Comunicados de Prensa
No.035/2002
México, D.F. a 28 de mayo de 2002
EL DERECHO A LA DEFENSA, REQUISITO DE ELEMENTAL JUSTICIA QUE DEBE GARANTIZAR EL ESTADO: GÓNGORA
* El presidente de la SCJN y del CJF entregó la medalla “Ponciano Arriaga”
al defensor público más destacado en el 2001.
La impartición de justicia sin la figura del defensor público es una justicia denegada, afirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Genaro David Góngora Pimentel, al entregar la Medalla “Ponciano Arriaga” a Nancy Mireya Ledezma Vargas como la defensora pública federal más destacada en el 2001.
Tras señalar que el Poder Judicial de la Federación está satisfecho con la labor honesta, profesional y entusiasta que realizan los defensores públicos y asesores jurídicos, el ministro puntualizó que el derecho a la defensa no es una mera formalidad que en todo proceso deba cumplirse, sino un requisito de elemental justicia que el Estado debe garantizar para respetar la dignidad de todo ciudadano.
En el Auditorio Ignacio L. Vallarta del Palacio de Justicia Federal, Góngora Pimentel subrayó que la defensoría pública es la actividad de mayor contenido social, por ello “la vocación, la sensibilidad humana, la templanza del carácter y el deseo de superación son las virtudes de todo defensor de oficio”.
Agregó que la vocación de servicio implica disciplina, honestidad, probidad, constancia, capacitación permanente, comunicación, buen trato, respeto y confidencialidad.
El defensor público, dijo, debe tener una oportuna y verdadera vocación profesional, pues la ciencia del derecho requiere para su dominio muchas horas de estudio, de reflexión y de práctica.
El ministro recordó que la Ley Federal de Defensoría Pública, promulgada en 1998, establece rigurosos procedimientos de selección, capacitación y desarrollo de los defensores públicos, lo cual ha permitido que en un plazo breve el Instituto cuente con gran prestigio en la sociedad mexicana, al prestar el servicio de manera eficaz, adecuada y oportuna.
En su oportunidad, el magistrado César Esquinca Muñoa, director del Instituto Federal de Defensoría Pública, apuntó que la severidad de los concursos de oposición obedece a la necesidad de que los mejores abogados accedan a los cargos de defensor público y asesor jurídico, en salvaguarda de los intereses de los marginados sociales.
De ahí la permanente búsqueda de perfeccionamiento del sistema de supervisión y evaluación, que permite corregir errores y superar deficiencias. Estos sistemas, añadió, denotan seriedad, disciplina y orden, pero también respeto estricto al servicio civil de carrera.
Señaló que Ledezma Vargas es un ejemplo de los defensores que la sociedad demanda, que no sean simples comparsas en la averiguación previa; que no se limiten a solicitar beneficios -sean o no procedentes-, a ofrecer testigos de buena conducta o a formular conclusiones rutinarias.
“Los ciudadanos demandan defensores que atiendan con calidez humana a los detenidos y sus familiares, porque la justicia penal, más allá de concepciones filosóficas, es problema cotidiano de hombres y mujeres que la sufren y padecen”, puntualizó.
Cabe señalar que durante los últimos 11 años Nancy Mireya Ledezma Vargas ha formado parte del Poder Judicial de la Federación. En 1991 ocupó el cargo de oficial judicial interino y en 1992 como personal de base. En ese mismo año obtuvo la licenciatura en derecho y Ciencias Jurídicas en la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Posteriormente se desempeñó como defensora de oficio federal interina y en 1998 se le nombró defensora pública federal, por tiempo indefinido, cargo en el que continúa hasta la fecha.
Ledezma Vargas estuvo adscrita al Segundo Tribunal Unitario del Cuarto Circuito, en el Juzgado Tercero de Distrito y, actualmente, en el Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey.
al defensor público más destacado en el 2001.
La impartición de justicia sin la figura del defensor público es una justicia denegada, afirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Genaro David Góngora Pimentel, al entregar la Medalla “Ponciano Arriaga” a Nancy Mireya Ledezma Vargas como la defensora pública federal más destacada en el 2001.
Tras señalar que el Poder Judicial de la Federación está satisfecho con la labor honesta, profesional y entusiasta que realizan los defensores públicos y asesores jurídicos, el ministro puntualizó que el derecho a la defensa no es una mera formalidad que en todo proceso deba cumplirse, sino un requisito de elemental justicia que el Estado debe garantizar para respetar la dignidad de todo ciudadano.
En el Auditorio Ignacio L. Vallarta del Palacio de Justicia Federal, Góngora Pimentel subrayó que la defensoría pública es la actividad de mayor contenido social, por ello “la vocación, la sensibilidad humana, la templanza del carácter y el deseo de superación son las virtudes de todo defensor de oficio”.
Agregó que la vocación de servicio implica disciplina, honestidad, probidad, constancia, capacitación permanente, comunicación, buen trato, respeto y confidencialidad.
El defensor público, dijo, debe tener una oportuna y verdadera vocación profesional, pues la ciencia del derecho requiere para su dominio muchas horas de estudio, de reflexión y de práctica.
El ministro recordó que la Ley Federal de Defensoría Pública, promulgada en 1998, establece rigurosos procedimientos de selección, capacitación y desarrollo de los defensores públicos, lo cual ha permitido que en un plazo breve el Instituto cuente con gran prestigio en la sociedad mexicana, al prestar el servicio de manera eficaz, adecuada y oportuna.
En su oportunidad, el magistrado César Esquinca Muñoa, director del Instituto Federal de Defensoría Pública, apuntó que la severidad de los concursos de oposición obedece a la necesidad de que los mejores abogados accedan a los cargos de defensor público y asesor jurídico, en salvaguarda de los intereses de los marginados sociales.
De ahí la permanente búsqueda de perfeccionamiento del sistema de supervisión y evaluación, que permite corregir errores y superar deficiencias. Estos sistemas, añadió, denotan seriedad, disciplina y orden, pero también respeto estricto al servicio civil de carrera.
Señaló que Ledezma Vargas es un ejemplo de los defensores que la sociedad demanda, que no sean simples comparsas en la averiguación previa; que no se limiten a solicitar beneficios -sean o no procedentes-, a ofrecer testigos de buena conducta o a formular conclusiones rutinarias.
“Los ciudadanos demandan defensores que atiendan con calidez humana a los detenidos y sus familiares, porque la justicia penal, más allá de concepciones filosóficas, es problema cotidiano de hombres y mujeres que la sufren y padecen”, puntualizó.
Cabe señalar que durante los últimos 11 años Nancy Mireya Ledezma Vargas ha formado parte del Poder Judicial de la Federación. En 1991 ocupó el cargo de oficial judicial interino y en 1992 como personal de base. En ese mismo año obtuvo la licenciatura en derecho y Ciencias Jurídicas en la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Posteriormente se desempeñó como defensora de oficio federal interina y en 1998 se le nombró defensora pública federal, por tiempo indefinido, cargo en el que continúa hasta la fecha.
Ledezma Vargas estuvo adscrita al Segundo Tribunal Unitario del Cuarto Circuito, en el Juzgado Tercero de Distrito y, actualmente, en el Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey.