Comunicados de Prensa
No.SNC/2001
México, D.F. a 20 de junio de 2001
LA DEFENSA PENAL GRATUITA, SOLUCIÓN PARA UN BUEN ACCESO A LA JUSTICIA: CASTRO Y CASTRO
* El ministro de la SCJN asistió con la representación del presidente del Máximo Tribunal, Góngora Pimentel, al informe de labores del IFDP
* Hay resistencias en los ministerios públicos federales al trabajo que realizan los defensores públicos federales: Esquinca Muñoa
La defensa penal, oficial y gratuita, es la solución para un buen acceso a la justicia de carácter penal por parte de personas que, si bien en la mayoría de las veces han roto la armonía social y cometido ilícitos legalmente previstos, tienen todo el derecho de ser auxiliadas en sus penurias y en sus carencias por institutos que permitan esos accesos justicieros, y con mayor razón cuando son injustamente acusados.
Así lo afirmó el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juventino Castro y Castro, quien indicó que la necesidad de información, asesoramiento y ayuda procesal de las personas no se colma tan sólo atendiendo la materia penal.
Se requiere, dijo, que lo mismo ocurra, forzosamente, en todas las normatividades legales de cualquier clase, aún más tratándose de la materia de defensa de los derechos fundamentales constitucionalmente garantizados.
El ministro Castro y Castro participó en representación del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Genaro David Góngora Pimentel, en el informe anual de labores que presentó el Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), César Esquinca Muñoa.
En su mensaje, Juventino Castro manifestó que aquella nación que cuente con excelentes y notables leyes, con jueces imparciales que las interpreten y las apliquen, y con tribunales independientes y autónomos, pero que no permita o no facilite que la población acceda a una obligada justicia a la altura de sus excelencias de origen, se encuentra al mismo nivel de un “desgraciado pueblo carente de la justicia elemental”.
En este sentido, destacó la importancia de contar en México con una defensoría pública federal que ha tenido éxito en sus gestiones, “y no pasará mucho tiempo -aseguró- para que se obtenga la extensión de estos servicios públicos en toda materia jurídica, puesto que son tan necesarios como la existencia y el acceso a la justicia universal”.
Castro y Castro se manifestó en favor de crear una Defensoría Pública en Materia de Amparo. Con ello, expuso, culminaría los trascendentes esfuerzos de juristas mexicanos que plasmaron lo que es tan difícil obtener: el privilegio de ser imitados.
EL IFDP INTERVINO EN MÁS DE 127 MIL ASUNTOS
En su oportunidad, el magistrado Esquinca Muñoa, al rendir su informe anual de labores 2000-2001, externó que los defensores públicos federales intervinieron en 117 mil 159 casos, promovieron mil 300 juicios de amparo, realizaron 61 mil 456 entrevistas y practicaron 71 mil 219 visitas carcelarias.
Precisó que los 215 defensores adscritos a cada una de las agencias investigadoras de la PGR, actuaron con ese carácter en 29 mil 31 casos, además de proporcionar 34 mil 425 asistencias jurídicas en actas circunstanciadas, para un total de 63 mil 456 intervenciones.
En total, los defensores públicos federales intervinieron en 117 mil 159, casos, promovieron mil 300 juicios de amparo, realizaron 61 mil 456 entrevistas y practicaron 71 mil 219 visitas carcelarias, interviniendo además en 13 casos de reconocimiento de inocencia.
La Defensoría apoyó a tres mil 67 personas que se encuentran cumpliendo con penas de prisión. En particular, tratándose de sentenciados pertenecientes a grupos indígenas, se realizaron 769 acciones y planteamientos de libertad, concretándose en 215 casos.
Gracias al programa de fianzas sociales gratuitas, derivado del Convenio de Colaboración entre la Fundación Reintegra y Telmex, se obtuvieron 87 de 117 pólizas que fueron solicitadas, ascendiendo a un monto de 498 mil 564 pesos.
En total, el servicio de Defensoría Pública en materia penal se ubica en 164 ciudades, donde 215 defensores actúan en averiguación previa, 188 en primera instancia, 66 en segunda instancia y dos adscritos a la Dirección General, haciendo un total de 471.
El magistrado César Esquinca manifestó que a pesar de los avances, todavía hay resistencia a la libre actuación de los defensores públicos federales en agencias investigadoras del Ministerio Público de la Federación, que se materializan en trabas para que no sea efectiva su labor, o en subterfugios para evitarla.
Por ello, confío en que las nuevas autoridades federales tengan una apertura ante esta situación para resolver en definitiva el problema, “porque es de sobra conocido -dijo-, que las violaciones a las garantías y a los derechos de los indiciados en esa etapa, generalmente son imposibles de superar durante la tramitación del juicio ante los órganos jurisdiccionales”.
En cuanto al aspecto de asesoría jurídica, Esquinca señaló que pese a los esfuerzos no se ha logrado el despegue de este servicio, el cual está destinado a jubilados, desempleados e indígenas.
“A pesar de que se han realizado labores de difusión acudiendo a los medios de comunicación, ha sido difícil vencer la desconfianza que prevalece respecto a los actos de servidores públicos. Esto nos obliga a redoblar esfuerzos para lograr la credibilidad social”.
Hoy se cuenta con una plantilla de 105 asesores adscritos a 56 ciudades en todas las entidades federativas, quienes concretaron 10 mil 610 intervenciones.
* Hay resistencias en los ministerios públicos federales al trabajo que realizan los defensores públicos federales: Esquinca Muñoa
La defensa penal, oficial y gratuita, es la solución para un buen acceso a la justicia de carácter penal por parte de personas que, si bien en la mayoría de las veces han roto la armonía social y cometido ilícitos legalmente previstos, tienen todo el derecho de ser auxiliadas en sus penurias y en sus carencias por institutos que permitan esos accesos justicieros, y con mayor razón cuando son injustamente acusados.
Así lo afirmó el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juventino Castro y Castro, quien indicó que la necesidad de información, asesoramiento y ayuda procesal de las personas no se colma tan sólo atendiendo la materia penal.
Se requiere, dijo, que lo mismo ocurra, forzosamente, en todas las normatividades legales de cualquier clase, aún más tratándose de la materia de defensa de los derechos fundamentales constitucionalmente garantizados.
El ministro Castro y Castro participó en representación del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Genaro David Góngora Pimentel, en el informe anual de labores que presentó el Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), César Esquinca Muñoa.
En su mensaje, Juventino Castro manifestó que aquella nación que cuente con excelentes y notables leyes, con jueces imparciales que las interpreten y las apliquen, y con tribunales independientes y autónomos, pero que no permita o no facilite que la población acceda a una obligada justicia a la altura de sus excelencias de origen, se encuentra al mismo nivel de un “desgraciado pueblo carente de la justicia elemental”.
En este sentido, destacó la importancia de contar en México con una defensoría pública federal que ha tenido éxito en sus gestiones, “y no pasará mucho tiempo -aseguró- para que se obtenga la extensión de estos servicios públicos en toda materia jurídica, puesto que son tan necesarios como la existencia y el acceso a la justicia universal”.
Castro y Castro se manifestó en favor de crear una Defensoría Pública en Materia de Amparo. Con ello, expuso, culminaría los trascendentes esfuerzos de juristas mexicanos que plasmaron lo que es tan difícil obtener: el privilegio de ser imitados.
EL IFDP INTERVINO EN MÁS DE 127 MIL ASUNTOS
En su oportunidad, el magistrado Esquinca Muñoa, al rendir su informe anual de labores 2000-2001, externó que los defensores públicos federales intervinieron en 117 mil 159 casos, promovieron mil 300 juicios de amparo, realizaron 61 mil 456 entrevistas y practicaron 71 mil 219 visitas carcelarias.
Precisó que los 215 defensores adscritos a cada una de las agencias investigadoras de la PGR, actuaron con ese carácter en 29 mil 31 casos, además de proporcionar 34 mil 425 asistencias jurídicas en actas circunstanciadas, para un total de 63 mil 456 intervenciones.
En total, los defensores públicos federales intervinieron en 117 mil 159, casos, promovieron mil 300 juicios de amparo, realizaron 61 mil 456 entrevistas y practicaron 71 mil 219 visitas carcelarias, interviniendo además en 13 casos de reconocimiento de inocencia.
La Defensoría apoyó a tres mil 67 personas que se encuentran cumpliendo con penas de prisión. En particular, tratándose de sentenciados pertenecientes a grupos indígenas, se realizaron 769 acciones y planteamientos de libertad, concretándose en 215 casos.
Gracias al programa de fianzas sociales gratuitas, derivado del Convenio de Colaboración entre la Fundación Reintegra y Telmex, se obtuvieron 87 de 117 pólizas que fueron solicitadas, ascendiendo a un monto de 498 mil 564 pesos.
En total, el servicio de Defensoría Pública en materia penal se ubica en 164 ciudades, donde 215 defensores actúan en averiguación previa, 188 en primera instancia, 66 en segunda instancia y dos adscritos a la Dirección General, haciendo un total de 471.
El magistrado César Esquinca manifestó que a pesar de los avances, todavía hay resistencia a la libre actuación de los defensores públicos federales en agencias investigadoras del Ministerio Público de la Federación, que se materializan en trabas para que no sea efectiva su labor, o en subterfugios para evitarla.
Por ello, confío en que las nuevas autoridades federales tengan una apertura ante esta situación para resolver en definitiva el problema, “porque es de sobra conocido -dijo-, que las violaciones a las garantías y a los derechos de los indiciados en esa etapa, generalmente son imposibles de superar durante la tramitación del juicio ante los órganos jurisdiccionales”.
En cuanto al aspecto de asesoría jurídica, Esquinca señaló que pese a los esfuerzos no se ha logrado el despegue de este servicio, el cual está destinado a jubilados, desempleados e indígenas.
“A pesar de que se han realizado labores de difusión acudiendo a los medios de comunicación, ha sido difícil vencer la desconfianza que prevalece respecto a los actos de servidores públicos. Esto nos obliga a redoblar esfuerzos para lograr la credibilidad social”.
Hoy se cuenta con una plantilla de 105 asesores adscritos a 56 ciudades en todas las entidades federativas, quienes concretaron 10 mil 610 intervenciones.