Comunicados de Prensa
No.007/2002
México, D.F. a 25 de enero de 2002
POR LIMITACIÓN PRESUPUESTAL, RETARDO EN LA SOLUCIÓN DE CASOS EN TRIBUNALES FEDERALES: CONSEJERO ARAGÓN
No se ampliará el servicio de Defensoría Publica Federal, agregó
Adolfo O. Aragón Mendía, consejero de la Judicatura Federal, aseguró hoy que las limitaciones presupuestales impuestas por el Congreso al Poder Judicial de la Federación provocarán retardo en la solución de casos ante tribunales y juzgados e impedirá ampliar el servicio de defensoría gratuito.
Las restricciones en el gasto para el Poder Judicial de la Federación, han perturbado los proyectos de crecimiento contemplados para aliviar la carga de asuntos en los diferentes estados de la República considerados como neurálgicos por el constante aumento del ingreso de casos, expresó.
Esto, afirmó, inevitablemente redundará en el retardo en la solución de los asuntos y causará molestias, justificadas, de aquellos que acuden a los juzgados y tribunales federales, lo que dañará el trabajo que han venido desempeñando los impartidores de justicia.
Con la representación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Aragón Mendía inauguró, en esta ciudad, el Juzgado Tercero de Distrito en el estado, que, aclaró, es uno de los órganos jurisdiccionales financiado con el presupuesto anterior, pues los planes de expansión para el 2002 están siendo reprogramados o hasta cancelados por la estrechez presupuestal.
Destacó que de los 30 órganos jurisdiccionales que deberían instalarse en el presente año como mínimo necesario para enfrentar la carga de trabajo en los tribunales y juzgados federales, solamente se pondrán en marcha aquellos proyectados en el ejercicio del 2001.
Tampoco podrá haber más personal en juzgados y tribunales. El presupuesto asignado por el Congreso únicamente alcanzará para sostener la plantilla laboral, el mantenimiento de infraestructura actual y la conclusión de obras en proceso, pero las proyectadas tendrán que reprogramarse y otras cancelarse.
Aragón Mendía manifestó la preocupación del CJF de que, por no aprobarse la parte presupuestaria correspondiente para la Defensoría Pública Federal, no podrá ampliarse este servicio de defensa y asesoría jurídicas que se presta a quienes cuentan con menores recursos.
Cabe destacar que la Defensoría Pública Federal es uno de los renglones más sensibles en el aparato de justicia federal, pues atiende a los núcleos más pobres de la población.
No obstante el agobio por las inmensas cargas de trabajo, existe la convicción para encontrar fórmulas que permitan a los juzgadores cumplir con el despacho del alto número de asuntos bajo su responsabilidad, y así atender puntualmente el compromiso institucional, aseguró el consejero de la Judicatura Federal.
Sin una administración de justicia eficaz, añadió Aragón Mendía, no se logra la tranquilidad que la sociedad requiere, ni se consolida la seguridad jurídica y se vulnera la democracia.
Por la situación económica que prevalece en el país, que trasciende en las actividades industriales, mercantiles, laborales e influye en la interacción social, la población exige de manera acentuada una administración de justicia pronta y expedita.
El Consejo de la Judicatura Federal está comprometido a hacer un manejo profesional y transparente de sus limitados recursos, pues la racionalidad presupuestaria tiene que ser parte de la forma de gobernar y debe enfrentarse con responsabilidad, dijo.
Reiteró que es imprescindible que se establezca en la Constitución un porcentaje mínimo del presupuesto público federal para al Poder Judicial de la Federación, pues éste también, como los demás poderes, realiza funciones de las más trascendentes para la nación.
A la ceremonia de instalación del Juzgado Tercero de Distrito en Querétaro, cuya titular es María Guadalupe Molina Covarrubias, asistieron autoridades estatales, así como magistrados y jueces del XXII Circuito.
Adolfo O. Aragón Mendía, consejero de la Judicatura Federal, aseguró hoy que las limitaciones presupuestales impuestas por el Congreso al Poder Judicial de la Federación provocarán retardo en la solución de casos ante tribunales y juzgados e impedirá ampliar el servicio de defensoría gratuito.
Las restricciones en el gasto para el Poder Judicial de la Federación, han perturbado los proyectos de crecimiento contemplados para aliviar la carga de asuntos en los diferentes estados de la República considerados como neurálgicos por el constante aumento del ingreso de casos, expresó.
Esto, afirmó, inevitablemente redundará en el retardo en la solución de los asuntos y causará molestias, justificadas, de aquellos que acuden a los juzgados y tribunales federales, lo que dañará el trabajo que han venido desempeñando los impartidores de justicia.
Con la representación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Aragón Mendía inauguró, en esta ciudad, el Juzgado Tercero de Distrito en el estado, que, aclaró, es uno de los órganos jurisdiccionales financiado con el presupuesto anterior, pues los planes de expansión para el 2002 están siendo reprogramados o hasta cancelados por la estrechez presupuestal.
Destacó que de los 30 órganos jurisdiccionales que deberían instalarse en el presente año como mínimo necesario para enfrentar la carga de trabajo en los tribunales y juzgados federales, solamente se pondrán en marcha aquellos proyectados en el ejercicio del 2001.
Tampoco podrá haber más personal en juzgados y tribunales. El presupuesto asignado por el Congreso únicamente alcanzará para sostener la plantilla laboral, el mantenimiento de infraestructura actual y la conclusión de obras en proceso, pero las proyectadas tendrán que reprogramarse y otras cancelarse.
Aragón Mendía manifestó la preocupación del CJF de que, por no aprobarse la parte presupuestaria correspondiente para la Defensoría Pública Federal, no podrá ampliarse este servicio de defensa y asesoría jurídicas que se presta a quienes cuentan con menores recursos.
Cabe destacar que la Defensoría Pública Federal es uno de los renglones más sensibles en el aparato de justicia federal, pues atiende a los núcleos más pobres de la población.
No obstante el agobio por las inmensas cargas de trabajo, existe la convicción para encontrar fórmulas que permitan a los juzgadores cumplir con el despacho del alto número de asuntos bajo su responsabilidad, y así atender puntualmente el compromiso institucional, aseguró el consejero de la Judicatura Federal.
Sin una administración de justicia eficaz, añadió Aragón Mendía, no se logra la tranquilidad que la sociedad requiere, ni se consolida la seguridad jurídica y se vulnera la democracia.
Por la situación económica que prevalece en el país, que trasciende en las actividades industriales, mercantiles, laborales e influye en la interacción social, la población exige de manera acentuada una administración de justicia pronta y expedita.
El Consejo de la Judicatura Federal está comprometido a hacer un manejo profesional y transparente de sus limitados recursos, pues la racionalidad presupuestaria tiene que ser parte de la forma de gobernar y debe enfrentarse con responsabilidad, dijo.
Reiteró que es imprescindible que se establezca en la Constitución un porcentaje mínimo del presupuesto público federal para al Poder Judicial de la Federación, pues éste también, como los demás poderes, realiza funciones de las más trascendentes para la nación.
A la ceremonia de instalación del Juzgado Tercero de Distrito en Querétaro, cuya titular es María Guadalupe Molina Covarrubias, asistieron autoridades estatales, así como magistrados y jueces del XXII Circuito.