Comunicados de Prensa
No.SNC/2001
México, D.F. a 25 de mayo de 2001
RECHAZA GÓNGORA SANCIONES A MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PROMOVIDAS EN CUMBRE IBEROAMERICANA
La prensa crítica, fundamental para las democracias, afirmó el presidente de la SCJN
La delegación mexicana de ministros que participa en la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, se opuso hoy al establecimiento de sanciones legales a los medios de comunicación, recurso que se había incluido como parte del programa de acciones aprobado en el marco de este encuentro.
La oposición del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Genaro David Góngora Pimentel, y del ministro Juan Díaz Romero, se produjo cuando los delegados a la VI Cumbre propusieron el impulso, en sus respectivos países, de sanciones legales a aquellos medios de comunicación que desplieguen campañas de descrédito contra jueces y magistrados, con el fin de afectar su intimidad personal y familiar.
"La prensa mexicana ha jugado un importante papel en el desarrollo democrático de México, y cualquier proposición que pudiera encaminarse a que nosotros mismos lleváramos ante los tribunales a los periodistas que escriben sobre asuntos que bien no pudieran agradarnos, no es aceptable para la delegación mexicana", estableció Góngora Pimentel, al emitir su voto de reserva.
"Nosotros -enfatizó- confiamos en el comportamiento ético de la prensa mexicana, y siempre será preferible tener una prensa libre y crítica que advierta sobre los excesos del poder del Estado, a una prensa complaciente que en nada ayuda al fortalecimiento de nuestras democracias".
Como consecuencia de la oposición mexicana, los 22 delegados aceptaron la exclusión del apartado cuarto de la Declaración sobre "Relaciones entre Medios de Comunicación y Poder Judicial", que proponía el impulso de acciones legales contra los medios de comunicación.
La declaración, aprobada en el marco de la VI Cumbre, establece que desde el punto de vista de las personas, en general, la difusión de las tareas de la justicia constituye una garantía esencial del funcionamiento del Poder Judicial en una sociedad democrática, no sólo porque fortalece la confianza pública en la justicia, sino también, porque fomenta la responsabilidad de los órganos de la administración de la misma.
"Las legítimas demandas de información de los medios de comunicación, en el proceso en el que se forma una opinión libre e informada, requieren de una mayor apertura en la actuación de los tribunales y de la disponibilidad de cauces y medios adecuados. Todo ello, con independencia de los requerimientos de reserva o sigilo en la tramitación y deliberación de los juicios y en la protección de los derechos fundamentales de las partes y demás sujetos procesales, en particular de los menores de edad, y demás personas requeridas de una protección", indica la declaración.
Se reconoce que los medios de comunicación constituyen un cauce necesario para el conocimiento de la sociedad de los hechos relevantes y para la participación de todos en los asuntos públicos.
Sin embargo, los 22 países expusieron su preocupación por el uso de los medios de comunicación con el fin de crear "juicios paralelos" contra personas que aún no han sido juzgadas por los tribunales, suplantando así las funciones jurisdiccionales.
No obstante ello, los participantes a la VI Cumbre asumirán acciones que procuren, entre otros tópicos, que sus resoluciones, sin perder su rigor jurídico, sean comprensibles para la mayoría de las personas, asumiendo las críticas legítimas que la opinión y los medios informativos puedan dirigir contra ellos.
Los poderes judiciales participantes, entre ellos el de México, acordaron "promover y fomentar la ilustración acerca de los derechos y responsabilidades que específicamente reclaman la fisonomía (característica) propia de las tareas que cumplen periodistas y jueces, a fin de eliminar lo más posible la problemática que suscita el desconocimiento mutuo en estos aspectos.
"Para tal fin, el Poder Judicial facilitará programas de capacitación conjuntos que permitan alcanzar los anteriores objetivos", concluye el documento aprobado.
La delegación mexicana de ministros que participa en la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, se opuso hoy al establecimiento de sanciones legales a los medios de comunicación, recurso que se había incluido como parte del programa de acciones aprobado en el marco de este encuentro.
La oposición del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Genaro David Góngora Pimentel, y del ministro Juan Díaz Romero, se produjo cuando los delegados a la VI Cumbre propusieron el impulso, en sus respectivos países, de sanciones legales a aquellos medios de comunicación que desplieguen campañas de descrédito contra jueces y magistrados, con el fin de afectar su intimidad personal y familiar.
"La prensa mexicana ha jugado un importante papel en el desarrollo democrático de México, y cualquier proposición que pudiera encaminarse a que nosotros mismos lleváramos ante los tribunales a los periodistas que escriben sobre asuntos que bien no pudieran agradarnos, no es aceptable para la delegación mexicana", estableció Góngora Pimentel, al emitir su voto de reserva.
"Nosotros -enfatizó- confiamos en el comportamiento ético de la prensa mexicana, y siempre será preferible tener una prensa libre y crítica que advierta sobre los excesos del poder del Estado, a una prensa complaciente que en nada ayuda al fortalecimiento de nuestras democracias".
Como consecuencia de la oposición mexicana, los 22 delegados aceptaron la exclusión del apartado cuarto de la Declaración sobre "Relaciones entre Medios de Comunicación y Poder Judicial", que proponía el impulso de acciones legales contra los medios de comunicación.
La declaración, aprobada en el marco de la VI Cumbre, establece que desde el punto de vista de las personas, en general, la difusión de las tareas de la justicia constituye una garantía esencial del funcionamiento del Poder Judicial en una sociedad democrática, no sólo porque fortalece la confianza pública en la justicia, sino también, porque fomenta la responsabilidad de los órganos de la administración de la misma.
"Las legítimas demandas de información de los medios de comunicación, en el proceso en el que se forma una opinión libre e informada, requieren de una mayor apertura en la actuación de los tribunales y de la disponibilidad de cauces y medios adecuados. Todo ello, con independencia de los requerimientos de reserva o sigilo en la tramitación y deliberación de los juicios y en la protección de los derechos fundamentales de las partes y demás sujetos procesales, en particular de los menores de edad, y demás personas requeridas de una protección", indica la declaración.
Se reconoce que los medios de comunicación constituyen un cauce necesario para el conocimiento de la sociedad de los hechos relevantes y para la participación de todos en los asuntos públicos.
Sin embargo, los 22 países expusieron su preocupación por el uso de los medios de comunicación con el fin de crear "juicios paralelos" contra personas que aún no han sido juzgadas por los tribunales, suplantando así las funciones jurisdiccionales.
No obstante ello, los participantes a la VI Cumbre asumirán acciones que procuren, entre otros tópicos, que sus resoluciones, sin perder su rigor jurídico, sean comprensibles para la mayoría de las personas, asumiendo las críticas legítimas que la opinión y los medios informativos puedan dirigir contra ellos.
Los poderes judiciales participantes, entre ellos el de México, acordaron "promover y fomentar la ilustración acerca de los derechos y responsabilidades que específicamente reclaman la fisonomía (característica) propia de las tareas que cumplen periodistas y jueces, a fin de eliminar lo más posible la problemática que suscita el desconocimiento mutuo en estos aspectos.
"Para tal fin, el Poder Judicial facilitará programas de capacitación conjuntos que permitan alcanzar los anteriores objetivos", concluye el documento aprobado.