Comunicados de Prensa
No.045/2002
México, D.F. a 19 de junio de 2002
EL DERECHO A LA DEFENSA, GARANTÍA QUE DEBE SER RESPETADA POR TODAS LAS AUTORIDADES: ESQUINCA
El director general del IFDP rindió su informe de labores 2001-2002
El derecho a la defensa penal y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en materia administrativa, fiscal y civil, son garantías constitucionales que deben ser respetadas por todas las autoridades, a fin de proteger a los grupos más vulnerables de la sociedad mexicana, afirmó César Esquinca Muñoa, director general del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).
Sin embargo, señaló que agentes investigadores del Ministerio Público Federal utilizan diversas tácticas para evitar la intervención de los defensores públicos federales, lo cual violenta las disposiciones legales y constitucionales que garantizan al inculpado el derecho a la defensa.
Estas tácticas, indicó, consisten en nombrar a supuestas personas de confianza que en ocasiones no conocen al indiciado, o bien, tratan de minimizar esa intervención al impedir la comunicación con el detenido hasta el momento en que rinde su declaración ministerial, tomándosela cuando está por vencer el plazo para ejercer la acción penal ante los tribunales.
Esquinca Muñoa confió en que esta situación pueda ser superada, a efecto de evitar una confrontación institucional, pero de no lograrse, enfatizó, “acudiremos a todas las instancias legales y emprenderemos todas las acciones que sean necesarias para garantizar el derecho constitucional a la defensa adecuada en la averiguación previa”.
Al rendir su informe de labores 2001-2002, ante el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Esquinca Muñoa señaló que el IFDP promovió importantes reformas y adiciones a las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto, con lo cual se amplió el marco competencial de los defensores públicos y asesores jurídicos, en beneficio de los grupos más desprotegidos.
Las reformas han posibilitado, dijo, que los asuntos en los que sea procedente se promueva la reparación del daño en favor de la víctima del delito o de sus beneficiarios, así como la devolución de los bienes u objetos a su favor.
Asimismo, agregó, se abrió la posibilidad de promover juicios de amparo contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales federales o locales y se elevó el límite máximo de ingresos de los solicitantes del servicio de seis a doce veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal.
Por otra parte, puntualizó que del 1 de junio de 2001 al 31 de mayo de 2002, 506 defensores públicos realizaron un total de 127 mil 865 acciones de defensa, promovieron mil 811 juicios de amparo, practicaron 83 mil 13 visitas carcelarias y efectuaron 69 mil 858 entrevistas a detenidos, en 164 ciudades y poblaciones del país.
Además, a través de la Unidad de Defensoría Pública y Evaluación en Materia Penal, fueron 8 mil 404 acciones emprendidas en apoyo a personas que cumplen condenas de prisión por delitos del orden federal, lo que posibilitó que se gestionaran beneficios preliberatorios, de remisión de las penas o de reubicación del lugar en que se compurga; en particular en el caso de indígenas, se realizaron 208 acciones que derivaron en la obtención de 92 de los beneficios solicitados.
Paralelamente, se solicitaron 175 fianzas para garantizar beneficios de libertad provisonal o condena condicional a favor de procesados o sentenciados por delitos federales, habiéndose otorgado 165 con un monto de 863 mil 499 pesos.
Por lo que toca a la asesoría jurídica, Esquinca Muñoa manifestó que, a la fecha, 114 asesores jurídicos adscritos en 59 de las ciudades más importantes del país prestan servicios sustantivos a los sectores más vulnerables.
De esta forma, externó, los asesores jurídicos proporcionaron 9 mil 849 orientaciones, que comparadas con 5 mil 967 reportadas el año anterior representan un incremento de 65 por ciento.
Resaltó que a partir del 16 de mayo pasado se empezó a proporcionar asesoría jurídica en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que si bien no es lugar de radicación de órganos jurisdiccionales, sí es una zona de graves conflictos sociales, que requieren de solución por los cauces legales para evitar hechos violentos.
De acuerdo con el magistrado Esquinca Muñoa, el servicio de representación jurídica es el más completo, porque implica la actuación plena del asesor ante los órganos jurisdiccionales y administrativos en defensa de los intereses de su patrocinado, mediante la presentación de pruebas, la interposición de recursos y la formulación de demandas de garantías. De esta forma se proporcionaron 3 mil 862 representaciones jurídicas.
En materia de capacitación, refirió que se llevaron a cabo cursos con diversos temas: delitos contra la salud, fiscales y ambientales; derecho procesal constitucional; derechos humanos; ética profesional; ejecución de penas y garantías individuales, entre otros.
Asimismo, el Instituto promovió la firma de convenios de colaboración institucionales en diversas materias, a efecto de garantizar el respeto y ejercicio del derecho a la diferencia cultural de los pueblos indígenas; de protección a los derechos humanos; para la protección jurídica de migrantes mexicanos y, para el otorgamiento de fianzas a internos de bajos recursos económicos.
Esta colaboración interinstitucional ha permitido logros específicos como la elaboración de un censo nacional de indígenas recluidos en centros de readaptación social, que derivó en la liberación de 98 indígenas, que elevan el número a 574, cuyas defensas están a cargo del Instituto.
Se han difundido los servicios de la institución a 10 millones de habitantes en todos los estados con presencia indígena, en 22 dialectos y a través de las 20 estaciones de radio que integran la Red de Telecomunicaciones del Instituto Nacional Indigenista.
Asimismo, se llevó a cabo la traducción de los carteles de difusión de los servicios sustantivos a 22 lenguas indígenas, así como su posterior distribución.
El Instituto también celebró 34 convenios en materia de prestación del servicio social con las más reconocidas universidades públicas y privadas del país.
El derecho a la defensa penal y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en materia administrativa, fiscal y civil, son garantías constitucionales que deben ser respetadas por todas las autoridades, a fin de proteger a los grupos más vulnerables de la sociedad mexicana, afirmó César Esquinca Muñoa, director general del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).
Sin embargo, señaló que agentes investigadores del Ministerio Público Federal utilizan diversas tácticas para evitar la intervención de los defensores públicos federales, lo cual violenta las disposiciones legales y constitucionales que garantizan al inculpado el derecho a la defensa.
Estas tácticas, indicó, consisten en nombrar a supuestas personas de confianza que en ocasiones no conocen al indiciado, o bien, tratan de minimizar esa intervención al impedir la comunicación con el detenido hasta el momento en que rinde su declaración ministerial, tomándosela cuando está por vencer el plazo para ejercer la acción penal ante los tribunales.
Esquinca Muñoa confió en que esta situación pueda ser superada, a efecto de evitar una confrontación institucional, pero de no lograrse, enfatizó, “acudiremos a todas las instancias legales y emprenderemos todas las acciones que sean necesarias para garantizar el derecho constitucional a la defensa adecuada en la averiguación previa”.
Al rendir su informe de labores 2001-2002, ante el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Esquinca Muñoa señaló que el IFDP promovió importantes reformas y adiciones a las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto, con lo cual se amplió el marco competencial de los defensores públicos y asesores jurídicos, en beneficio de los grupos más desprotegidos.
Las reformas han posibilitado, dijo, que los asuntos en los que sea procedente se promueva la reparación del daño en favor de la víctima del delito o de sus beneficiarios, así como la devolución de los bienes u objetos a su favor.
Asimismo, agregó, se abrió la posibilidad de promover juicios de amparo contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales federales o locales y se elevó el límite máximo de ingresos de los solicitantes del servicio de seis a doce veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal.
Por otra parte, puntualizó que del 1 de junio de 2001 al 31 de mayo de 2002, 506 defensores públicos realizaron un total de 127 mil 865 acciones de defensa, promovieron mil 811 juicios de amparo, practicaron 83 mil 13 visitas carcelarias y efectuaron 69 mil 858 entrevistas a detenidos, en 164 ciudades y poblaciones del país.
Además, a través de la Unidad de Defensoría Pública y Evaluación en Materia Penal, fueron 8 mil 404 acciones emprendidas en apoyo a personas que cumplen condenas de prisión por delitos del orden federal, lo que posibilitó que se gestionaran beneficios preliberatorios, de remisión de las penas o de reubicación del lugar en que se compurga; en particular en el caso de indígenas, se realizaron 208 acciones que derivaron en la obtención de 92 de los beneficios solicitados.
Paralelamente, se solicitaron 175 fianzas para garantizar beneficios de libertad provisonal o condena condicional a favor de procesados o sentenciados por delitos federales, habiéndose otorgado 165 con un monto de 863 mil 499 pesos.
Por lo que toca a la asesoría jurídica, Esquinca Muñoa manifestó que, a la fecha, 114 asesores jurídicos adscritos en 59 de las ciudades más importantes del país prestan servicios sustantivos a los sectores más vulnerables.
De esta forma, externó, los asesores jurídicos proporcionaron 9 mil 849 orientaciones, que comparadas con 5 mil 967 reportadas el año anterior representan un incremento de 65 por ciento.
Resaltó que a partir del 16 de mayo pasado se empezó a proporcionar asesoría jurídica en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que si bien no es lugar de radicación de órganos jurisdiccionales, sí es una zona de graves conflictos sociales, que requieren de solución por los cauces legales para evitar hechos violentos.
De acuerdo con el magistrado Esquinca Muñoa, el servicio de representación jurídica es el más completo, porque implica la actuación plena del asesor ante los órganos jurisdiccionales y administrativos en defensa de los intereses de su patrocinado, mediante la presentación de pruebas, la interposición de recursos y la formulación de demandas de garantías. De esta forma se proporcionaron 3 mil 862 representaciones jurídicas.
En materia de capacitación, refirió que se llevaron a cabo cursos con diversos temas: delitos contra la salud, fiscales y ambientales; derecho procesal constitucional; derechos humanos; ética profesional; ejecución de penas y garantías individuales, entre otros.
Asimismo, el Instituto promovió la firma de convenios de colaboración institucionales en diversas materias, a efecto de garantizar el respeto y ejercicio del derecho a la diferencia cultural de los pueblos indígenas; de protección a los derechos humanos; para la protección jurídica de migrantes mexicanos y, para el otorgamiento de fianzas a internos de bajos recursos económicos.
Esta colaboración interinstitucional ha permitido logros específicos como la elaboración de un censo nacional de indígenas recluidos en centros de readaptación social, que derivó en la liberación de 98 indígenas, que elevan el número a 574, cuyas defensas están a cargo del Instituto.
Se han difundido los servicios de la institución a 10 millones de habitantes en todos los estados con presencia indígena, en 22 dialectos y a través de las 20 estaciones de radio que integran la Red de Telecomunicaciones del Instituto Nacional Indigenista.
Asimismo, se llevó a cabo la traducción de los carteles de difusión de los servicios sustantivos a 22 lenguas indígenas, así como su posterior distribución.
El Instituto también celebró 34 convenios en materia de prestación del servicio social con las más reconocidas universidades públicas y privadas del país.