Comunicados de Prensa
No.SNC/1997
México, D.F. a 9 de septiembre de 1997
EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL DESTITUYE AL JUEZ SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA.
Por haber incurrido en irregularidades que constituyen causas graves de responsabilidad administrativa, tales como la notoria ineptitud y el descuido en el desempeño de sus funciones, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el pasado 5 de septiembre, resolvió destituir de su cargo a Jesús Humberto Ortega Zurita quien, desde octubre de 1991, se desempeñaba como Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad de Salina Cruz.
La denuncia 19/97, formulada contra Ortega Zurita señala, entre otras, las siguientes irregularidades en la gestión del juez:
1. Otorgar nombramiento de secretario de juzgado a una persona que no reunía la experiencia profesional de tres años que exige el artículo 109 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
2. Omitir el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Consejo de la Judicatura Federal en la visita de inspección extraordinaria que se practicó al juzgado, tales como: establecer un sistema de control de asistencia del personal administrativo, revisar las anotaciones de los libros de control de billetes de depósito existentes en el juzgado, investigar el destino de los billetes y solicitar información a la Tesorería de la Federación y a la Tesorería de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los mismos, así como localizar diversos billetes de depósito extraviados, recabar la constancia de recepción de armas y vehículos relacionados con diversos procesos penales y resolver las órdenes de aprehensión dentro del término legal.
3. Incurrir en dilación en la emisión de diversas órdenes de aprehensión y sentencias definitivas, en más de una veintena de asuntos.
El Consejo de la Judicatura Federal presentará, además, en breve, una denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito ante la Procuraduría General de la República pues se analizó una queja formulada en 1992 en contra de Humberto J. Ortega Zurita, cuando éste se desempeñaba como secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. En la queja consta que Alberto Pech Mass y Concepción Pech Manzanilla denunciaron que, para la promoción de un juicio de amparo, contrataron los servicios profesionales del abogado Eduardo Bacardit Berrón quien, por concepto de honorarios, les pidió cinco millones de pesos. Además, les solicitó cuarenta millones de pesos, para ser entregados, supuestamente, al juez. A manera de anticipo, procedieron a entregarle un cheque por la cantidad de 20 millones de pesos y 5 millones mas en efectivo pues - dijeron - el cheque se le iba a entregar al juez a efecto de que resolviera favorablemente el juicio de amparo . Bacardit Berrón aceptó, posteriormente, haber recibido de sus clientes el cheque descrito por ellos y el dinero en efectivo, pero aclaró que quien solicitó el dinero para resolver favorablemente el asunto fue Ortega Zurita, a quien afirmó haberle hecho entrega de 7 millones de pesos.
La denuncia 19/97, formulada contra Ortega Zurita señala, entre otras, las siguientes irregularidades en la gestión del juez:
1. Otorgar nombramiento de secretario de juzgado a una persona que no reunía la experiencia profesional de tres años que exige el artículo 109 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
2. Omitir el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Consejo de la Judicatura Federal en la visita de inspección extraordinaria que se practicó al juzgado, tales como: establecer un sistema de control de asistencia del personal administrativo, revisar las anotaciones de los libros de control de billetes de depósito existentes en el juzgado, investigar el destino de los billetes y solicitar información a la Tesorería de la Federación y a la Tesorería de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los mismos, así como localizar diversos billetes de depósito extraviados, recabar la constancia de recepción de armas y vehículos relacionados con diversos procesos penales y resolver las órdenes de aprehensión dentro del término legal.
3. Incurrir en dilación en la emisión de diversas órdenes de aprehensión y sentencias definitivas, en más de una veintena de asuntos.
El Consejo de la Judicatura Federal presentará, además, en breve, una denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito ante la Procuraduría General de la República pues se analizó una queja formulada en 1992 en contra de Humberto J. Ortega Zurita, cuando éste se desempeñaba como secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. En la queja consta que Alberto Pech Mass y Concepción Pech Manzanilla denunciaron que, para la promoción de un juicio de amparo, contrataron los servicios profesionales del abogado Eduardo Bacardit Berrón quien, por concepto de honorarios, les pidió cinco millones de pesos. Además, les solicitó cuarenta millones de pesos, para ser entregados, supuestamente, al juez. A manera de anticipo, procedieron a entregarle un cheque por la cantidad de 20 millones de pesos y 5 millones mas en efectivo pues - dijeron - el cheque se le iba a entregar al juez a efecto de que resolviera favorablemente el juicio de amparo . Bacardit Berrón aceptó, posteriormente, haber recibido de sus clientes el cheque descrito por ellos y el dinero en efectivo, pero aclaró que quien solicitó el dinero para resolver favorablemente el asunto fue Ortega Zurita, a quien afirmó haberle hecho entrega de 7 millones de pesos.