Comunicados de Prensa
No.SNC/2001
México, D.F. a 17 de mayo de 2001
ACUDE RELATOR DE LA ONU AL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA
El director general del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), magistrado César Esquinca Muñoa, recibió hoy en la sede de ese órgano del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al relator especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Dato’Param Cumaraswamy.
En el encuentro, el magistrado Esquinca Muñoa destacó la labor social que realiza el Instituto a su cargo y dio una explicación sobre los servicios que presta, especialmente en lo que se refiere a la defensoría pública y la asesoría jurídica.
Luego de esa exposición, Dato’Param Cumaraswamy elogió la función social que cumple el Instituto Federal de Defensoría Pública. “El Instituto está en mucho mejor forma que muchas instituciones legales de otros países, lo cual es alentador”, reconoció.
Durante la reunión, el director del IFDP informó que, hasta el momento, el Instituto cuenta con 467 defensores públicos federales y 103 asesores jurídicos, distribuidos en 160 ciudades y poblaciones de todo el país, para prestar sus servicios a las personas que carecen de recursos para contratar a un abogado.
Destacó que en el esfuerzo por acercar la justicia a todos los mexicanos, en especial a los de escasos recursos, el IFDP ha logrado contar con un defensor público federal en todas las agencias del Ministerio Público Federal, juzgados y tribunales colegiados de Circuito en el país.
Esquinca Muñoa consideró como un avance notable el hecho de que en todas las agencias del Ministerio Público Federal esté presente un defensor público federal, porque se garantiza a los ciudadanos una justicia completa desde la averiguación previa, tal como lo establece la Constitución.
El director general del Instituto Federal de Defensoría Pública explicó al relator de la ONU que esta institución realiza una función de carácter social como garante del Estado de Derecho, de ahí que actualmente se encuentre en un proceso de transformación.
Señaló que el IFDP es una institución de vanguardia, y prueba de ello es que algunos de sus defensores públicos llegan a tener más de cien casos en un año, lo que obliga a realizar un esfuerzo adicional para evitar que el exceso de asuntos disminuya la calidad en el servicio.
Precisó que tan sólo en el año 2000, el Instituto prestó el servicio de defensoría pública a 110 mil personas.
Al responder a Cumaraswamy en relación con la suficiencia de su presupuesto para cumplir con sus funciones, Esquinca Muñoa aseguró que éste es suficiente, incluso para cubrir necesidades no previsibles, como la incorporación de nuevos defensores públicos cuando se instala un nuevo juzgado o tribunal.
César Esquinca indicó que para garantizar un servicio de calidad, el Instituto desarrolla programas permanentes de supervisión, evaluación y capacitación para los defensores públicos y asesores jurídicos federales.
Se refirió también a los convenios que el IFDP ha firmado con diversas instituciones para beneficiar a desempleados, subempleados, indígenas, viudas, connacionales que regresan del extranjero, primodelincuentes, entre otros.
Por otra parte, y en respuesta a la inquietud del relator de la ONU, puntualizó que los defensores públicos sí pueden promover juicios de amparo cuando es necesario proteger garantías, “pero de una forma esencialmente ética, pues no se puede acudir al amparo como una simple táctica dilatoria”.
En su oportunidad, Dato’Param Cumaraswamy externó su preocupación por lo que consideró una disparidad entre los salarios de un defensor público federal, que asciende a casi 30 mil pesos mensuales, y un defensor de oficio local, que percibe entre 3 mil y 5 mil pesos al mes.
El titular del IFDP reconoció que existe esa disparidad en virtud de que a nivel federal, las cargas de trabajo son mayores, no obstante, dijo, la institución también realiza una labor para concientizar a los gobiernos locales de la gran importancia de apoyar el sistema de defensoría pública.
En el encuentro, el magistrado Esquinca Muñoa destacó la labor social que realiza el Instituto a su cargo y dio una explicación sobre los servicios que presta, especialmente en lo que se refiere a la defensoría pública y la asesoría jurídica.
Luego de esa exposición, Dato’Param Cumaraswamy elogió la función social que cumple el Instituto Federal de Defensoría Pública. “El Instituto está en mucho mejor forma que muchas instituciones legales de otros países, lo cual es alentador”, reconoció.
Durante la reunión, el director del IFDP informó que, hasta el momento, el Instituto cuenta con 467 defensores públicos federales y 103 asesores jurídicos, distribuidos en 160 ciudades y poblaciones de todo el país, para prestar sus servicios a las personas que carecen de recursos para contratar a un abogado.
Destacó que en el esfuerzo por acercar la justicia a todos los mexicanos, en especial a los de escasos recursos, el IFDP ha logrado contar con un defensor público federal en todas las agencias del Ministerio Público Federal, juzgados y tribunales colegiados de Circuito en el país.
Esquinca Muñoa consideró como un avance notable el hecho de que en todas las agencias del Ministerio Público Federal esté presente un defensor público federal, porque se garantiza a los ciudadanos una justicia completa desde la averiguación previa, tal como lo establece la Constitución.
El director general del Instituto Federal de Defensoría Pública explicó al relator de la ONU que esta institución realiza una función de carácter social como garante del Estado de Derecho, de ahí que actualmente se encuentre en un proceso de transformación.
Señaló que el IFDP es una institución de vanguardia, y prueba de ello es que algunos de sus defensores públicos llegan a tener más de cien casos en un año, lo que obliga a realizar un esfuerzo adicional para evitar que el exceso de asuntos disminuya la calidad en el servicio.
Precisó que tan sólo en el año 2000, el Instituto prestó el servicio de defensoría pública a 110 mil personas.
Al responder a Cumaraswamy en relación con la suficiencia de su presupuesto para cumplir con sus funciones, Esquinca Muñoa aseguró que éste es suficiente, incluso para cubrir necesidades no previsibles, como la incorporación de nuevos defensores públicos cuando se instala un nuevo juzgado o tribunal.
César Esquinca indicó que para garantizar un servicio de calidad, el Instituto desarrolla programas permanentes de supervisión, evaluación y capacitación para los defensores públicos y asesores jurídicos federales.
Se refirió también a los convenios que el IFDP ha firmado con diversas instituciones para beneficiar a desempleados, subempleados, indígenas, viudas, connacionales que regresan del extranjero, primodelincuentes, entre otros.
Por otra parte, y en respuesta a la inquietud del relator de la ONU, puntualizó que los defensores públicos sí pueden promover juicios de amparo cuando es necesario proteger garantías, “pero de una forma esencialmente ética, pues no se puede acudir al amparo como una simple táctica dilatoria”.
En su oportunidad, Dato’Param Cumaraswamy externó su preocupación por lo que consideró una disparidad entre los salarios de un defensor público federal, que asciende a casi 30 mil pesos mensuales, y un defensor de oficio local, que percibe entre 3 mil y 5 mil pesos al mes.
El titular del IFDP reconoció que existe esa disparidad en virtud de que a nivel federal, las cargas de trabajo son mayores, no obstante, dijo, la institución también realiza una labor para concientizar a los gobiernos locales de la gran importancia de apoyar el sistema de defensoría pública.