Comunicados de Prensa
No.SNC/2001
México, D.F. a 23 de mayo de 2001
APRUEBA CUMBRE DE IBEROAMÉRICA PROPUESTA MEXICANA DE AUTONOMÍA PRESUPUESTAL A PODERES JUDICIALES
La administración de justicia, en riesgo de debilitarse por carencias económicas: Góngora Pimentel
La VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia aprobó hoy, por unanimidad, la propuesta de México para promover acciones que lleven al establecimiento de un porcentaje mínimo en las constituciones destinado a los Poderes Judiciales, con el propósito de que éstos cuenten con un presupuesto suficiente que les permita cumplir con su obligación de impartir justicia pronta, completa e imparcial.
Las delegaciones coincidieron en que las limitaciones presupuestales afectan gravemente el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos, ampliando la brecha entre la demanda y el servicio efectivo.
Representantes de los 22 países participantes en la VI Cumbre se sumaron a la preocupación de la delegación mexicana, que encabeza el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministro Genaro David Góngora Pimentel, en el sentido de que se afecta negativamente al Poder Judicial cuando no tiene asignado un porcentaje constitucional del presupuesto general.
Al aprobarse el planteamiento de México, las naciones de Iberoamérica asumen el compromiso de promover modificaciones constitucionales y legales encaminadas a la autonomía presupuestal de los Poderes Judiciales, y permitan con ello, el sostenimiento de la función judicial y garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos.
Al presentar la propuesta mexicana “Previsión Presupuestal Constitucional”, el ministro Góngora Pimentel expuso que “hay una gran preocupación en México por no contar en la Constitución con un porcentaje mínimo para el Poder Judicial, lo que ha obligado a éste a someterse al cabildeo anual con los partidos políticos representados en el Congreso, con la intención de no verse sorpresivamente afectado por disminuciones, que han puesto en riesgo el funcionamiento y crecimiento de la justicia federal mexicana.
“Esta declaración, que hoy cuenta con el respaldo de las naciones hermanas de Iberoamérica -manifestó-, se produce en un momento en el que se busca calificar a las justicias únicamente en función de sus debilidades internas, dejando fuera factores externos, como es el caso de las restricciones presupuestales, que repercuten directa y negativamente en el funcionamiento del Poder Judicial, alejando con ello el acceso a la justicia de los ciudadanos”.
El ministro Genaro Góngora estableció que la viabilidad de los poderes judiciales no puede concretarse si, desde las esferas políticas y desde los órganos legalmente facultados para intervenir en el proceso de aprobación del presupuesto, se establecen limitaciones económicas.
Recordó que un Poder Judicial puede debilitarse si no cuenta con los recursos económicos suficientes, lo que tendría efectos lamentables para el fortalecimiento de las democracias emergentes.
Los delegados a la Cumbre Iberoamericana coincidieron en señalar que, como lo propuso México, corresponde solamente a los poderes judiciales la elaboración de su presupuesto, dejando a los otros órganos constitucionales su modificación, siempre y cuando no se afecten los programas esenciales de justicia.
”La aprobación del presupuesto del Poder Judicial implica el deber de transferencia efectiva y oportuna de los recursos correspondientes a éste”, señala la declaración final de este tema.
En respuesta a esta demanda presupuestal, dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de México, “debemos corresponder con el ejercicio eficiente y transparente de los recursos económicos, porque éstos provienen de los ciudadanos”.
Con la aprobación de la propuesta mexicana, las naciones iberoamericanas, incluido nuestro país, se comprometieron a impulsar acciones que concluyan en modificaciones constitucionales para fijar presupuestos mínimos destinados a los poderes judiciales, dentro de los presupuestos globales.
En la VI Cumbre Iberoamericana participan, entre otras naciones, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Uruguay, Chile, Argentina, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, España y Portugal.
La delegación mexicana está conformada por el presidente de la SCJN, Genaro Góngora Pimentel, y el ministro Juan Díaz Romero.
Además del tema presupuestal, México presentará una posición respecto al impacto de la globalización en los poderes judiciales de la región.
La VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia aprobó hoy, por unanimidad, la propuesta de México para promover acciones que lleven al establecimiento de un porcentaje mínimo en las constituciones destinado a los Poderes Judiciales, con el propósito de que éstos cuenten con un presupuesto suficiente que les permita cumplir con su obligación de impartir justicia pronta, completa e imparcial.
Las delegaciones coincidieron en que las limitaciones presupuestales afectan gravemente el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos, ampliando la brecha entre la demanda y el servicio efectivo.
Representantes de los 22 países participantes en la VI Cumbre se sumaron a la preocupación de la delegación mexicana, que encabeza el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministro Genaro David Góngora Pimentel, en el sentido de que se afecta negativamente al Poder Judicial cuando no tiene asignado un porcentaje constitucional del presupuesto general.
Al aprobarse el planteamiento de México, las naciones de Iberoamérica asumen el compromiso de promover modificaciones constitucionales y legales encaminadas a la autonomía presupuestal de los Poderes Judiciales, y permitan con ello, el sostenimiento de la función judicial y garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos.
Al presentar la propuesta mexicana “Previsión Presupuestal Constitucional”, el ministro Góngora Pimentel expuso que “hay una gran preocupación en México por no contar en la Constitución con un porcentaje mínimo para el Poder Judicial, lo que ha obligado a éste a someterse al cabildeo anual con los partidos políticos representados en el Congreso, con la intención de no verse sorpresivamente afectado por disminuciones, que han puesto en riesgo el funcionamiento y crecimiento de la justicia federal mexicana.
“Esta declaración, que hoy cuenta con el respaldo de las naciones hermanas de Iberoamérica -manifestó-, se produce en un momento en el que se busca calificar a las justicias únicamente en función de sus debilidades internas, dejando fuera factores externos, como es el caso de las restricciones presupuestales, que repercuten directa y negativamente en el funcionamiento del Poder Judicial, alejando con ello el acceso a la justicia de los ciudadanos”.
El ministro Genaro Góngora estableció que la viabilidad de los poderes judiciales no puede concretarse si, desde las esferas políticas y desde los órganos legalmente facultados para intervenir en el proceso de aprobación del presupuesto, se establecen limitaciones económicas.
Recordó que un Poder Judicial puede debilitarse si no cuenta con los recursos económicos suficientes, lo que tendría efectos lamentables para el fortalecimiento de las democracias emergentes.
Los delegados a la Cumbre Iberoamericana coincidieron en señalar que, como lo propuso México, corresponde solamente a los poderes judiciales la elaboración de su presupuesto, dejando a los otros órganos constitucionales su modificación, siempre y cuando no se afecten los programas esenciales de justicia.
”La aprobación del presupuesto del Poder Judicial implica el deber de transferencia efectiva y oportuna de los recursos correspondientes a éste”, señala la declaración final de este tema.
En respuesta a esta demanda presupuestal, dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de México, “debemos corresponder con el ejercicio eficiente y transparente de los recursos económicos, porque éstos provienen de los ciudadanos”.
Con la aprobación de la propuesta mexicana, las naciones iberoamericanas, incluido nuestro país, se comprometieron a impulsar acciones que concluyan en modificaciones constitucionales para fijar presupuestos mínimos destinados a los poderes judiciales, dentro de los presupuestos globales.
En la VI Cumbre Iberoamericana participan, entre otras naciones, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Uruguay, Chile, Argentina, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, España y Portugal.
La delegación mexicana está conformada por el presidente de la SCJN, Genaro Góngora Pimentel, y el ministro Juan Díaz Romero.
Además del tema presupuestal, México presentará una posición respecto al impacto de la globalización en los poderes judiciales de la región.