Comunicados de Prensa
No.020/2002
México, D.F. a 28 de febrero de 2002
APLICAN SCJN Y CJF ESTRICTOS PROGRAMAS DE AUSTERIDAD
Como consecuencia del recorte presupuestal de casi cinco mil millones de pesos aplicado al Poder Judicial de la Federación para su ejercicio en el 2002, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aplicarán, a partir de hoy, un estricto programa de austeridad para optimizar los recursos que permitan el mantenimiento de su infraestructura.
El Poder Judicial de la Federación informa a la sociedad que hará su mayor esfuerzo para eficientar la administración de los recursos públicos que le fueron asignados, y buscará que el impacto de la reducción presupuestal afecte lo menos posible el servicio de justicia que se ofrece en los tribunales y juzgados federales.
Como parte de los acuerdos de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, tanto en el Alto Tribunal como en el CJF se reducen al mínimo las erogaciones por concepto de uso de energía eléctrica, de telefonía fija y celular, viáticos, viajes nacionales y extranjeros, y publicaciones y difusión de las actividades del Poder Judicial de la Federación.
Asimismo, se restringe la contratación de personal por honorarios, la creación de nuevas plazas, y la suscripción de contratos de asesorías.
En el caso de la SCJN se establece que la creación de nuevas plazas será autorizada por su Presidente, ministro Genaro David Góngora Pimentel, cuando por necesidades del servicio público se requieran para evitar el rezago en las labores o contribuyan para un pronta, expedita y eficaz administración de la justicia.
Los servicios de asesoría, consultoría, estudios e investigaciones serán contratados única y exclusivamente cuando se trate de conocimientos especializados en alguna materia y no se cuente con el personal requerido dentro de la institución.
De igual forma, se llevará a efecto la optimización de espacios de los inmuebles propiedad del Máximo Tribunal del país, con el fin de aprovechar los espacios ociosos o subutilizados que eviten la necesidad de adquirir o arrendar nuevos inmuebles, salvo que sea estrictamente necesario. Asimismo, se rehabilitará el mobiliario en desuso para evitar nuevas adquisiciones.
En la medida que lo permitan los recursos financieros, se continuará con el programa de instalación de Casas de la Cultura Jurídica en las capitales de los estados, fundamentalmente en inmuebles de la Suprema Corte, lo que originará ahorros en el rubro de arrendamiento.
La contratación para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obra pública, deberá celebrarse de acuerdo con los recursos asignados, realizando un análisis exhaustivo de las propuestas para obtener las mejores condiciones de precio, oportunidad, calidad y financiamiento, y concretándose a realizar las contrataciones estrictamente necesarias para el cumplimiento de los programas y metas autorizadas para el 2002.
El acuerdo precisa que en materia de vehículos, se racionalizará su uso. Tendrá que elaborarse una bitácora mensual que indique los servicios realizados, el kilometraje recorrido y el combustible utilizado diariamente.
También se limitará al mínimo indispensable el apoyo que se brinda al Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación para la realización de eventos culturales, sociales y recreativos.
Para el uso racionado de luz eléctrica, la Secretaría de Finanzas y Servicios Administrativos dictará los lineamientos necesarios, buscando el mayor aprovechamiento de la luz natural y el adecuado uso de los equipos eléctricos y electrónicos.
Por su parte, el acuerdo que estará vigente para la optimización de recursos en el Consejo de la Judicatura Federal, señala que queda prohibido contratar personal por honorarios para desempeñar funciones iguales o equivalentes a las del personal de plaza presupuestal.
Las jornadas de tiempo extraordinario se reducirán al mínimo indispensable; se optimizará el aprovechamiento de los bienes y suministros informáticos y de telecomunicaciones, y se establecerán mecanismos de colaboración con instituciones oficiales, en lo referente a cultura, recreación y deportes, con el propósito de optimizar estas prestaciones que entrañan actividades que benefician el desarrollo integral de los servidores públicos.
Los arrendamientos de bienes inmuebles para oficinas, mobiliario y equipo serán los estrictamente indispensables para el cumplimiento de los objetivos, debiendo ser autorizados por el Comité de Arrendamiento de Inmuebles.
Se limitará el uso de teléfonos celulares y los servicios de radiolocalización y radiocomunicación, y quienes excedan de los límites permitidos, deberán cubrir los gastos o reintegrarlos dentro de los cinco días hábiles posteriores a su requerimiento de pago.
La asignación de vehículos y de equipo de transporte se sujetará a los requerimientos mínimos de las unidades administrativas del Consejo y órganos jurisdiccionales.
El Poder Judicial de la Federación informa a la sociedad que hará su mayor esfuerzo para eficientar la administración de los recursos públicos que le fueron asignados, y buscará que el impacto de la reducción presupuestal afecte lo menos posible el servicio de justicia que se ofrece en los tribunales y juzgados federales.
Como parte de los acuerdos de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, tanto en el Alto Tribunal como en el CJF se reducen al mínimo las erogaciones por concepto de uso de energía eléctrica, de telefonía fija y celular, viáticos, viajes nacionales y extranjeros, y publicaciones y difusión de las actividades del Poder Judicial de la Federación.
Asimismo, se restringe la contratación de personal por honorarios, la creación de nuevas plazas, y la suscripción de contratos de asesorías.
En el caso de la SCJN se establece que la creación de nuevas plazas será autorizada por su Presidente, ministro Genaro David Góngora Pimentel, cuando por necesidades del servicio público se requieran para evitar el rezago en las labores o contribuyan para un pronta, expedita y eficaz administración de la justicia.
Los servicios de asesoría, consultoría, estudios e investigaciones serán contratados única y exclusivamente cuando se trate de conocimientos especializados en alguna materia y no se cuente con el personal requerido dentro de la institución.
De igual forma, se llevará a efecto la optimización de espacios de los inmuebles propiedad del Máximo Tribunal del país, con el fin de aprovechar los espacios ociosos o subutilizados que eviten la necesidad de adquirir o arrendar nuevos inmuebles, salvo que sea estrictamente necesario. Asimismo, se rehabilitará el mobiliario en desuso para evitar nuevas adquisiciones.
En la medida que lo permitan los recursos financieros, se continuará con el programa de instalación de Casas de la Cultura Jurídica en las capitales de los estados, fundamentalmente en inmuebles de la Suprema Corte, lo que originará ahorros en el rubro de arrendamiento.
La contratación para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obra pública, deberá celebrarse de acuerdo con los recursos asignados, realizando un análisis exhaustivo de las propuestas para obtener las mejores condiciones de precio, oportunidad, calidad y financiamiento, y concretándose a realizar las contrataciones estrictamente necesarias para el cumplimiento de los programas y metas autorizadas para el 2002.
El acuerdo precisa que en materia de vehículos, se racionalizará su uso. Tendrá que elaborarse una bitácora mensual que indique los servicios realizados, el kilometraje recorrido y el combustible utilizado diariamente.
También se limitará al mínimo indispensable el apoyo que se brinda al Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación para la realización de eventos culturales, sociales y recreativos.
Para el uso racionado de luz eléctrica, la Secretaría de Finanzas y Servicios Administrativos dictará los lineamientos necesarios, buscando el mayor aprovechamiento de la luz natural y el adecuado uso de los equipos eléctricos y electrónicos.
Por su parte, el acuerdo que estará vigente para la optimización de recursos en el Consejo de la Judicatura Federal, señala que queda prohibido contratar personal por honorarios para desempeñar funciones iguales o equivalentes a las del personal de plaza presupuestal.
Las jornadas de tiempo extraordinario se reducirán al mínimo indispensable; se optimizará el aprovechamiento de los bienes y suministros informáticos y de telecomunicaciones, y se establecerán mecanismos de colaboración con instituciones oficiales, en lo referente a cultura, recreación y deportes, con el propósito de optimizar estas prestaciones que entrañan actividades que benefician el desarrollo integral de los servidores públicos.
Los arrendamientos de bienes inmuebles para oficinas, mobiliario y equipo serán los estrictamente indispensables para el cumplimiento de los objetivos, debiendo ser autorizados por el Comité de Arrendamiento de Inmuebles.
Se limitará el uso de teléfonos celulares y los servicios de radiolocalización y radiocomunicación, y quienes excedan de los límites permitidos, deberán cubrir los gastos o reintegrarlos dentro de los cinco días hábiles posteriores a su requerimiento de pago.
La asignación de vehículos y de equipo de transporte se sujetará a los requerimientos mínimos de las unidades administrativas del Consejo y órganos jurisdiccionales.