario de México, donde dejó en claro que contar con autonomía presupuestal, de ninguna manera implicaría que el PJF tuviese la posibilidad de eludir el cumplimiento de todo tipo de disposiciones legales emitidas por el Poder Legislativo en materia de control, registro, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de sus partidas presupuestales.
Por otra parte, el ministro Genaro Góngora Pimentel aseveró que por encima de consideraciones de naturaleza política y macroeconómica –en sí mismas válidas y objetivas-, la SCJN tiene la encomienda de salvaguardar el orden constitucional.
Proceder en sentido distinto, indicó, equivaldría a prohijar la anarquía y el abatimiento del estado de Derecho en México.
Estableció la obligación constitucional de la SCJN de verificar la validez de las respectivas normas legales, confirmando su constitucionalidad cuando ello sea pertinente, incluso a pesar de la inconformidad de los funcionarios o personas afectadas.
Igualmente, decretando, cuando así proceda, la inconstitucionalidad de las leyes o actos que vulneren garantías individuales de los gobernados, o bien, que trastoquen la Constitución en la parte que regula las relaciones institucionales de los órganos federales entre sí, y entre éstos y los de las entidades federativas y municipales.
Con sus ejecutorias, la SCJN demuestra que en el ámbito constitucional, su obligación y responsabilidad es respetar y hacer que se respeten los principios consagrados en la Constitución Federal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene interés particular en declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes o actos provenientes de funcionarios federales, estatales o municipales.
Su principal compromiso, subrayó Genaro Góngora Pimentel, es la tutela del estado de Derecho y, con ello, asegurar que la actuación de todos los funcionarios y autoridades del país se ajuste a la Constitución Federal y a las disposiciones legales que de ella emanan.
La historia demuestra que la SCJN así ha actuado y lo seguirá haciendo. Dejar de cumplir con ese cometido propiciaría el desorden constitucional y, por ende, la anarquía, la injusticia y la arbitrariedad, sostuvo.
El presidente del más Alto Tribunal del país puntualizó que en las condiciones actuales, los grandes temas nacionales están sensiblemente juridizados, lo cual explica el notorio crecimiento de los asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales federales, algunos de los cuales están pendientes de resoluciones, como los conflictos hacendarios entre distintos niveles de gobierno, la reforma en materia indígena y modificaciones a diversas leyes fiscales en vigor a partir del 1 de enero de este año.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró, sabe de las implicaciones políticas, sociales y económicas que sus decisiones tendrán en esos casos, y de la importante huella que las sentencias dejarán en los anales judiciales de México.
Por ello, habrá de resolverlos con independencia de los intereses particulares o de grupo, porque así lo exige el estado de Derecho imperante.
El presidente de la SCJN agregó que el fortalecimiento, crecimiento y modernización del Poder Judicial de la Federación requiere de la necesaria revisión y, en su caso, la expedición de nuevas y mejores leyes adjetivas que regulen los procedimientos constitucionales y legales que ante él se tramitan.
En este sentido, planteó que la institución del juicio de amparo necesita de modificaciones que posibiliten en forma cabal que los gobernados tengan acceso a una justicia pronta y expedita impartida por los tribunales federales, por lo que destacó la importancia del proyecto de Ley de Amparo que la SCJN entregó a legisladores y partidos políticos, para que sea discutida en el Congreso de la Unión.
El Poder Judicial de la Federación (PJF) saluda la dictaminación que en breve realizarán comisiones de la Cámara de Diputados sobre las iniciativas del PRI y PRD, que le otorgan autonomía presupuestaria, asignándole para tal efecto, un porcentaje no inferior al 2.5 por ciento del gasto programable federal, manifestó el ministro Genaro David Góngora Pimentel, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Dijo que este hecho habla de la sensibilidad de las representaciones partidistas en esa Cámara Baja, para crear las condiciones institucionales necesarias, con el fin de que la independencia del PJF sea efectiva.
Góngora Pimentel confió que este dictamen logre el consenso de todas las fracciones parlamentarias en el Congreso de la Unión, aún de aquellas que no se han convencido del todo de que un Poder Judicial independiente en lo presupuestal, contribuirá al fortalecimiento del sistema de contrapesos por el que los mexicanos hemos luchado por tantos años.
Señaló que en el pasado, estas resistencias no podían más que entenderse como un sutil mecanismo para escamotear al Poder Judicial Federal su independencia frente a los demás poderes públicos.
El presidente de la SCJN expuso lo anterior, al dictar una conferencia magistral en el Primer Foro Internacional Tributario de México, donde dejó en claro que contar con autonomía presupuestal, de ninguna manera implicaría que el PJF tuviese la posibilidad de eludir el cumplimiento de todo tipo de disposiciones legales emitidas por el Poder Legislativo en materia de control, registro, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de sus partidas presupuestales.
Por otra parte, el ministro Genaro Góngora Pimentel aseveró que por encima de consideraciones de naturaleza política y macroeconómica –en sí mismas válidas y objetivas-, la SCJN tiene la encomienda de salvaguardar el orden constitucional.
Proceder en sentido distinto, indicó, equivaldría a prohijar la anarquía y el abatimiento del estado de Derecho en México.
Estableció la obligación constitucional de la SCJN de verificar la validez de las respectivas normas legales, confirmando su constitucionalidad cuando ello sea pertinente, incluso a pesar de la inconformidad de los funcionarios o personas afectadas.
Igualmente, decretando, cuando así proceda, la inconstitucionalidad de las leyes o actos que vulneren garantías individuales de los gobernados, o bien, que trastoquen la Constitución en la parte que regula las relaciones institucionales de los órganos federales entre sí, y entre éstos y los de las entidades federativas y municipales.
Con sus ejecutorias, la SCJN demuestra que en el ámbito constitucional, su obligación y responsabilidad es respetar y hacer que se respeten los principios consagrados en la Constitución Federal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene interés particular en declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes o actos provenientes de funcionarios federales, estatales o municipales.
Su principal compromiso, subrayó Genaro Góngora Pimentel, es la tutela del estado de Derecho y, con ello, asegurar que la actuación de todos los funcionarios y autoridades del país se ajuste a la Constitución Federal y a las disposiciones legales que de ella emanan.
La historia demuestra que la SCJN así ha actuado y lo seguirá haciendo. Dejar de cumplir con ese cometido propiciaría el desorden constitucional y, por ende, la anarquía, la injusticia y la arbitrariedad, sostuvo.
El presidente del más Alto Tribunal del país puntualizó que en las condiciones actuales, los grandes temas nacionales están sensiblemente juridizados, lo cual explica el notorio crecimiento de los asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales federales, algunos de los cuales están pendientes de resoluciones, como los conflictos hacendarios entre distintos niveles de gobierno, la reforma en materia indígena y modificaciones a diversas leyes fiscales en vigor a partir del 1 de enero de este año.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró, sabe de las implicaciones políticas, sociales y económicas que sus decisiones tendrán en esos casos, y de la importante huella que las sentencias dejarán en los anales judiciales de México.
Por ello, habrá de resolverlos con independencia de los intereses particulares o de grupo, porque así lo exige el estado de Derecho imperante.
El presidente de la SCJN agregó que el fortalecimiento, crecimiento y modernización del Poder Judicial de la Federación requiere de la necesaria revisión y, en su caso, la expedición de nuevas y mejores leyes adjetivas que regulen los procedimientos constitucionales y legales que ante él se tramitan.
En este sentido, planteó que la institución del juicio de amparo necesita de modificaciones que posibiliten en forma cabal que los gobernados tengan acceso a una justicia pronta y expedita impartida por los tribunales federales, por lo que destacó la importancia del proyecto de Ley de Amparo que la SCJN entregó a legisladores y partidos políticos, para que sea discutida en el Congreso de la Unión.